Corte acoge amparo a favor de niñas y niños mapuche que tienen graves secuelas traumáticas tras ser víctimas de desalojos

-El recurso está dirigido en favor de siete niños y niñas, cuyas edades fluctúan entre los seis meses y los nueve años y sus respectivos progenitores, los cuales fueron víctimas de la acción violenta de trabajadores de la Forestal Mininco y funcionarios de Carabineros.

Corte acoge amparo a favor de niñas y niños mapuche que tienen graves secuelas traumáticas tras ser víctimas de desalojos

Autor: Ana Mourás

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a favor de niños, niñas y adolescentes mapuche de la comunidad Rankilko, Mellaco bajo, ubicado en la comuna de Ercilla. Los cuales fueron brutalmente desalojados por trabajadores de la Forestal Mininco y funcionarios de Carabineros.

El desalojo, culminó con las viviendas completamente destruidas, además de provocar graves secuelas traumáticas en niños y niñas, de acuerdo a los informes proporcionados por el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

El recurso está dirigido en favor de siete niños y niñas, cuyas edades fluctúan entre los seis meses y los nueve años de edad y sus respectivos progenitores, quienes desde abril de 2015 viven en el predio “El Retiro 3”, ubicado en los faldeos del cerro Chiguahue.

Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Temuco, exigió a Carabineros “implementar en los procedimientos policiales un actuar con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose de afectar los derechos fundamentales de los menores amparados, y disponer de un procedimiento sumarial administrativo, en el que se investigue la eventual existencia de responsabilidades en relación al hecho”.

Finalmente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en 2015 ya presentó un informe ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas denunciando los actos de violencia que niños y niñas de comunidades mapuche han sufrido, ante lo cual el organismo internacional exigió al Estado de Chile “tomar medidas inmediatas para detener la violencia policial contra menores indígenas y sus familias. Además de investigar y procesar a los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos”.

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