La Corte de Apelaciones decidió revocar este lunes la medida de prisión preventiva que pesaba contra el empresario Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, reemplazándola por arresto domiciliario.
La medida cautelar modificará la prisión preventiva, luego de que previamente, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando lo condenara a seis años de prisión por dos casos de abuso sexual a menores, aunque la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins había pedido una pena total de 12 años de cárcel para el ingeniero agrónomo.
Además, este mismo tribunal absolvió al empresario de 72 años por otras dos acusaciones por los mismos ilícito.
Tras el dictamen del tribunal el empresario agrícola había sido enviado a prisión preventiva recién el viernes, a la espera de que su sentencia de seis años quedara ejecutoriada
De hecho, la modificación de la medida cautelar responde justamente a que la sentencia aún no está ejecutoriada, lo cual permite que la defensa de Eduardo Macaya pueda presentar recursos judiciales para intentar revertir la condena.
Por tal motivo, los abogados del empresario apelaron a la medida de prisión preventiva y lograron revertirla hasta que la sentencia quede ejecutoriada.
Cabe destacar que la decisión de la Corte de Apelaciones se dio pese a que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando alertó sobre un peligro de fuga y el peligro que significa Macaya a la seguridad de la sociedad.
De esta manera, el padre de Javier Macaya deberá cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario hasta que se resuelvan los posibles recursos y la sentencia quede firme.
Asimismo, quedará con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
El proceso contra Macaya
El caso del empresario ha causado conmoción en la opinión pública por tratarse de un caso de abuso sexual contra menores que son parte de entorno del imputado, quien justamente es padre de un senador y presidente de un partido político.
Cabe recordar que en junio de 2023, el ingeniero agrónomo fue detenido por delito de abuso sexual infantil. La investigación nació a raíz de una denuncia interpuesta por el padre de una niña de 12 años, quien habría sido abusada por Macaya en el fundo familiar Santa Elena, en la comuna de Placilla.
Durante los días posteriores, otras tres víctimas -también menores de 14 años- se sumaron a las acusaciones. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones y está encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins.
A pesar de que se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, Macaya solo alcanzó a estar un mes privado de libertad. En julio de 2023, la Corte de Apelaciones de Rancagua decidió cambiar su medida cautelar a arresto domiciliario total tras el pago de una caución de 150 millones de pesos.
Finalmente, a fines de junio de este año, días antes de comenzar el juicio oral, la magistrada Marcela Yáñez se descompensó y debió ser trasladada a Rancagua.
Tras esto, desde el Poder Judicial informaron que Yáñez se restaría del proceso debido a problemas médicos, por lo cual el veredicto fue emitido por solo dos magistrados: la jueza Marisol López Machuca y el magistrado José Ruiz Stanke.
Abogado querellante rechaza declaraciones de Javier Macaya
Cabe destacar que misma jornada, el abogado querellante Hernán Fernández rechazó las palabras del senador Javier Macaya, quien insistió en la inocencia de su padre.
«Está equivocado, hay varios videos, pruebas abundantes, múltiples, contundentes, que llevaron al veredicto. Decir que el video está editado es una afirmación irresponsable, tapar el sol con un dedo (…) no vamos a aceptar que pretenda juzgar a una víctima y negar los hechos», sostuvo.
«Siempre hemos sostenido que hay una causal para el peligro de la seguridad de la sociedad, porque ese fue el criterio que primó luego de conocerse la evidencia al principio de la investigación y eso no se ha modificado. Al contrario, se ha incrementado, por fundamentos legales, de prueba de los hechos, de conducta del condenado, la naturaleza de los delitos y eso no se resuelve con una caución de 150 millones», afirmó el jurista.
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