Corte Interamericana declara al Estado chileno responsable de violación de DDHH contra monja lesbiana

Como un «hecho histórico y sin precedentes» calificó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya declarado al Estado de Chile como «responsable» de la privación de realizar clases de religión desde 2007 que pesa sobre la docente Sandra Pavez, esto por el hecho de ser lesbiana.

La organización de la diversidad sexual dará a conocer todos los antecedentes del pronunciamiento de la CIDH este miércoles 25 de septiembre, única ocasión en la que la religiosa entregará públicamente su testimonio, debido al delicado estado de salud en el que se encuentra.

Historia del caso

De acuerdo a lo que detalla el Movilh, por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitiría seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la mujer le confirmara que era lesbiana, que mantenía una relación con otra mujer y que se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para supuestamente revertir su orientación sexual. El Movilh apunta que en repetidas ocasiones, incluidas las noches, los curas visitaron el domicilio de Pavez, pidiéndole que cambiara su orientación sexual «por respeto a su fallecida madre».

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento aún vigente y dictado en 1983 que «reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales» y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir cátedra.

Por tal razón, el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2018 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el mencionado Decreto 924.

De ahí la importancia para la agrupación de que once años después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a decir lo contrario, convirtiéndose Pavez en la primera mujer lesbiana en obtener un primer triunfo sobre la discriminación proveniente del Estado y de la Iglesia al mismo tiempo.