Corte Suprema confirma libertad condicional para criminal condenado en Caso Degollados

Este miércoles la Corte Suprema ratificó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que concedió el beneficio de la libertad condicional al interno del Penal Punta Peuco, Guillermo González Betancourt.

González Betancourt

El fallo de la Segunda Sala del máximo tribunal señala que «de acuerdo al artículo 2° del D.L. N° 321, todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración, ‘tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional'», siempre que cumplan determinados requisitos.

Estos son haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva, haber tenido «conducta intachable» en el lugar en donde éste cumple su condena, haber aprendido bien un oficio, y haber asistido «con regularidad y provecho» a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten. Junto con ello, está el requisito de haber cumplido 20 años de encarcelamiento, «todo lo cual está fuera de discusión en el presente caso», apunta la resolución.

El fallo plantea como antecedentes del «proceso de reinserción social del condenado» el otorgamiento previo de beneficios, como la salida dominical desde 2002, salida de fin de semana desde enero de 2003 y salida controlada al medio libre desde junio del mismo año. Estas acciones «constituyen etapas significativas en el proceso administrativo que conduce a la libertad condicional», añade el documento.

Caso Degollados

Guillermo González Betancourt fue miembro de la Dirección de Comunicación de Carabineros (DICOMCAR) y está involucrado en el llamado Caso Degollados. En el marco del juicio por este horroroso crimen fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros con homicidio de los profesionales miembros del Partido Comunista, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, y como autor de los secuestros de otras seis personas, hechos ocurridos en marzo de 1985.

Nattino fue secuestrado el día 28 de ese mes en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, mientras que Guerrero y Parada fueron raptados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano en avenida Los Leones. Un día después sus cuerpos fueron encontrados frente al fundo El Retiro, cerca del aeropuerto Pudahuel, degollados y con evidentes signos de tortura. 

«El Poder Judicial se olvida que fueron cómplices del terrorismo de Estado por 17 años»

En conversación con El Ciudadano, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señala que el fallo de la Corte Suprema es «un golpe a la lucha que hemos dado las agrupaciones de familiares de las víctimas por el avance de la verdad y la justicia». 

Lira califica el asesinato de Nattino, Guerrero y Parada como «uno de los crímenes más terribles que se cometieron en 17 años de dictadura cívico-militar», recordando que a los profesionales «se les secuestró, se les torturó por horas en recintos ocultos de Carabineros, se les arrojó como basura en la comuna de Quilicura y se les degolló vivos». 

Alicia Lira

Frente a esto -agrega- «escuchar que a un responsable de crímenes de lesa humanidad se le haya dado un beneficio carcelario como la libertad condicional, violenta todos los años que llevamos para poder saber la verdad y para que se haga justicia y se condene a los criminales».

En este contexto, la presidenta de la AFEP recordó las últimas intervenciones del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien se mostró partidario de otorgar la libertad condicional a condenados por violaciones a los derechos humanos.

«Nos violenta esta actitud que está manteniendo en los fallos y en sus palabras el presidente de la Corte Suprema, que demuestran una obsecuencia y que el Poder Judicial se olvida que fueron cómplices del terrorismo de Estado por 17 años», declara Lira. «Se dedican a dar beneficios y a victimizar a los victimarios sin pensar en los familiares y en el daño moral y psicológico que dejan cada uno de ellos, incluso en la sociedad», añade.

Junto con ello, advierte que esto podría ser un precedente para quienes están en lista de espera para acceder igualmente a este beneficio, entre los que se cuenta a criminales como Miguel Krassnoff Martchenco y a Miguel Estay Reyno, alias «El Fanta». «La señal que están mandando de más impunidad es realmente dramática, no solo para los familiares de las víctimas, sino que para la sociedad en general», apunta Lira, y agrega: «Hay que recordarle a Dolmestch y a los jueces que votaron por este beneficio que no hay ningún victimario que se haya arrepentido o que haya aportado a las causas».

La presidenta de la AFEP añade, por último, que están evaluando mecanismos internacionales para enfrentar estos cuestionados fallos.

Daniel Labbé Yáñez