El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y el ministro del máximo tribunal, Leopoldo Llanos, asistieron el jueves 10 de agosto a una sesión de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional, presidida por el ultraderechista republicano Antonio Barchiesi.
En la ocasión, se analizaron las enmiendas presentadas por los consejeros en aquellas normas de interés para el Poder Judicial, siendo las del Partido Republicano las más cuestionadas por la Corte Suprema.
Primeramente, el presidente del máximo tribunal señaló que «la discusión de un texto constitucional es un asunto del mayor interés para el país. Es la Constitución la norma suprema que regula, distribuye y organiza al poder público, sentando los pilares esenciales para una democracia moderna, en la cual la función jurisdiccional y el gobierno judicial son aspectos centrales».
Además, recordó que «este debate constitucional se presenta, justamente, estando ad portas de conmemorar los 200 años de la Corte Suprema. Por lo mismo, la regulación constitucional que se acuerde debe tener como inspiración el establecimiento de bases judiciales sólidas, que permitan a jueces y juezas ejercer la función jurisdiccional de manera autónoma, independiente, moderna y cercana».
Seguidamente, el ministro Leopoldo Llanos explicó los reparos que existen sobre algunas de las enmiendas ingresadas al anteproyecto de la Comisión Experta, por parte de la ultraderecha encabezada por José Antonio Kast.
Primero, se cuestionaron las indicaciones que buscan la creación de un «tribunal especial de jurisdicción y competencia nacional para juzgar ciertos delitos», como crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
Esta iniciativa, dijo el ministro Llanos, «además de parecer que excede a una regulación genuinamente constitucional, podría terminar generando, por su carácter nacional y amplio de competencias, un verdadero Poder Judicial paralelo».
«La propuesta rompe con el principio de Estado unitario, con la unidad de jurisdicción y con la división territorial acorde a la división política y administrativa del país», agregó Llanos.
Seguidamente, se cuestionó las enmiendas que dan rango «infraconstitucional» a los tratados internacionales de Derechos Humanos y prohíben expresamente la utilización de instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para Chile.
«Estas enmiendas rompen con la estructura del derecho internacional público, en cuanto supeditan los tratados internacionales al derecho interno, siendo que la regla opera justamente en sentido contrario, es decir, es deber de los Estados ajustar su derecho interno a las obligaciones internacionales emanadas de estas convenciones internacionales», explicó el ministro Llanos.
Finalmente, se criticó la enmienda que pretende que los condenados mayores de 75 años cumplan sus penas de cárcel en sus casas.
«Tal disposición es necesario que se compatibilice con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, del cual Chile es parte, en cuanto dicho tratado, en su artículo 110, establece que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la corte», subrayó Llanos.
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