Corte Suprema obliga al fisco a pagar $90 millones a sobreviviente de la dictadura

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $90.000.000 por concepto de daño moral, a Gabriel Humberto Rojas Espinoza, quien fue víctima de detención ilegal y torturas en la Región del Biobío durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Rojas fue detenido el 21 de noviembre de 1973, en su lugar de trabajo, y sometido a interrogatorios bajo torturas por efectivos de Carabineros y del Ejército en unidades de Coronel y Concepción. Tras pasar por el Estadio Regional fue finalmente ingresado a la cárcel de Concepción, desde donde fue puesto en libertad el 5 de mayo de 1974.

En fallo unánime (causa rol 167.278-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Carolina Catepillán, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada– rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que elevó el monto indemnizatorio fijado en primera instancia.

Sobre el monto monto indemnizatorio el fallo planteó la necesidad tener presente que se trata de una «víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que estuvo privada de libertad durante más de cinco meses –166 días– sin saber en qué momento podía ser asesinado».

«Durante su cautiverio nació la tercera de sus hijas. Por otra parte, según lo informado por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, don Gabriel Rojas, quien al momento de su detención tenía 28 años de edad, presenta sintomatología característica de duelo cronificado», señaló.

De hecho, los testigos que concurrieron a estrados manifestaron que luego de su detención, «se volvió una persona retraída y que tiene pesadillas, siente temor y angustia’» .

De acuerdo con el máximo tribunal, la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, «comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto».

Tras evaluar los antecedentes de caso, la Suprema resolvió “que se rechaza el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo deducidos por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción”.

Ver fallo de la Corte Suprema