La Corte Suprema en Pleno renovó este martes, por seis meses más, la dedicación exclusiva a la ministra Romy Rutherford para que continúe las investigaciones en el caso denominado «Fraude en el Ejército».
La decisión del máximo tribunal del país establece, entonces, el relevo de la jueza de integrar la Sala y el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, así como la Corte Marcial, refiere BioBio Chile.
Con este hecho, además, la ministra tendrá exclusividad hasta agosto para seguir investigando el denominado Milicogate, donde están procesados prácticamente todos los excomandantes en jefe del Ejército.
En este caso, se encuentra el excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer, quien fue sometido a proceso como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar por el uso de gastos reservados de la institución.
La magistrada responsabilizó, en esta etapa procesal, al general en retiro por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total $ 6.374.996.162 (seis mil trescientos setenta y cuatro millones novecientos noventa y seis mil ciento sesenta y dos pesos), actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010.
Rutherford ordenó además embargo de bienes por un monto total de $ 6.500.000.000 (seis mil quinientos millones de pesos y dispuso el ingreso a prisión preventiva en el Batallón de Policia Militar de Peñalolén del procesado.
Al respecto, el abogado de Izurieta, Alejandro Godoy, sostuvo que este auto de procesamiento es la primera resolución que se les notifica como defensa en esta causa.
“Vamos a estudiar el auto de procesamiento para luego seguir los pasos necesarios durante el proceso, a fin de demostrar la inocencia del señor Izurieta”, adelantó, citado por BioBio.
Se espera que durante esta jornada se apele la prisión preventiva del excomandante en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
“Tenemos la clara convicción que obró siempre de buena fe, que nunca se apropió de dineros del Estado, y que actuó en el marco de sus funciones”, concluyó Godoy.
Con la decisión de la ministra, Izturieta se suma a otros excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, también han procesados por el mismo delito, en esta misma arista de la investigación que lleva Rutherford y que ha sido bautizada popularmente como “Milicogate”.
Entre las aristas involucradas en el Milicogate, están los viajes irregulares y servicios inexistentes, que tendrían su origen en el desvío de dineros desde la Ley Reservada del Cobre, entre los años 2010 y 2014.
La causa tiene actualmente 54 procesados.
El abogado del excomandante Fuente- Alba, Miguel Cháves, también fue consultado por la decisión de la Corte Suprema, y aseveró que es una decisión «casi irrelevante» y apuntó a que existe una vulneración de las garantías de su defendido.
“En mi opinión, que un ciudadano chileno esté sometido a la juridicción militar es vulneratorio de los derechos fundamentales de todo ciudadano”, indicó, citado por BioBio.