Crimen de Víctor Jara: familia preocupada por lentitud de la investigación

Ante la presidenta del Instituto de Derechos Humanos, la familia del cantautor manifestó su preocupación por el poco avance que la investigación sobre su muerte ha tenido, apuntando directamente al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Joan Jara, viuda del cantautor Víctor Jara, se manifiesta preocupada tras la decisión del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior –liderado por la ex fiscal Rossy Lamas– de no insistir en la apelación ante la Corte para buscar los culpables de la muerte del cantautor. Esta y otras decisiones del Ejecutivo han dado origen a fuertes críticas al Gobierno por instalar una política de impunidad, según la visión de los familiares de las  víctimas de violaciones a derechos humanos.

Las declaraciones las hizo Joan este jueves 14 de abril cuando llegó hasta las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acompañada por sus hijas, para entrevistarse con la presidenta del Instituto, Lorena Fríes, y manifestarle su preocupación por la falta de avance en la investigación sobre la muerte del cantante.

Lorena Fríes, presidenta del INDH, expresó su interés por este caso y señaló que “el Instituto ha escuchado (la demanda de la familia Jara), la ha acogido, y va a contribuir en aquello que pueda a avanzar en el proceso que hay contra aquellos que resulten responsables del homicidio de Víctor Jara”.

Según Fríes, la familia pidió que el Instituto se haga presente “para promover la necesidad de avanzar en materia de justicia” y manifestó su compromiso de hablar con Rossy Lamas “para ver si hay algún nivel de dilación o no respecto de esta causa, y mantenerlos informado (a la familia) de lo que vamos averiguando”.

DUDAS SOBRE EL GOBIERNO

Si bien, en el Instituto de Derechos Humanos afirman que en el Gobierno, los programas de derechos humanos existen, de todas formas se aclaró que persisten algunas preocupaciones al respecto. No obstante, Fríes indicó que se han observado algunos avances, como en materia de las 726 querellas por ejecutados políticos.

Al respecto, la presidenta del organismo señaló que “existe un compromiso de Rossy Lamas de avanzar en las querellas, requerimientos que les fueron presentadas por la Fiscal Judicial al ministro Carroza”.

En cuanto a la decisión de no apelar ante la Justicia por buscar a los asesinos de Víctor Jara por parte del Gobierno, Lorena Fríes, consideró que esta decisión “no tuvo intención, sino que más bien, hubo una estrategia jurídica que está dentro de lo que los abogados han aceptado”, descartando críticas a esa decisión.

IMPUNIDAD

Sin embargo, para los defensores de los derechos humanos existe una política de impunidad que se ha venido desarrollando en el programa que no sólo existiría respecto al caso Víctor Jara, sino en otros. Para ellos, las querellas que realizaron diversos abogados y que han sido retenidas en la oficina del Subsecretario o del Ministro del Interior, serían una prueba palpable de esa política.

Por su parte, se acusa al Gobierno de tener una actitud conciliadora con los violadores de derechos humanos, así como una lentitud al momento de presentar los casos ante la justicia.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano