Crimen organizado y migración: ¿Qué puede hacer Chile?

Las redes del crimen organizado operan en distintos países de Latinoamérica y el Caribe se han logrado convertir en organizaciones transnacionales con presencia permanente de células delictivas que operan activamente en toda la región y que tienen influencia desde la Patagonia suramericana hasta el corazón de los EE.UU.

Estos grupos delictivos han aprovechado durante los últimos años el masivo flujo migratorio que de manera irregular y descontrolada se ha dado en distintos países de la región afectados por la pobreza, desigualdad, crisis económica, inseguridad y deterioro de la calidad de vida.

De esa manera, las bandas criminales han abierto una red de caminos ilegales que utilizan como negocio para habilitar el flujo de migrantes ante la falta de presencia y coordinación de los Gobiernos nacionales, regionales y locales. Con ello han logrado abrir espacios fronterizos que comunican de manera fluida al Norte y el Sur del continente, mientras echan raíz en los distintos países donde logran instalarse.

Además, la ola migratoria, que por un lado busca llegar a EE.UU. y también tiene un importante flujo hacia países suramericanos, es aprovechado por el crimen organizado como una oportunidad de expandirse fuera de sus países para instalarse en otros y conseguir mayor lucro, influencia y permanencia.

La expansión de los grupos delictivos

No se trata de un solo grupo delictivo sino de distintas organizaciones criminales que han logrado abrir sus fronteras. Carteles del narcotráfico mexicano como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros, han logrado instalarse en Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador, país que en las últimas semanas ha visto como el índice de criminalidad en las provincias costeras del pacífico ha aumentado de manera alarmante, sobre todo en regiones fronterizas colombianas y peruanas.

Además, la situación de inseguridad se extiende hasta las prisiones, que son utilizadas por el crimen como centros de operaciones. Todo esto ha provocado que en Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso decrete estados de excepción en distintas regiones para intentar batallar contra la criminalidad, pero los resultados parecen no ir más allá de detenciones e incautaciones, es decir, no van a la raíz del problema.

La misma situación se repite con organizaciones criminales que actúan dentro de Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, entre otros países. De Colombia, por ejemplo, grupos delictivos como el Clan del Golfo, Los Urabeños, Los Rastrojos, entre otros, se han expandido hacia Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela.

En el llamado «Triángulo Norte» centroamericano, que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras, operan las Maras Salvatruchas, también conocidas como la MS-13, que tiene células activas en Centroamérica y EE.UU.

Mientras tanto, en Venezuela aparece una de las organizaciones delictivas creada hace pocos años y que es conocida como ‘El Tren de Aragua’, un grupo criminal que a pesar de su corta trayectoria ha logrado expandirse a todo el continente, incluyendo EE.UU. y la Región de los Lagos en Chile, a través de células que han utilizado el flujo migratorio para llegar a rincones que podrían resultar inhóspitos e impensables para una banda delictiva que nació dentro de un centro carcelario en una región del centro venezolano.

Vulnerabilidad de migrantes favorece al crimen

Jeremy McDermott, fundador y codirector de InSight Crime, un think thank con sede en Medellín, Colombia y Washington, que estudia el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, explicó recientemente, durante la 12º Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC) realizada en Viena, Austria, que las bandas delictivas se aprovechan de las vulnerabilidades de los migrantes para enviar criminales, reclutarlos y además contrabandear y cometer delitos.

De esa manera, McDermott explicó que la relación entre el crimen organizado y la migración en Latinoamérica y el Caribe se da con base en distintas situaciones que pueden atender los gobiernos, como son la falta de políticas unificadas para llevar un control seguro de la migración, la debida identificación de las personas que se movilizan y sobre todo ofrecer garantías a indocumentados y migrantes que se mueven por la región.

En ese sentido, critica que en la región por ejemplo se castiga a los indocumentados y no se les da debida atención para garantizar sus plenos derechos en los países a los que llegan. Esa realidad es aprovechada por los grupos delictivos para captar nuevos integrantes de sus organizaciones, que ante la desesperación y vulnerabilidad de las personas, les ofrecen sueldos a cambio de instalar células delictivas para realizar crímenes como extorsión, que les da un sostenimiento seguro a las bandas, y que luego transcienden a secuestros, amenazas de muerte, asesinatos, abusos sexuales, redes de prostitución, entre otra diversidad de delitos, que pueden llegar incluso hasta dentro del Estado, donde se relacionan con funcionarios policiales, de migración e identificación, una garantía de impunidad y permanencia.

Por ejemplo, dice McDermott, estos grupos prefieren captar a personas de sus mismas nacionalidades, porque les garantiza tener dominio sobre los reclutados, muchos de ellos obligados a trabajar bajo amenaza de muerte contra sus familiares. Además, los códigos entre los integrantes de una misma organización delictiva les da cierta garantía para mantener células activas con presencia permanente en otros países, y uno de los mejores ejemplos los tiene la Mara Salvatrucha, la mafia italiana, entre otros grupos delictivos que se dedican al narcotráfico, la trata de personas, redes de prostitución, contrabando de mercancías ilegales, minería ilegal, entre otras.

La influencia de los grupos delictivos como el Tren de Aragua, Los Urabenos y el Clan del Golfo en Suramérica, por ejemplo, ha logrado que en el llamado «Tapón del Darién», una zona boscosa de difícil acceso, con montañas empinadas que sobrepasan los 2.000 metros de altura, y un clima sumamente adverso, se convierta en una zona para tránsito de migrantes donde hace una década solamente llegaron a pasar unas 100.000 personas y en el último mes ya lo han cruzado unas 50.000 y más de 200.000 en lo que va de 2022, por la apertura de trochas y caminos controlados por la criminalidad, y donde los migrantes se exponen a sufrir abusos sexuales, robos y otros tipos de violaciones a su integridad.

En ese punto que une a Suramérica con Centroamérica, el crimen organizado logró instalar un negocio para el tráfico de personas, que genera grandes dividendos a los grupos delictivos, al punto de instalar dentro de la inmensa selva tropical, puntos de descanso para los migrantes, redes de motorizados que trasladas a los viajeros, y caminos menos difíciles para transitar. Incluso ofrecen paquetes para las personas con más dinero puedan hacer la travesía sin tanta dificultad y en mejores condiciones.

Aumento de la violencia y el crimen

La situación ha generado un aumento de la criminalidad en toda la región, incluso en países donde hace unos años atrás la sensación de seguridad de los ciudadanos al transitar en las calles era alta. Ningún país de la región ha dejado de ser impactado tanto por el flujo de migrantes como por el aumento sustancial de los delitos.

Además muestra un aumento de la criminalidad en países donde antes no habían cifras altas de delincuencia y mucho menos de violencia letal. Sin embargo, más allá de apuntar contra el migrante, se debe mirar a los autoridades y gobiernos que no garantizan el bienestar de las personas que llegan buscando una mejor calidad de vida, pues al no darles garantías básicas como la documentación, se limitan sus opciones para trabajar y en consecuencia de sobrevivir en un nuevo país.

Esta vulnerabilidad es aprovechada por la delincuencia organizada para captar personas indocumentadas, muchas de ellas víctimas de xenofobia, que llegan al punto de tomar la decisión de entrar en el mundo delictivo para sobrevivir, debido a que es la única alternativa que tienen en medio de un panorama totalmente adverso y de indigencia.

Por ejemplo, en el caso venezolano, que según cifras de la ONU contabiliza más de 6 millones de migrantes que han salido de su país por diversas circunstancias como inseguridad, crisis económica y política, tiene un comportamiento particular y es que la mayoría de personas que se han ido al extranjero, se han instalado en países suramericanos como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina, en su mayoría.

En ese mismo orden la influencia del Tren de Aragua se ha extendido en esos países y han colocado centros de operaciones y reclutamiento. Chile y Perú han sido uno de los más afectados por presencia del grupo criminal, que cuenta con más de 2.700 integrantes, sobre todo por el aumento de las cifras de violencia criminal, como homicidios, sicariatos, secuestros y extorsión.

Crisis de seguridad en Chile

En el caso puntual de Chile, donde durante el primer semestre de 2022, las cifras de homicidios se dispararon en 28,7% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 413, según cifras de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), lo que ha provocado que el país se vea envuelto en lo que ya es catalogado como la peor crisis de seguridad vivida en tres décadas, que además provoca el temor generalizado en la población.

Así, la violencia en aumento en Chile, aunque sus índices sigan por detrás de otros países latinoamericanos, ha pasado en los últimos dos años a ser la principal preocupación ciudadana, al punto de llegar que las personas tengan que cambiar sus rutinas de vida para evitar ser víctimas de la delincuencia.

La crisis no solo afecta al ciudadano común, víctima de robos, hurtos, asesinatos, extorsiones, secuestros exprés, sino incluso a los delincuentes chilenos que han visto como dentro de las cárceles han cambiado las dinámicas de vida y de seguridad, debido a que la entrada de criminales de alta peligrosidad que son detenidos por las autoridades y pertenecientes al Tren de Aragua imponen su ley en las prisiones, al igual como sucede en Perú, Ecuador y otros países.

Otro elemento es que la crisis de seguridad ha visto incrementar los tipos de delitos y a su vez la violencia en la criminalidad. Cabezas cortadas colocadas en sitios públicos, cuerpos descuartizados abandonados en bolsas o en basuras, asesinatos grabados en videos y enviados a comerciantes extorsionados para que paguen lo que exige el crimen organizado a cambio de no hacerles nada, amenazas de muerte, entre otras acciones, han aumentado la sensación de inseguridad en el país, provocando también que chilenos decidan emigrar o desplazarse a otras ciudades.

La situación que se agravó durante el gobierno de Sebastián Piñera que cortó las relaciones con Venezuela, país con que el que se pudo plantear en su momento una política de seguridad bilateral y de documentación para revisar antecedentes penales de los migrantes y practicar incluso extradiciones de forma regular, ahora parece sobrepasar a la administración de Gabriel Boric, que aún no termina de dar el paso de acercarse a Caracas para entablar una salida democrática a las relaciones diplomáticas que servirían para atender la emergencia de seguridad.

Prioridad: Restablecer relaciones con Venezuela

Sobre este punto, el exsenador del Biobío, Alejandro Navarro, ha pedido a Boric que se acerque a Venezuela para establecer una cooperación conjunta con el Gobierno de Nicolás Maduro, para que se pueda atender la situación con la urgencia que requiere, sobre todo porque los tentáculos del Tren de Aragua ya llegan hasta la Región de Los Lagos, incluyendo una ciudad clave como Puerto Montt.

«Esta situación obliga al Gobierno de Chile a restablecer relaciones Diplomáticas formales con Venezuela.
A fin de impulsar el trabajo y cooperación conjunta de las policías de ambos países de manera urgente. No hacerlo es brindar ventaja a la delincuencia», señaló el experimentado exsenador Navarro, en un claro llamado a tender puentes entre Boric y Maduro, quien recientemente ha sostenido encuentros hasta hace poco impensables, como el que sostuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la COP 27.

Y es que la situación de seguridad regional requiere toma de decisiones y empatía entre los gobiernos regionales. El mejor ejemplo ha sido el acercamiento y renovación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, donde los presidentes Gustavo Petro y Maduro han restablecido los lazos y han abierto la frontera binacional que estuvo cerrada durante siete años y se han dispuesto atacar las bandas criminales que operan en la frontera, entre ellas el Tren de Aragua, que a lo interno de Venezuela también genera violencia y criminalidad, sobre todo ante la creciente dinámica económica que vive el país tras dejar atrás el proceso hiperinflacionario y generarse una dolarización de facto.

El impacto de estas organizaciones criminales afecta incluso a países caribeños como Trinidad y Tobado, República Dominicana, entre otros. Por eso, el director de InSight Crime alerta que la situación en Suramérica requiere de la cooperación regional de los Gobiernos, porque las rutas que controla el Tren de Aragua cruzan todo el continente y su influencia impacta en gran proporción a los países de la Cordillera Andina, debido a que los delincuentes se mueven de ida y vuelta entre todos los países de la región y se aprovechan de la corrupción que permea a las instituciones públicas, cuerpos de seguridad estatales, gobiernos locales y regionales.

¿Se puede solucionar?

Para McDermott es posible solucionar el problema de inseguridad regional si los gobiernos atienden directamente el tema migratorio y dan garantías a los migrantes, pues esto haría caer inmediatamente el negocio que crearon las bandas delictivas en torno a la migración.

Para ello los Gobiernos deben establecer programas sociales, velar por el desarrollo económico, la generación de empleo y crecimiento, que permitan ofrecer a los migrantes posibilidades de vida digna y legal a donde lleguen.

El mejor caso, dijo, es el de Venezuela y Colombia con la apertura de fronteras después de siete años. «Eso debilitó inmediatamente al crimen organizado y es una buena noticia», dijo, porque desmonta las rutas ilegales que utilizaban las personas y pagaban a la criminalidad para pasar por trochas controladas por ellos.

En cuanto a la documentación, McDermott señala que si los gobiernos dan garantías a los migrantes y documentación, las personas se sentirías seguras de movilizarse y además podrían denunciar irregularidades y delitos que comete el crimen organizado en la región, lo que ayudaría a que la fuerza pública pueda abordarlos, capturarlos y desarticular sus redes de influencia.

La colaboración de los gobiernos, dijo, evitaría situaciones como la trata de personas, que las policías de la región manejen una data centralizada con los delincuentes buscados y datos de antecedentes penales verificables. Además la documentación de los migrantes permitiría certificar datos precisos de entrada y salida, y tiempo de residencia en cada país.

Ir contra el crimen y la decisión de Boric

En el caso de Chile pareciera que el asunto además de transcender el impacto en la ciudadanía apunta también a una movida estratégica y política que debe hacer con urgencia el Gobierno de Boric. Hablar con Maduro, puede convertirse en un paso al frente que demuestre su voluntad democrática, de creer en las instituciones y de abonar el camino a una verdadera integración regional más allá de las simpatías políticas.

Restablecer las relaciones con Venezuela, como ya lo han hecho Petro, Macron, y otros mandatarios regionales que hasta hace poco habían roto relaciones con Caracas, podría ser el paso para que el mandatario chileno se emancipe con una nueva voz que apuesta a profundizar la democracia en la región, disminuir las desigualdades, la pobreza y mejorar la calidad de vida.

En ese sentido, también la lucha contra el crimen transnacional debe enfocarse, como lo han dicho Petro y el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en cambiar la estrategia fracasada de la lucha antidrogas e ir por los verdaderos jefes del narcotráfico internacional de manera conjunta, con cooperación entre los Estados. Además, la decisión de Boric ayudaría a no poner en riesgo el programa de Visa Waiver con EE.UU. que actualmente tiene Chile para viajes de negocios, turismo y tránsito en pasaportes electrónicos.

Un vivo ejemplo es el logrado recientemente por varios países de la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos, que a través de la Europol, lograron desarticular el llamado «supercártel» de la cocaína que actuaba como una organización internacional. De hecho, ya varios gobiernos regionales han establecido convenios de cooperación entre Europa y Latinoamérica para atacar el flajelo.

En ese sentido, cobra mayor importancia que Boric se acerque a su homólogo Nicolás Maduro, porque de lo contrario podría quedarse rezagado en la agenda regional, sobre todo ante la inminente llegada de Lula a la Presidencia de Brasil y los acercamientos que hasta EE.UU. y la Unión Europea tienen con el mandatario venezolano, e incluso el propio mandatario argentino, Alberto Fernández, quien también proclama y defiende un acercamiento más próspero entre los liderazgos regionales.

Un paso del presidente chileno lo podría convertir en un ejemplo de institucionalidad y civismo, dejar atrás las diferencias heredadas por las acciones que impuso la antigua administración de Piñera, y abrir nuevos horizontes e incluso potenciales convenios económicos con Venezuela, que está abierta a la inversión internacional, la integración latinoamericana y el resurgimiento de una nueva Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

¿Boric estará dispuesto a hacerlo?

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