¿Cuáles son las demandas de los mineros en Colombia?

Tras 32 días de paro, los mineros colombianos de los municipios de Segovia y Remedios del departamento de Antioquia denuncian que sus demandas no han sido escuchadas y que el Estado mantiene la represión y criminalización de la protesta minera desde el pasado 21 de julio, cuando se inició el paro minero indefinido en esta región de Colombia.

De acuerdo a un comunicado de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, y la Mesa Minera de Segovia y Remedios, entre las razones por las cuales se mantienen en paro se encuentran la imposición de un contrato de operación injusto, un proyecto de ley que busca erradicar a los mineros ancestrales y la falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los entables y comerciantes de oro.

Reclaman además su derecho a explotar el mineral precioso que les ha dado el sustento por décadas, incluso por siglos,y que ahora el Gobierno colombiano pretende entregar, a través de licencias, a las compañías extranjeras, señalaron, añadiendo que exigen también la firma de contratos justos entre pequeños mineros y las grandes empresas extranjeras.

La acción gubernamental que agudizó el conflicto fue la emisión del decreto 1102 que establece además del control de las ventas, la clasificación de las actividades mineras, en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande, facultando al Gobierno nacional para definirla y establecer sus requisitos.

Así, lo que comenzó como una manifestación pacífica se volvió a inicios del mes de agosto en enfrentamientos violentos con la intervención de las fuerzas públicas, en las manifestaciones pacíficas de los mineros, quienes consideran que se vive un contexto de violación de los derechos humanos debido a las represiones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.

En el comunicado emitido, justamente, se informa a la comunidad nacional e internacional sobre los abusos y extralimitaciones cometidos por parte de las fuerzas del orden público, parte de la ESMAD, que desde su llegada por órdenes directas de la Gobernación de Antioquia. Por su parte la organización Cahucopana elaboró un informe en el que denuncia las represiones en las protestas y dan a conocer a la comunidad nacional e internacional el contexto local actual que se vive en estos dos municipios, junto con algunos ítems que denotan la criminalización a las manifestaciones y hechos que se fundamentan como violaciones a los derechos humanos.

Entre los casos de violación de derechos humanos que ha detectado la comisión de Derechos Humanos instalada en Segovia se encuentran la muerte del joven Hernán Tobón Meneses, a quien dos hombres armados no identificados le dispararon, y el ataque con gases lacrimógenos por parte de agentes de la ESMAD al Campamento de Refugio Humanitario, hecho que afectó a la comunidad indígena y campesina, entre ellos a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.