Cuatro dirigentes asháninkas son asesinados por madereros ilegales

Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, dirigentes asháninkas, pertenecientes a la comunidad Alto Tamaya-Saweto, distrito de Masisea (frontera con Brasil) en Ucayali, fueron asesinados con armas de fuego, por madereros ilegales. Los madereros vienen realizando  actividades ilícitas en tierras de la comunidad. Según el presidente de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas de Masisea y Callería (Aconamac), Reyder Sebastián Quinticuari, los asesinatos ocurrieron el 1 de setiembre, pero debido a la lejanía y falta de comunicación estos hechos recién se dieron a conocer este fin de semana.

Según el “Observatorio Dinámicas Transfronterisas Brasil – Acre, Perú – Madre de Dios y Ucayali” el mismo día que ocurrió el trágico suceso ellos participaron en una reunión con líderes de Brasil. Esta tuvo como propósito dar continuidad a las estrategias de vigilancia y monitoreo que han sido impulsadas por su comunidad y que se desarrollan en la frontera. Se busca continuar con esas medidas ya que la inseguridad para las comunidades indígenas de esa región se ha agravado debido a la presencia de narcotraficantes y madereros ilegales.

Cabe señalar que uno de los fallecidos es el jefe de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, Edwin Chota, quien fue reconocido por su incansable lucha contra la tala indiscriminada. Según Gaceta Ucayalina, portal de noticias de la región Ucayali, Edwin Chota había presentado constantemente denuncias ante autoridades forestales de Pucallpa, en contra de los madereros ilegales. Es decir, las autoridades estatales tuvieron conocimiento sobre las amenazas contra  su vida, miembros de su familia y toda la comunidad; sin embargo, las denuncias nunca tuvieron una respuesta.

Todos tenemos derecho a vivir de manera segura y tranquila y el Estado tiene la obligación de salvaguardar la vida de las personas, así como de investigar las denuncias y sancionar a los responsables. Se espera que estos lamentables sucesos sirvan para que las autoridades estatales actúen de manera rápida y efectiva, sobre todo en contextos de actividades ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal, donde la vida de las personas que denuncian está expuesta a una serie de atentados. Además, el Estado debe impulsar procesos de vigilancia participativa con las comunidades, la Policía Nacional y la Marina de Guerra.

Fuente: Kaosenlared.net