Cúpula de Carabineros imputada: la falta de control sobre la represión durante el estallido social queda en evidencia

Cinco años después del estallido social, la cúpula de Carabineros se enfrenta a un proceso de imputación por las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de la ciudadanía que salió a las calles de nuestro país para exigir reivindicaciones sociales.

El pasado martes 1° de octubre, se dio inicio a la formalización del hasta hace poco general director de Carabineros Ricardo Yáñez, que en 2019 lideraba la Dirección de Orden y Seguridad, así como contra Mario Rozas, quien encabezaba la institución en ese momento, y el ex subdirector Diego Olate.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, los responsabiliza de cometer el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, por hechos ocurridos los años 2019 y 2020 en contra de civiles.

De acuerdo a la ley, la conducta omisiva tiene la misma pena que la activa, y dependiendo de la cantidad de casos imputados puede llegar a presidio perpetuo simple, es decir, un mínimo de 20 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario.

En un principio estaba previsto que Rozas, Olate y Yáñez, enfrentarían cargos por 1.386 casos, la fiscal Chong decidió enfocarse en 229, donde las víctimas resultaron heridas con armas antidisturbios como escopetas y lanza gases que provocaron lesiones graves o muertes.

Para cada caso, la persecutora mencionó el nombre del afectado, el lugar, la hora, contexto en que fue atacado y daño provocado; y destacó elementos tales como: si se trató de disparos directos, a la parte superior de los cuerpos de los manifestantes y/o sin resguardar distancias.

Asimismo, recalcó que los carabineros implicados en estos casos abusaron de su cargo y actuaron al margen de las reglas de uso de la fuerza.

Ante la extensión y complejidad de estos hechos, se estima que la formalización durará aproximadamente un mes.

En cada caso, la Fiscalía buscará probar que los tres imputados estaban en conocimiento de que se cometió el delito por parte de un sujeto activo, y teniendo la autoridad y estando en posición para hacerlo, no hicieron nada para cesar la aplicación de los apremios.

Tras dos jornadas, el tribunal decidió suspender la formalización hasta el próximo lunes 14 de octubre.

Formalización de la cúpula y crisis en Carabineros

La formalización de Rozas, Olate y Yáñez se dan el el marco de la crisis que ha experimentado Carabineros en los últimos seis años, la cual ha estado marcada por la salida de varios directores generales, vinculados en causas judiciales.

Tanto Rozas como Olate no pudieron completar sus períodos en la institución, fueron llamados a retiro y sólo siguió Yáñez tras ser nombrado por el Presidente Sebastián Piñera como general director. Tras conocerse la intención de la fiscalía de formalizarlo, se desató una crisis en el Gobierno por su permanencia, hasta que se impuso el criterio Tohá, que establece que cualquier funcionario público formalizado debe renunciar a su cargo previamente, por lo que Yáñez no podía llegar al tribunal como general director en funciones.

Al agotarse los plazos y las acciones judiciales presentadas por su defensa, Ricardo Yáñez renunció el pasado viernes 27 de septiembre como general director después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el último recurso para impedir su formalización.

Un día antes de que iniciara su formalización, entregó el mando al nuevo general director Marcelo Araya.

La causa contra los exgenerales de Carabineros se abrió en 2019, y la investigación se inició tras una querella del centro de memoria Londres 38, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, el activista Luis Mariano Rendón y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Los integrantes de la cúpula de Carabineros son señalados de comenter delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, por hechos ocurridos los años 2019 y 2020 en contra de civiles, quienes resultaron heridas con armas antidisturbios como escopetas y lanza gases que les provocaron lesiones graves o incluso la muerte.

Gustavo Gatica y Fabiola Campillai: Víctimas de la violencia de Carabineros

Uno de los casos más emblemáticos expuesto por Fiscalía fue el de Gustavo Gatica. El 8 de noviembre de 2019, el joven de 21 años -que por entonces cursaba su tercer año de Psicología- resultó herido por balines disparados por carabineros mientras tomaba fotografías en las manifestaciones.

El excarabinero Claudio Crespo, es señalado cono el autor de los disparos que hirieron gravemente a Gaica en el rostro dejándolo ciego

Según el texto acusatorio presentado por el fiscal Francisco Ledezma, entre los manifestantes y los efectivos de Carabineros había “una distancia tal que impedía que, en ese momento, objetos contundentes o de otro tipo que pudieran ser lanzados hacia donde se encontraba el personal policial, pudieran poner en riesgo serio su integridad física”.

Sin embargo, Crespo hizo uso del arma que portaba, una escopeta marca Hatsan, modelo Escort y que contenía cartuchos calibre 12. Disparó contra los manifestantes, entre ellos Gustavo Gatica, quien fue herido con dos perdigones en sus ojos, perdiendo la totalidad de su visión.

A juicio del fiscal, en el momento de los incidentes “no existía riesgo serio para la integridad de los funcionarios de Carabineros”, según lo establece la normativa que regula el uso de la fuerza y el armamento de la policía uniformada.

Por tal motivo, sostiene que la acción realizada por Crespo “no resultaba necesaria ni proporcionada para la situación que enfrentaba y con el lugar donde él y los demás funcionarios de Carabineros se encontraban apostados”.

Otro caso emblemático expuesto por por Fiscalía en la formalziación fue el de Fabiola Campillai Rojas, actual senadora independiente.

Mientras se dirigía a un paradero del Transantiago para tomar un bus en dirección a su trabajo en la comuna de San Bernardo en noviembre de 2019, Campillai fue impactada en el rostro por una bomba lacrimógena, disparada por el exoficial de carabineros, Patricio Maturana.

Su hermana junto a vecinos procuraron socorrer a Campillai mientras el personal de carabineros continuaba lanzando bombas lacrimógenas. Pesé a ello lograron trasladarla a un centro hospitalario en donde fue atendida.

La potencia de la bomba lacrimógena que impactó en el rostro la actual senadora, la dejó sin los sentidos de la vista, el gusto y el olfato.

Maturana fue condenado a 12 años y 183 días de presidio efectivo por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

Antes de que iniciara el proceso de formalización el pasado martes, Campillai se congregó en la explanada del Centro de Justicia y señaló que “hoy día es un día importante para nuestro país”, en un contexto en que se ha criminalizado a las personas que se manifestaron durante el estallido social.

“Hoy aquí tenemos a los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos”, dijo.

La parlamentaria también expresó sus deseos de que los tribunales “estén a la altura, para que investiguen y condenen”. “Solo así, las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad”, sostuvo.

Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social: «Deseamos un real nunca más»

Desde la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, se pronunciaron ante la formalización de Yáñez, Rozas y Olate.

“Siento harta emoción porque hoy enfrentan a la justicia (…) Es algo que debió haber llegado hace cinco años atrás”, declaró la vocera de la Red, María Paz Grandjean. 

Cabe recordar que la tarde del 18 de octubre de 2019, mientras caminaba en búsqueda de locomoción colectiva, la actriz se encontró de frente con un piquete de Carabineros de quienes recibió un ataque en pleno rostro.

“Para nosotros es un hito importante. Somos una red nacional que en el fondo agrupa a sobrevivientes, no somos agrupaciones de derechos humanos, ni organizaciones políticas, tampoco contenemos ideologías. Pero, esta llena de gente muy diversa, al igual que todas las otras agrupaciones que se arman y desarman , y que, sin embargo, persistimos todas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Sobre todo en lo que nos reúne a todos que es conseguir la real garantía de no repetición“, indicó a «Radioanálisis» de Radio U de Chile.

Sobre la postergación de la audiencia de formalización de los exgenerales, la actriz sostuvo que “fue sumamente peligroso esto de mantener a un futuro imputado por graves violaciones a los derechos humanos como general director de Carabineros»

«Creemos que fue un acto grave de revictimización para todas las víctimas, un descuido y un deseo expreso de que esto se repita por parte del Gobierno. Hay algo ahí bien aberrante. No entiendo, pues los niños de ahora serán las víctimas del futuro, porque ese ferviente deseo de mantener a un violador de derechos humanos como general director. Eso me parece de alto impacto», apuntó.

“Como agrupación, lo que nosotros deseamos es un real nunca más, que verdaderamente existan las garantías de no repetición, y para que eso suceda, debe haber justicia, debe haber reparación. Anhelamos por supuesto la Ley de Reparación Integral, una comisión permanente al respecto, indistintamente a la persona que este de turno en el Gobierno, la idea es que en el futuro no se repita algo tan aberrante como lo que ya se repitió. Sin embargo, uno ve como una actitud del Gobierno que si quiere que se repita“, agregó.

Asimismo, lanzó críticas sobre el tratamiento que han recibido las víctimas del estallido social por parte del sistema político y los medios de comunicación.

“Ha sido bastante peor que invisibilizar, creo que han hecho una cosa que es la más vergonzosa que se puede hacer, estoy segura que la historia los va juzgar, pues va humillar estas acciones de criminalización a las víctimas“, aseveró María Paz Grandjean.