Se trata de las dos causas más emblemáticas en la lucha por la memoria, verdad y justicia ecabezada por los organismos de Derechos Humanos en Argentina. Ambas megacausas por delitos de lesa humanidad podrían tener su veredicto antes de fin de año. En Argentina se están desarrollando 14 juicios en simultáneo sobre crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
En el tercer tramo de la megacausa ESMA, principal centro de detención y operaciones del grupo de tareas de la dictadura cívico militar, comenzaron los alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5. El proceso judicial lleva casi tres años con 68 imputados ex miembros (en su mayoría retirados) de la Armada, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval, el Ejército y tres civiles.
La megacausa ESMA acarca los casos de 789 víctimas y es hasta ahora el más numeroso del país, además de ser el primero en investigar a los autores de los «vuelos de la muerte». Esos vuelos eran la metodología que utilizaban para desaparecer a los detenidos ilegalmente: los desaparecidos eran drogados y subidos a un avión. Desde allí, se los tiraba atados de brazos y manos al Río de la Plata, provocando su muerte instantánea y dejando a los cuerpos casi sin posibilidades de ser encontrados.
También con expectativas de finalizar antes de diciembre se encuentra el juicio que investiga la operación coordinada de las dictaduras militares en el Cono Sur durante la década del ’70. La persecución de militantes políticos fue denominada Plan Cóndor, que consistía en la colaboración de los gobiernos defactos para buscar y detener personas que podrían haberse exiliado en distintos países del contente. Como informa la causa, su mayoría estuvieron cautivos en el ex centro clandestino conocido como Automotores Orletti, en la Ciudad de Buenos Aires.
La megacausa por el Plan Cóndor es llevada por el Tribunal Oral Federal 1 desde marzo de 2013. Al debate oral sólo 18 de los 33 acusados, entre ellos el ex presidente de facto Reynaldo Benito Antonio Bignone y Santiago Omar Riveros en perjuicio de 25 víctimas. Se analizaron 171 casos, la mayoría procedentes de Uruguay y Bolivia y se descubrieron los Archivos del Terror en Paraguay gracias a una investigación Martín Almada, activista y víctima del dictador paraguayo Alfredo Stroessner.
Ambos juicios son emblemáticos en la lucha por los Derechos Humanos en Argentina y sientan un precedente fundamental para el resto del continente, que todavía avanza en la lucha por condenar a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las décadas del 70’ y 80’.