La medida 29 del programa de la UP anunciaba el fomento al turismo y la recreación de los sectores populares. El 21 de mayo de 1971, en su primer mensaje ante el Congreso, Salvador Allende se refería a los alcances de tal disposición: “Es necesario que el turismo se despoje de su carácter de actividad elitaria, a la cual han tenido acceso (…) sólo las minorías con capacidad económica suficiente para poder pagar un turismo de lujo y sin contenido social”. En aquel discurso señalaba que, ya en enero de ese año, había comenzado la construcción de 13 “balnearios populares” con el carácter de “villas permanentes”, que se emplazarían en sitios de inmejorables condiciones para el solaz.
Cada centro tendría módulos de cabañas, servicios higiénicos, WC, comedor, bodega, lavaderos y otras dependencias. Se planificaba que recibirían grupos de hasta 250 personas por turno. Al momento de la cuenta pública, se encontraban en funcionamento Tongoy, Los Vilos, Pichidangui, Papudo, Peñuelas (La Serena) y Llallanquén (embalse Rapel). Por entregarse estaban los de Curanipe, Llico y Duao, “y en construcción el de Santo Domingo”, señala el mensaje presidencial.
Los balnearios fueron construidos en terrenos fiscales cedidos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU. En oficios fechados el 4, 14 y 18 de enero de 1971, firmados por el ministro Carlos Cortés, se mencionan algunos de los lugares donde se edificarían. Se trata de los que serían aludidos por Allende, a los que se agregan La Herradura (Coquimbo), Loncura (Quintero), Piedras Negras (Las Cruces), Pelluhue y Tomé. Además, se explicita la urgencia con que la medida debía concretarse.
El dato es clave por el curso que tomarían los hechos. Producido el Golpe, el balneario popular de Rocas de Santo Domingo fue ocupado por el regimiento Tejas Verdes, a cargo del funesto coronel Manuel Contreras. Las cabañas serían usadas como escuela de adiestramiento de la DINA, en los meses posteriores, y como cárcel clandestina donde los agentes perpetraron torturas y crímenes. Tras el fin de la dictadura continuó en manos militares. A fines de 2013, las cabañas fueron demolidas aduciendo una petición del municipio de Santo Domingo. Pese a la declaración como “Monumento Histórico”, por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en 2014, son conocidas las intenciones del estamento armado de vender el predio, como ha sido la tónica en otros lugares. “El terreno aún pertenece al Ejército y no está dispuesto a entregarlo. Ese terreno no les pertenecía, debieran devolverlo al pueblo de Chile. No deben pedir ni una permuta ni un dinero”, señala Ana Becerra, sobreviviente del centro de detención y presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio.
FANTASMAS
El balneario popular de Rocas de Santo Domingo sería entregado a mediados de 1971. Se le bautizaría “Villa de Turismo Social Carlos Cortés”, en homenaje al ministro fallecido poco antes.
Dos filmes sobrevivientes de dicha época dan cuenta de la experiencia. Ambos se encuentran disponibles hoy en internet. El primero es “Un Verano Felíz” (1972), dirigido por Alejandro Segovia y producido por el desaparecido Departamento de Cine y TV de la CUT. Se trata de una pieza semidocumental rodada en la desaparecida Textil Progreso, situada en el Cordón Vicuña Mackenna y, precisamente, en las cabañas del balneario de Rocas de Santo Domingo. El segundo filme es “El derecho al descanso”. Fue producido un año antes por la OIR, la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia. Al igual que el anterior se trata de un corto promocional. Fue dirigido por Adolfo Silva quien, tras el 11 de septiembre, estuvo en isla Dawson, donde compartió reclusión, entre otros, con el arquitecto Miguel Lawner, ex director de la antigua Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, quien ha bregado estos años, junto a la Fundación por la Memoria, para transformar el predio de Rocas de Santo Domingo en un Parque de la Memoria. Adolfo Silva falleció a inicios de los 90, al igual que el camarógrafo Manuel Julio. De este equipo sólo queda vivo el montajista Eliseo Pedraza. “El derecho al descanso” posee planos de varios balnearios y debe contener el único registro de la construcción de las cabañas, a cargo de obreros.
LA PEGA ERA GRANDOTA
La administración de los balnearios estuvo a cargo de dos entidades. Una fue la Central Única de Trabajadores, CUT. Hacia 1971, Waldo Arévalo era subsecretario de Finanzas de la multisindical. Su oficina estaba en el antiguo local de calle Cienfuegos. Fue nombrado encargado para los nacientes centros de turismo social. Entre estos, Rocas de Santo Domingo. Justamente Arévalo aparece en las primeras escenas de “Un verano felíz” entregándole al obrero protagonista su pase a un balneario. “Estábamos en la batalla de la producción, entonces era un premio para los trabajadores”, recuerda hoy. “Eran las asambleas de los sindicatos las que nominaban a los favorecidos, de acuerdo a un puntaje de una pauta”, rememora. Por su trabajo, visitó los balnearios de Arica y zona central. “Se alcanzó a gestionar 17 balnearios pero el plan era 25, y no sólo en el litoral”, evoca.
En febrero de 1973, Arévalo acompañó a su mujer, Carmen Pascual, a la RDA a un encuentro femenino internacional. La intervención militar los sorprendió allí. Regresó clandestino a Chile en 1978. Un día volvió a la sede de calle Cienfuegos, ocupada por la FACH. Hoy cree que toda la documentación de la gestión que la CUT realizó de los balnearios fue destruida por los uniformados.
La otra entidad a cargo fue la Oficina de Comunicaciones de la Consejería Nacional de Desarrollo Social, dependiente de la Presidencia. Como miembro de aquella, Jorge Rojas fue supervisor de los balnearios localizados en Las Cruces, Papudo y Puchuncaví. “Teníamos una concepción de trabajo distinta a la del PC; proveníamos de otras organizaciones políticas como el MIR, el MAPU y maoístas; además, estábamos influidos por Paulo Freire”, cuenta hoy. Buena parte de los visitantes a estos balnearios eran pobladores de diversas tomas de Santiago. “La gente que iba a los balnearios iba a descansar pero también a hacer un trabajo político (…) Hay que recordar que en esa época hubo muchas tomas. Todas tenían una historia bellísima y nadie la contaba. Era como decirle a la gente: ‘Cuenten su propia historia. Y para eso teníamos que entregarles instrumentos…”.
En los balnearios hubo monitores de párvulos y educación física pero además, de teatro y grupos musicales, así como muralistas. Cerca de 300 jóvenes cumplieron este rol, en una temporada que iba desde enero a inicios de marzo. A quienes veraneaban se les entregaban tres comidas diarias en el comedor del balneario. Por cada turno, llegaban 80 personas aproximadamente. Sólo se les pedía que hicieran el aseo de su cabaña. “No tenían que preparar nada, lo que ayudaba especialmente a las mujeres”, recuerda Rojas.
El trabajo de la Consejería duraría hasta inicios de 1973. La presión política contra la iniciativa era fuerte. “Nos acusaban de extremistas, de estar armando escuelas de guerrillas”, recuerda el antiguo supervisor. En ese último verano, se trasladaría a cumplir funciones al mineral de El Salvador para crear un balneario allí. Al momento del Golpe estaba en Santiago y sería detenido en los días siguientes.
COMO SI NO HUBIERA EXISTIDO
Actor clave en la construcción de las cabañas fue Renato Hernández Orrego, arquitecto que había sido llevado al MINVU por el mismo Salvador Allende, poco después de ser electo. Fue designado a cargo de la División de Planificación de Equipamiento Comunitario (DEPEC). “Las cabañas eran bien equipadas, bien terminadas”, cuenta hoy, mientras revisa algunas fotos de aquel período. En una se le ve, de 35 años, dando un discurso en la inauguración de un balneario. En otra, aparece fiscalizando las cabañas. El sitio es Rocas de Santo Domingo.
Conoció todos los centros. “Iba a terreno y veía cómo se ejecutaban las obras. Nos dedicábamos mucho al control de la construcción. Yo iba temprano a hablar con los trabajadores (de la construcción) para que no se robaran el cemento o el fierro y ellos me decían que no lo iban a hacer porque se trataba de gente que iba ir a vivir allá y si las cabañas quedaban con menos material se podían caer con un temblor”, recuerda. En el caso de Rocas de Santo Domingo fue un grupo de obreros, pertenecientes al sindicato de la construcción de San Antonio, quienes edificaron las cabañas. En otros lados fueron empresas.
Hernández es un hombre de pocas palabras pero estas adquieren un sentido concreto ante ciertas preguntas. “Me sentí como las huevas”, cuenta cuando se enteró que las FFAA se habían apoderado de las cabañas. “Ese no era el sentido que tenían. Les quitaron las cosas a los pobladores”, añade.
En 1982, Bernardo Garrido Valenzuela, entonces abogado del MINVU, entregó a Hernández un certificado donde se declara que cumplió funciones como “Director subrogante de la División de Equipamiento Comunitario entre el 14 de Diciembre de 1970 y el 15 de Febrero de 1974”. El documento reconoce, en plena dictadura, la existencia de 16 balnearios, entre los que se cuenta el de Rocas de Santo Domingo, de “1837 mts cuadrados” con un “100% de avance”. El certificado refuta las artimañas realizadas, en años posteriores, por el Ejército y otras FFAA para desconocer no sólo la propiedad original de los predios sino la existencia de los balnearios. Todos fueron ocupados y usurpados. Muchos, vendidos a particulares, probablemente a cifras altísimas dada su localización privilegiada.
En el caso de Rocas de Santo Domingo, el 1 de diciembre de 1982, ante el notario Víctor Bianchi Pacheco, fue suscrita una escritura pública donde la municipalidad local transfirió a la Central Nacional de Informaciones la propiedad del balneario popular. “La escritura de transferencia gratuita del Municipio a la CNI ignora la transferencia al MINVU efectuada en 1971. Es como si no hubiera existido. Señala que la Municipalidad de Santo Domingo adquirió el terreno a la Sociedad Anónima Playa Las Rocas de Santo Domingo el año 1954, y livianamente salta del año 1954 a la transferencia gratuita a la CNI en 1982, dejando una laguna incomprensible”, indica Miguel Lawner, en un expediente entregado, en 2014, al CMN en pos de su declaración como monumento histórico.
VENDADOS Y AMARRADOS
Jorge Silva tenía 22 años al momento del Golpe y militaba en el MIR. Vivía en Llolleo, en una de las colinas que rodea el puerto de San Antonio. Era el mayor de diez hermanos y trabajaba en un taller de desabolladuría. Fue detenido, por primera vez, a mediados de septiembre y trasladado al regimiento Tejas Verdes. “Se ensañaron porque estaban aprendiendo a torturar”, cuenta hoy. Sería nuevamente privado de libertad el 1 de marzo de 1975. Esa madrugada, llegó hasta la casa de su familia un grupo de hombres vestidos de civil. “Yo los conocía… (Gregorio) Romero, Valentín Escobedo, (Julio) Casas Cordero y “Joel” (Emilio Iribarren Ledermann) que había sido miembro de la dirección central del MIR, y se me acerca cuando me tiraron vendado y amarrado a la camioneta, y me pregunta si conozco a Joel… Se me vinieron dos cosas a la mente: Que había sido infiltrado o que había sido detenido y torturado”. A bordo de la camioneta, mentalmente, pudo reconocer el trayecto de sus secuestradores. Al descender, el olor a mar y la textura del arena confirmó su presentimiento: Estaba en el balneario popular. El hombre constató que muchos de sus compañeros ya estaban allí. Por las voces, por los lamentos. También por los llamados a interrogatorio que hacían los agentes.
La rutina fue brutal. Silva era sacado de la cabaña de reclusión y llevado a otra para ser torturado. En varias oportunidades fue golpeado y se le aplicó electricidad en manos, genitales y otras partes del cuerpo. Recuerda las órdenes del capitán Mario Jara Seguel y su “dele huasca” para animar a los verdugos. Las sesiones eran nocturnas pues las cabañas cercanas al camino albergaban a familiares de los miembros de la DINA que se encontraban veraneando. Jorge Silva cuenta que oía sus conversaciones y las voces de niños, inclusive. Durante el día (los agentes) eran padres y esposos ejemplares, y en la noche se transformaban”, cuenta con la voz trizada por la emoción. Los pinos que rodeaban los módulos fueron usados para amarrar a los prisioneros durante días completos. También rememora los asados que los agentes organizaban con sus familias, en el antiguo comedor; sus risas y la música que llegaba hasta su presidio. Dentro de los tormentos se incluyó el hambre al que fueron sometidos. “Una sola vez nos obligaron a comer, amarrados a una olla, con un tenedor. Ellos (los agentes) se reían; nadie se atrevía a comer porque no sabíamos qué era”, recuerda. “En todo tiempo pensé que nos iban a matar… A mí nadie me quita la idea que ahí está enterrada gente… O la tiraron al río o la echaron al mar”, dice.
{destacado-1} Cuenta que él y Ana Becerra serían los últimos en ser trasladados desde las cabañas. Luego pasaría por Villa Grimaldi, Tres Álamos y Cuatro Álamos. Después fue enviado a Puchuncaví, al llamado cuartel Melinka, un terreno que también había sido balneario popular. Sería liberado recién a fines de 1975. Regresó a San Antonio. Nunca se exiliaría.
A mediados de los 80 integraría la Agrupación de Ex Presos Políticos, junto a Ana Becerra. En la Vicaría de la Solidaridad denunciaría, por primera vez, la existencia de las cabañas como cárcel clandestina. “Si quedamos con vida es para contar la historia, y las nuevas generaciones sepan qué realmente ocurrió. Y nunca más vuelva a pasar”, reflexiona.
Una escuela de derechos humanos
Recién en septiembre pasado, Adriana Delpiano, ministra de Educación, firmó el decreto 337 que oficializó como “monumento nacional en la categoría de monumento histórico” el predio del balneario popular Rocas de Santo Domingo. La decisión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) databa de fines de 2014. Tal lentitud es un ejemplo, para la Fundación por la Memoria, de la poca recepción a su labor en las instancias estatales. “En los mandos medios hay voluntad pero desde el Estado no existen políticas para estas iniciativas que tienen un origen popular”, argumenta Milko Caracciolo, miembro del grupo. Como ellos, tras los 40 años del Golpe, son decenas en todo el país las agrupaciones que quieren recuperar casas y lugares para la memoria. “Es sorprendente ver a gente de los ministerios que entiende la situación pero cuando se les exigen compromisos reales, te digan del poder que aún mantienen las FFAA. Eso significa el temor que desde el gobierno aún se les tiene”, añade Caracciolo.
En coincidencia, Ana Becerra recuerda el anuncio presidencial de crear una Subsecretaría de Derechos Humanos… aún sin concreción: “Eso frena todas las gestiones, los funcionarios no toman decisiones porque esperan que llegue la subsecretaría”. Otro ejemplo es la prolongada espera para la aprobación, desde el Parlamento, de presupuesto para el CMN que permitiría realizar el levantamiento histórico del terreno.
Tal faena es indispensable. Así como han realizado actos, visitas guiadas y tareas de limpieza, los miembros de la Fundación inspeccionan el predio, de cuando en cuando. A inicios de este año, detectaron que habían cortado árboles. Lo denunciaron a la Fiscalía y hoy la Brigada de Delitos del Medio Ambiente (BIDEMAS) de la PDI se encuentra recolectando información. Actualmente, puede apreciarse en el lugar que manos anónimas han apilado restos de pizarreño de las antiguas techumbres. También es perceptible la remoción de los algunos cimientos.
Los militantes denuncian que el Ejército, en los últimos meses, ha intentado trocar el terreno con las fundaciónes Cosmos y Mar Adentro, a cargo del aledaño Humedal Río Maipo para anexar el predio a su zona de conservación. De esta maniobra no son responsables los ecologistas. “Con ellos existen relaciones de trabajo y respeto mutuo, no con la municipalidad y el Ejército que, por supuesto, no les interesa que haya un patrimonio de la memoria”, explica Caracciolo.
La documentación legal sobre el balneario fue destruida u ocultada ha denunciado Miguel Lawner. Sin embargo, lentamente, la Fundación por la Memoria ha obtenido antecedentes que permiten comprobar que el balneario se edificó en toda regla. “Es imposible que el MINVU hubiera levantado en 1971 un solo m2 de construcción sobre un terreno que no le pertenecía. La Contraloría jamás habría cursado semejante operación y menos aún habría autorizado inversiones en un terreno sobre el cual el MINVU no exhibía plena posesión”, señala Lawner en el expediente antes mencionado. “Eso nos prueba que este terreno no es de la comuna de Santo Domingo, como ellos lo manifiestan. Hay una concomitancia entre el municipio, el Ejército y Bienes Raíces, donde no existe ningún papel que señala que allí hubo unas cabañas. También el SII, donde un certificado dice que era sitio eriazo”, enjuicia Ana Becerra.
Pese a los obstáculos, la dirigenta de la Fundación sostiene que no renunciarán a lograr que el predio se transforme en un Parque de la Memoria, con énfasis en la educación: “Si queremos recuperar memoria tenemos que dirigirnos a jóvenes y niños. No podemos seguir hablando a gente de nuestra edad. Para que el ‘nunca más’ sea verdadero tenemos que trabajar con los estudiantes. Si esto fue una escuela de la DINA, queremos una Escuela de Derechos Humanos”.
Texto y fotos de Felipe Montalva