En Chile, una mujer que se realiza un aborto es tratada como una criminal: imputada, formalizada y procesada. La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile es una máquina de fabricar víctimas: detenciones, criminalizaciones, inducción a prácticas clandestinas y arriesgadas para quienes las llevan a cabo, etc. Siempre mujeres, por supuesto. Durante esta semana, dos jóvenes en tres días.
Ayer una mujer de 27 años que admitió haberse practicado un aborto inducido con pastillas -presionada por su familia- fue detenida en el Hospital Barros Luco de la capital. Dos días antes, el pasado martes, otra de 22 de la región de La Araucanía quedó con arresto domiciliario tras ser detenida por la misma razón. En ambos casos, las víctimas fueron delatadas por el personal médico del los centros donde fueron atendidas. Según los medios que difundieron la noticia de ayer -que aparte de hacer pública la identidad de la joven, abusaron con una buena dosis de sensacionalismo y amarillismo fácil- el feto se habría hallado en un jardín infantil de la comuna de San Ramón.
«Lo que sucede en estos casos es que a la mujer no se le respeta su derecho a la confidencialidad de la información, no se respeta el secreto profesional y se vulneran los derechos de reservarse la información de cualquier persona que se quiera atender en un hospital público», afirmó a este periódico la directora de la Corporación Miles (Movimiento por interrupción legal del embarazo en Chile), Claudia Dides.
Desde la organización, que se ha hecho parte para la defensa del caso de la paciente atendida en el Hospital Regional de Temuco y pretende hacerlo también en el caso que se hizo público ayer, opinan que, más allá de la penalización del aborto en Chile, las mujeres «tienen derecho a un trato digno y respetuoso en todo momento porque eso tiene que ver con la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes«, aseguró Dides.
Para la activista y socióloga, «el secreto profesional está bastante claro en el Código Ético del Colegio Médico. Lo que pasa es que alguien podría decir que hay una colisión porque por otro lado el Código Penal te exige entregar información de cualquier mujer que haya abortado. Pero hay cuestiones éticas que están por sobre de estos hechos«.
En este sentido, la directora de la Corporación Miles sostuvo que tienen que tenerse en cuenta dos consideraciones al respecto. En primer lugar, destacó un documento que «entregó el Ministerio de Salud respecto a que no se puede exigir a ninguna mujer una confesión porque Chile ha firmado el Tratado contra la Tortura y cualquier confesión significa una tortura». Y añadió: «En segundo lugar tenemos entendido que hay una minuta que entregó el Minsal a todos los servicios públicos para que puedan aplicar el secreto profesional y la confidencialidad de la información con todas las mujeres que llegaran con un aborto inducido«.
Por encima de todo, lo que defendió Claudia Dides y consideró ausente en los casos recientes es la «atención humanitaria del aborto». «Nosotros hacemos un llamado a los médicos, matronas y personal de turno a tener un acto de solidaridad con las mujeres, que no les pidan confesión ni las delaten. Es una cuestión básica y Chile está en deuda con eso -precisó- porque ratificó los acuerdos de la Conferencia de El Cairo«, donde se acordó permitir antes de 2015 el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar, la salud sexual, entre otros.
Sobre las sentencias que se aplican a las mujeres que son detenidas por haber interrumpido el embarazo, la experta explicó: «A pesar de que en el último tiempo ya no se toman presas a las mujeres, sí se les hace pasar por un proceso de uno o dos años esperando una sentencia, sin saber si van a estar entre barrotes o no. Y eso nos parece una tortura». Las penas que se aplican hoy día «pueden ir desde firmas mensuales o anuales a la entrega de certificados sicológicos cada cierto tiempo», detalló. «Creen que la única condena es estar en la cárcel, pero para nosotras cualquier tipo de condena ya es una afectación a los derechos humanos de las mujeres«, reiteró.
Las dos mujeres detenidas esta semana contarán con el apoyo de la Corporación Miles para enfrentar el proceso judicial que se les viene. De nuevo, organizaciones y colectivos sociales asumen las funciones de resguardo y protección que debería de garantizar el Estado. En esta ocasión el desinterés ha sido descarado: hasta el momento, la ministra del Sernam, Claudia Pascual, responsable del proyecto de legalización del aborto, aún no ha emitido ninguna opinión al respecto.
Meritxell Freixas
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