La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto que busca fortalecer la investigación de «delitos terroristas» y aquellos que «afectan la seguridad del Estado en casos de especial gravedad».
Una iniciativa que ha sido cuestionada por entregar a un fiscal especial nombrado para estos casos la facultad de autorizar el uso de funcionarios policiales como agentes encubiertos y el uso de informantes. Las críticas surgen por la posibilidad de que terminen siendo precisamente estos funcionarios infiltrados quienes promuevan u ocasionen delitos por los cuales después puedan ser juzgadas otras personas, como ya ha ocurrido en el conflicto chileno-mapuche con funcionarios de carabineros que han reconocido su participación en hechos de esa naturaleza.
El proyecto fue originado en una moción de los diputados RN Germán Becker, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Marcela Sabat, y la diputada UDI Claudia Nogueira.
Junto a la autorización al Fiscal Nacional para el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva -por un año- para la investigación de delitos «terroristas» o que «amenacen la seguridad del Estado», este podrá también solicitar la colaboración de distintos órganos del Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden, y la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional. Además, se mantiene la reserva de las diligencias de la investigación, estableciéndose que los intervinientes tendrán acceso una vez que la misma se formalice.