Demandan a juez por autorizar cambio de nombre y sexo legal de niña de 5 años

En un hecho inédito el magistrado del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Luis Fernández, autorizó el 2016 cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años, sin embargo la ONG Comunidad y Justicia demandó el mes pasado al juez, por lo que será representando por el abogado colaborador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Jaime Silva.

Desde ya Silva adelanta que “el juez falló en base a sus atribuciones y de la aplicación de los tratados internacional vigentes que propenden a la protección de los derechos del niños. Lo que se oponen a la sentencia de Fernández, buscan instrumentalizar el Poder Judicial para inhibir a los jueces”

En tanto, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, explicó que “estamos en presencia de dos hitos, uno favorable y otro lamentablemente motivado por la transfobia, la discriminación, los prejuicios y la ignorancia. El juez Fernández actuó en estricto cumplimiento de las leyes y del interés superior del niño y no permitiremos que su nombre sea manchado con calumnias surgidas del odio y del desprecio a la diversidad social”.

Fue el 22 de agosto del 2016, cuando el juez Fernández Espinosa, aceptó el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años, previa petición formulada por su madre, una psicóloga, y su padre, un ingeniero mecánico.

En su presentación, los padres relataron que a temprana edad su hija se presentó como una niña y que cuando se respetaba su identidad de género su felicidad era evidente. Argumentaron que llamarla y tratarla por un nombre y sexo no acorde a su identidad, violenta la Convención de los Derechos del Niño.

Teniendo a la vista certificados psiquiátricos y sicológicos, así como informes del Servicio Médico Legal, el juez sentenció que la niña “cumple con los criterios necesarios para el diagnóstico de disforia de género infantil, mostrando una marcada identidad de género femenina y presentando un rechazo permanente a la vestimenta, juegos y actitudes socialmente asociadas al género masculino”

En un fallo hasta ahora desconocido públicamente, el juez argumentó que “resulta evidente” que las personas trans “sufren a través de su vida, tanto íntima como social, un sinnúmero de conflictos y discriminaciones que le impiden desarrollarse y llevar una vida normal, siendo vulnerados sus derechos a la educación, al trabajo, a la salud y a la participación en la vida ciudadana, siendo por ello absolutamente necesario abordarlo y generar las condiciones para salvaguardar la integridad física, emocional y social de quienes viven esta situación”.

“Sólo cabe concluir que debe ser acogida la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento”, pues en caso contrario se “vulneran los derechos de la menor, los que se encuentran garantizados por la Constitución Política de la República”, concluyó el juez.

Arremetida judicial

Tras conocer la sentencia, la ONG Comunidad y Justicia presentó en abril pasado una querella por prevaricación judicial contra Fernández Espinosa, considerando que el magistrado falló contra las leyes y violentó la Convención de los Derechos del Niño.

“La directiva del juez en orden a modificar el nombre y sexo del menor para que sea conocido y tratado como mujer hacia el futuro es una actuación tanto ilegal como imprudente, que pone en riesgo la integridad física y psíquica del menor, y no es unívoco que conduzca al resguardo de su bien superior.

A juicio de Comunidad y Justicia no hay claridad en las ciencias respecto a como debe diagnosticarse la identidad de género trans, ni como debe hacerse la transición de hombre a mujer o de mujer a hombre.

“Al aceptar sin más la petición de los padres del menor, es el juez el que incurre en una violación de derechos humanos como agente del Estado de Chile (y es el Estado el obligado por la Convención a proteger el derecho del niño), pues facilita –en exceso de sus competencias– la violación del derecho del menor a preservar su identidad (específicamente al dejar de tener su nombre), siendo irrelevante que sean los padres del infante los que lo hayan solicitado, pues ellos también pueden errar y contribuir a la violación de los derechos de su hijo, aún con la mejor de las intenciones”, apuntó

“Actuar de esta forma no sólo es contrario a derecho, sino que contrario a la ética, pues expone imprudentemente a un menor a sufrir mayor daño y angustia a futuro”, puntualizó la ONG Comunidad y Justicia.

Junto con anunciar que “nuestro abogado, Jaime Silva, representará al juez ante estas calumnias de Comunidad y Justicia, el Movilh señaló que “resulta alarmante como un movimiento anti-derechos llega al extremo de querer perpetuar el dolor de una niña, poniéndose incluso sobre la decisión de su padre y madre”.

“Comunidad y Justicia, la misma ONG que ha perdido todos y cada uno de las querellas que ha presentado contra los derechos de las personas LGBTI, ha cruzado esta vez todos los límites éticos, poniéndose al lado de la inmoralidad, de la intromisión en la vida privada y de la vulneración de los derechos de una niña y su familia, usando argumentos falsos y motivados por la ideología del odio. Esperamos en tribunales un triunfo a favor de los/as niños/as trans, de las familias que los protegen y de los jueces que hacen justicia, así como un fracaso rotundo de esta perjudicial ONG”, finalizó el Movilh.