En una reunión efectuada el viernes 2 de diciembre entre representantes de trabajadores de las comunicaciones y el Fiscal Nacional, representantes del Colegio de Periodistas pidieron que se configure el delito de “detenciones ilegales” y el nombramiento de un investigador preferente para los casos denunciados. Sabas Chahuán les respondió que, de acuerdo a la legislación chilena, estos hechos son llevados por la Fiscalía Militar.
Con 30 casos de agresión a profesionales de las comunicaciones el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de Iberoamericana Radio Holding Chile (ADN Radio) víctimas en manifestaciones públicas, se reunieron con el fiscal nacional Sabas Chahuán para solicitar que se investigue, destacando el daño a la libertad de expresión y al trabajo que significan estos acontecimientos. Chahuán se comprometió a enviar los antecedentes a la Fiscalía competente y dar curso a las investigaciones según corresponda.
La presidenta del Sindicato de Periodistas de La Nación y consejera nacional del Colegio de Periodistas, Nancy Arancibia, apuntó que el arresto o agresión de profesionales de los medios de comunicación supone un riesgo para la ciudadanía, debido a que se está violando el derecho a la libertad de expresión. “Un profesional arrestado injustificadamente, agredido o que su material de trabajo es destruido o sustraído, es un medio que deja de informar y un ciudadano que no puede ver, oír o leer lo que allí ocurrió. Es coartar la libertad de expresión e impedir el trabajo profesional de la prensa”.
Arancibia agregó que el área gremial del Colegio de Periodistas, junto a diversos gremios de la información, está conformando un grupo encargado de recibir las denuncias y recabar los antecedentes de los diversos casos ([email protected]).
Juan Avendaño, presidente del sindicato de grupo Iberoamericana Radio, afirmó que con las detenciones ilegales se vulnera el derecho constitucional y se limita el derecho a informar de los medios de comunicación.
“No estamos aquí para jugar, lo que hacemos nosotros no es un capricho, sino que sencillamente estamos legitimando el ejercicio de la democracia y, por lo tanto, nos parece importante plantearle al Fiscal Nacional estas situaciones que son realmente graves y que no pueden quedar en la impunidad, no pueden quedar sin investigarse”, manifestó el dirigente.
Avendaño agregó que ya es hora que los periodistas denuncien las agresiones para que se les deje trabajar con la libertad necesaria.
“Más allá de que haya una cuestión concreta, por ejemplo una condena en contra de Carabineros, lo que es muy difícil que se produzca, lo que queremos es dejar sentado un precedente para que este tipo de situaciones no pueden volver a pasar coladas, no puede ser gratis pegarle a un periodista. El Ministro del Interior declaraba que maltratar a un carabinero es lo más grave que hay en este mundo. Yo creo que pegarle a un periodista es mucho más grave. Me parece que el discurso tiene que ir por ese lado”, indicó el periodista.
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LA RESPUESTA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS
El 21 de noviembre, frente al Club Providencia un grupo de personas se reunieron para rechazar el homenaje al brigadier en retiro y ex miembro de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), Miguel Krassnoff Martchenko, condenado a 144 años por delitos de lesa humanidad. Los medios locales y extranjeros cubrieron la manifestación y la acción de dispersión de Carabineros que utilizó gases lacrimógenos y carros lanza agua. Pasadas las 22.00 horas, cuando un policía forcejeaba con un fotógrafo, impidiendo su trabajo, intervino el periodista de Radio ADN, Esteban Sánchez, quien fue golpeado en un ojo, dejándolo abatido en el suelo, desde donde fue detenido y arrastrado hasta un furgón de Carabineros. No importó la identificación del periodista.
Esta situación fue registrada por los medios presentes y denunciada a la opinión pública, sin embargo, está lejos de ser un hecho aislado. La organización gremial, en un informe preliminar, entregó a la Fiscalía Nacional, 30 casos en que se ha agredido a periodistas, fotógrafos o camarógrafos en el ejercicio de su trabajo, en la mayoría han recibido golpes, arresto sin justificación y la sustracción o eliminación de su material gráfico. También cuenta el catastro, casos de agresión de personas no uniformadas, las que fueron calificadas de muy graves y perpetradas en completa impunidad por los representantes gremiales.
Esto fue la gota que rebasó un vaso que se viene llenando desde hace varios años.
A raíz de la agresión y detención arbitraria del documentalista y el periodista radial, el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, junto al presidente del Sindicato de Trabajadores de Iberoamericana Radio Holding Chile (conglomerado dueño de ADN Radio), Juan Avendaño, y otros cuatro profesionales de las comunicaciones, víctimas de los excesos policiales en las manifestaciones públicas, llegaron hasta la oficina del fiscal nacional, Sabas Chaguán Sarras, para expresar su preocupación por la violencia de que son objeto los periodistas, fotógrafos y camarógrafos en el contexto de las movilizaciones sociales que enfrenta el país.
En la ocasión, los representantes de los gremios entregaron a la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional, un catastro en donde se consignan 30 casos de profesionales golpeados a la fecha, la mayoría arrestados en el ejercicio de su trabajo y con su material periodístico sustraído o destruido por personal policial. (Ver catastro al final de esta nota).
A la salida de la reunión, que se extendió por más de media hora, el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, conversó con El Ciudadano y aclaró que la entrevista tenía por objeto solicitarle al Fiscal Nacional que se configure el delito de “detenciones ilegales” a fin de que haya un solo persecutor que investigue todos los casos y que el proceso se vuelva más expedito.
Castillo agregó que “el principal problema que él –Chahuán- ve de todos estos casos, es que probablemente estas denuncias terminen en la Fiscalía Militar, porque como son carabineros los que participan en los hechos”, aún se supone en Chile que si se trata de uniformes debe ser tratado por esta justicia, “lo que me parece absurdo porque no son denuncias de situaciones militares”, expresó el dirigente nacional de los periodistas.
En el fondo, aseguró Castillo, el Fiscal Nacional no tiene problema en hacer la denuncia y pedirle a un fiscal regional que investigue, pero los casos igual van a terminar en la Justicia Militar porque a quien le corresponda se va a declarar incompetente. Y, por otro lado, el dirigente de los periodistas manifestó que son pocas las esperanzas que tienen de que esto fructifique en el corto plazo.
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POLÍTICA REPRESIVA CONTRA LOS PERIODISTAS
“Hemos ido observando cómo con el paso del tiempo ha aumentando la represión policial para con el trabajo de la prensa y nos preocupa que esto se vuelva una política institucional”, sostiene Castillo.
El Gobierno se ha negado a pronunciarse sobre estas denuncias. En la oficina de partes del Ministerio del Interior, están las cartas en las que el Presidente del Colegio de Periodistas pide audiencia y hasta la fecha no ha recibido respuesta.
“Nosotros creemos que hay una actitud intencionada de parte de la autoridad política que hace que se evite dar información sobre el actuar de Carabineros en las manifestaciones, creemos que eso no afecta solo a los periodistas, sino que afecta en general a la ciudadanía y en definitiva es un atentado a la libertad de expresión”, sentencia Castillo.
Por Marianela González
El Ciudadano
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