Denuncian continuidad de violencia policial contra estudiantes del Instituto Nacional

Continúan las denuncias de un grupo de apoderados del Instituto Nacional respecto a las condiciones de asedio policial en que se mantiene el establecimiento como respuesta de las autoridades a las manifestaciones de un sector de estudiantes en razón de la Ley Aula Segura.

Sostienen que desde hace varios meses la presencia de efectivos de Fuerzas Especiales es permanente, con funcionarios que ingresan periódicamente al colegio en procedimientos que los testigos describen como “allanamientos”, donde buscan menores de edad, sin importarles el contexto educacional en que se encuentren.

En ese sentido, los adolescentes señalan que los policías ingresan violentamente mientras están en clases o realizando actividades de recreación en los espacios comunes, dejando el lugar irrespirable por el gas lacrimógeno, golpeando y amedrentando a quien se encuentre por delante. Esto se haría sin advertir previamente, como lo indican los protocolos policiales.

Cabe recordar que aún se encuentra en tramitación un recurso de protección interpuesto por un grupo de apoderados de séptimo y octavo básico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que persigue “el cese del acto ilegal y arbitrario de Carabineros, que consiste en ingresar en forma violenta al establecimiento educacional, haciendo uso indiscriminado de gases lacrimógenos, afectando la integridad física y psíquica de los alumnos, impidiendo el normal desarrollo de clases y vulnerando los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del niño”, según señala la abogada patrocinante, Alejandra Arriaza.

En el relato de los apoderados se puede apreciar el progresivo deterioro que ha tenido la salud de los niños expuestos a estas sustancias de manera reiterada, a nivel físico respiratorios, cutáneos y dolores de cabeza, y a nivel psicológico un estrés crónico y cuadros de ansiedad reiterativos. Denuncian que el personal policial reparte gas pimienta en las barandas del colegio y deja los espacios contaminados por días.

Además, los apoderados relatan que sus hijos son estigmatizados producto de la cobertura mediática que se le ha dado a las manifestaciones, ya que han sido acosados en el trayecto a su lugar de estudios por personas que los tildan de «vagos», «delincuentes» y «anarquistas» por el mero hecho de portar la insignia del establecimiento. 

En relación al mencionado recurso de protección, Carabineros solicitó prórrogas en tres oportunidades para responder a la contraparte. Actualmente, los apoderados están a la espera que se ponga en tabla para proceder a los alegatos. Luego, la Corte de Apelaciones deberá dictar fallo de primera instancia, el cual puede ser recurrido ante la Corte Suprema.