Una acusación por negligencia ante un caso de bullying tiene en el ojo del huracán al Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, de la congregación jesuita. Se trata de una demanda interpuesta en el 19º Juzgado Civil de Santiago por la ex apoderada Nilda Paola Givovich, quien, entre otras denuncias, alega que su hijo sufrió en reiteradas ocasiones episodios de maltrato durante 2016.
En ese marco, este martes concurrirá junto al abuelo del afectado al Arzobispado de Santiago a entregarle una carta al cardenal Ricardo Ezzati. Solicitarán la intervención de la autoridad religiosa y un pronunciamiento respecto de lo ocurrido.
«Eres un guacho sin padre, dime qué se siente eso»
El relato de los hechos aparece en la denuncia presentada ante la justicia. Si bien el bullying habría comenzado en 2015, en el documento se da cuenta de un suceso fechado el 21 de marzo de 2016, año en el que el menor cursaba sexto básico. “Los actos de acoso escolar en esta oportunidad se configuraron a través de Internet en la cuenta particular que la víctima (N. del R: El Ciudadano ha decidido omitir el nombre del menor) mantiene en la web Youtube, con motivo de un video con fines escolares que el estudiante había subido a la red, en donde es fuertemente criticado con durísimos epítetos por el clip desarrollado”, se lee.
En ese momento presentaron un reclamo ante el establecimiento educacional y no recibieron respuestas, según el abogado del niño, José Francisco Gallegos Torres. “A pesar del requerimiento formal por parte de mi representada, solo obtuvo una respuesta del Colegio San Ignacio, la más absoluta y rotunda ignorancia acompañada de un cómplice silencio ante los desafortunados hechos narrados”, asegura .
Luego de otros episodios violentos vino uno de los hechos más complejos, que guardaba relación con la condición de madre soltera de la mamá de la víctima. «No tienes papá y eres un guacho sin padre, dime qué se siente eso», habría sido la frase emitida por un compañero del niño, que el abogado querellante incluyó en la denuncia.
Una de las tantas negligencias acusadas habría ocurrido tras este penoso incidente. Los querellantes alegan que después de un mes habría llegado una contestación por parte de un profesor a cargo. “Hola Paola, junto con saludarte disculpa la tardanza en mi respuesta, hubo muchas situaciones que me impidieron ver esto antes (semana ignaciana, vacaciones, situación familia Ochoa, licencia médica, etc.). Revisaré la situación con los muchachos directamente ya que me parece grave y te informo”, se lee en la denuncia.
La otra acusación
Otra de las acusaciones que constan es acerca de un supuesto incumplimiento del colegio a la ley 20.536, que establece que los establecimientos educacionales deben contar con un encargado de convivencia escolar, “que será responsable de implementar las acciones que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar».
“Apreciamos que hasta el mes de agosto de 2016, el Colegio San Ignacio no contó con un encargado de convivencia escolar formal y/o titular; toda vez que el anterior encargado asumía en marzo de 2016 labores pastorales al interior del Colegio San Ignacio. Vale decir, por el extenso período de 6 meses, el colegio San Ignacio incumplió la Ley General de Educación”, relata el abogado.
Habla el colegio
El Ciudadano tuvo acceso a un comunicado del establecimiento emitido a partir de esta denuncia. «El Colegio no ha sido notificado de esta demanda de la que solo hemos conocido algunos detalles por la prensa», dice en el primer punto. Además, declaran que «como institución educacional trabajamos velando por la integridad de todos nuestros estudiantes y colaboradores y por este motivo no nos referiremos a situaciones particulares que expongan a un menor de edad, en este caso, a un exalumno del Colegio San Ignacio». Por último, indican que «como comunidad escolar siempre estaremos dispuestos a aportar con la información que la autoridad nos solicite, entendiendo que buscamos contribuir en el esclarecimiento de cualquier hecho que pueda afectar a uno de nuestros integrantes».
El año escolar de la víctima se cerró en septiembre de 2016. El abogado denuncia que las consecuencias del maltrato fueron sintomatología ansiosa, ideación suicida, cuadro angustioso de severa intensidad y trastorno de ansiedad no especificado. La indemnización que se pide asciende a 15 millones de pesos.
Carta a Ezzati
En la carta que será entregada a Ricardo Ezzati este martes 14 de marzo, la madre del menor -junto al abogado Eduardo Arévalo- solicita la intervención del religioso, denunciando que su hijo fue «discriminado y objeto de maltrato por tener apellidos repetidos».
Sostiene que si bien expuso los hechos a las autoridades del colegio, «pese a la gravedad del asunto, no encontró la acogida que se espera». «Lejos de eso -agrega- pudo comprobar que la entidad educativa no aplicó el protocolo de convivencia escolar, a lo que se sumó la falta de una persona encargada de este ámbito».
«Lo anterior es un negativo precedente en un marco nacional que da amplio espacio a la diversidad, la no discriminación y la inclusión en todas las expresiones de la vida ciudadana. Asimismo, contradice directamente la forma en cómo la Iglesia Católica se ha manifestado en orden a terminar todo tipo de discriminación al interior de sus planteles educativos», se agrega en la misiva.
Junto con pedirle a Ezzati un pronunciamiento al respecto, le solicitan que se instruya a la institución educacional «para dejar de eludir su responsabilidad, investigar los hechos, asumir la gravedad de una situación así y tomar las medidas pertinentes».