La tarde del pasado lunes 22 de febrero se realizó en el centro de Santiago una manifestación en conmemoración del tercer aniversario del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2013. En ese contexto, Carabineros arrestó a alrededor de 20 personas, entre ellos 3 menores de edad.
Fueron trasladados a la 48 Comisaría de Carabineros. Hasta allá llegó Ruth Astudillo, la madre de uno de los muchachos, de iniciales T.M, de 16 años. Astudillo, quien se entrevistó con El Ciudadano, relata que el Cabo 1° César Rozas, encargado del recinto policial, conversó con ella y otros familiares y cercanos que se encontraban afuera. «Salió, muy amable, y nos dice que esto sería muy rápido, todo esto afuera de la comisaría. Algo muy raro, porque tendría que habernos hecho pasar», dice.
Sin embargo, cuando los chicos salieron del recinto policial denunciaron que habían sido desnudados y obligados a hacer determinadas posiciones. Así quedó escrito en la denuncia que Ruth Astudillo decidió poner en ese mismo momento, en la que se lee que su hijo «fue obligado por el funcionario, el cabo 2do José Arriagada Meneses (…) a desnudarse completamente (…) y a realizar actividades físicas, ´sentadillas´», bajo la justificación de «verificar las posibles lesiones explorando el cuerpo del menor en forma visual».
Junto con exponer que estas prácticas «no forman parte del procedimiento», la mujer dejó por escrito que este procedimiento «claramente lo deben realizar funcionarios de salud habilitados para tales efectos».
«Si la tortura es grave para los adultos, imagínate para un menor»
«Esto es un escándalo, porque ellos reconocen que esto es habitual, Carabineros dice que es un protocolo«, señala Ruth. «Si ya es grave la tortura a ese nivel de vejámenes para los adultos, imagínate para un menor», agrega.
Junto a la denuncia en contra del cabo Arriagada Meneses por «vulneración de derechos», Astudillo presentó una segunda acusación en contra del mencionado Cabo 1° César Rozas, encargado del recinto policial, por «incumplimiento de deberes militares». Esto último, explica, porque el policía se negó a responder la solicitud de denuncia y porque «tapó con sus superiores la información que nosotros estábamos entregando de lo que pasó».
Si bien a Ruth le fueron ofrecidas «disculpas» de parte de la subprefecto y la capitana de la 48° Comisaría de Carabineros -quienes le aseguraron que se seguiría una investigación-, esta semana presentará una querella junto al abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular. Además de eso, denunciará el hecho al Instituto de Derechos Humanos.
«Nosotros tenemos claro que en este país esto es habitual, pero eso no significa que sea normal», señala Astudillo, quien recalca que no solo lo hace porque el afectado sea su hijo. «Muchas veces como familia hemos estado afuera de comisarías, denunciando las violaciones de los derechos humanos, así es que con mayor razón lo voy a hacer por mi hijo», sostiene.
Por Daniel Labbé Yáñez