Con esas palabras los cuatro principales denunciantes del caso Karadima – José Murillo, James Hamilton, Fernando Batlle y Juan Carlos Cruz – justificaron su decisión de no apelar al cierre de la investigación sin proceso que decretó el juez, Leonardo Valdivieso. «Esto no depende de nosotros. Se trata de un traspaso ético a la sociedad cuando la justicia muestra que llega a su tope», dijeron.
Los cuatro principales denunciantes del caso Karadima –José Murillo, James Hamilton, Fernando Batlle y Juan Carlos Cruz– decidieron no apelar al cierre de la investigación decretado por el juez, Leonardo Valdivieso, sin procesar al ex sacerdote de la Iglesia El Bosque, Fernando Karadima.
El abogado de los demandantes, Juan Pablo Hermosilla, comentó al portal electrónico Ciper que “quienes tienen que aclarar estos hechos son las instituciones tanto civiles como religiosas, pero se nota en ellas una reticencia a investigar y a esclarecer los hechos. En ese contexto mis representados no tienen más que aportar”.
Respecto de la determinación del magistrado, el primer denunciante de este caso, José Murillo, señaló al mismo medio que “lo que me pasó lo puse en conocimiento de las autoridades. No hay ni exageraciones ni omisiones y no sé qué más hacer. Lo que queda no me corresponde a mí. Porque aquí hay una ataque a la confianza que no tiene que ver solo conmigo sino con toda la comunidad.
Hemos estado abiertos y dispuestos a careos y exámenes psicológicos. Pero esto ya no nos pertenece. Las autoridades, las familias, los colegios tendrán que hacerse cargo de lo que han visto”.
En relación con el rol que la justicia ha cumplido en este caso, James Hamilton –otro de los acusantes- sostuvo en un artículo del periódico New York Times que les “hubiera gustado apelar, pero con abogados defensores como el suyo, que tienen a la Corte de Apelaciones y a la Suprema comiendo de sus manos, y un número de personas poderosas que siguen protegiendo a Karadima, sabíamos que esto iba a ser algo muy cuesta arriba y que posiblemente perderíamos”.
En esa línea, Murillo añadió que “hay más de 20 testimonios de personas que no se han puesto de acuerdo y han conocido de cerca a Karadima por más de 15 años que confirman un patrón abusivo en la manera de ejercer el sacerdocio. Esto no depende de nosotros. Se trata de un traspaso ético a la sociedad cuando la justicia muestra que llega a su tope. No hay peor ciego que el que no quiere ver”.
La resolución deberá pasar a la Corte de Apelaciones, que tendrá que decidir si confirma la decisión del juez o si requiere de más diligencias para esclarecer el caso.
26 de noviembre 2010
Fuente: radio.uchile.cl
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