Al menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado en América Latina, según un informe de la ONG Front Line Defenders, con sede en Dublín (Irlanda).
El documento, difundido a principios de mes y presentado la semana pasada en castellano, señala que la mayoría de crímenes en la región corresponde a Colombia y Brasil, que juntos registran 156 víctimas (73,5%).
La suma de este tipo de asesinatos en el continente representa más de dos tercios del total mundial registrado por la organización internacional (312).
La particularidad del caso colombiano está en que mientras la guerrilla de las FARC entregó las armas el año anterior como parte de los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, las bandas criminales y paramilitares se han desplegado para perseguir y asesinar a líderes sociales, principalmente en las regiones en las que operaba el grupo.
Naciones Unidas registra hasta el pasado 20 de diciembre 105 asesinatos de defensores de los derechos humanos en el país sudamericano; el 59% de estos perpetrados por sicarios.
“La violencia contra los defensores de derechos humanos se intensificó a la par de las crisis políticas y económicas en Venezuela, Brasil, Guatemala, Paraguay, Honduras y Argentina”, remarca el informe de Front Line Defenders, que cuenta con la ayuda de una red de organizaciones sobre el terreno para recolectar los datos de cada país.
Venezuela es el caso más emblemático entre los enumerados por la organización. El país sudamericano vivió una ola de protestas entre abril y julio en la que hubo más de 120 muertos, según la Fiscalía.
“En Brasil se produjo un aumento de la violencia y de la participación [en esta] de las fuerzas de seguridad del Estado”, afirma el documento sobre el segundo país con el mayor número de asesinatos en la región junto a Colombia.
“En mayo, 10 defensores pacíficos del derecho a la tierra fueron abatidos a tiros por la policía en Pau-d’Arco [Estado de Pará, en la región amazónica]. Seis semanas después, un testigo de la masacre que se había escondido también fue asesinado”, agrega el texto, que apunta a los activistas en favor de los pueblos indígenas y la defensa de la tierra como las principales víctimas del país.
Ola ultraconservadora
El informe alerta, sin embargo: “La violencia […] se ha extendido a otros sectores e incluye ataques en áreas urbanas, por ejemplo, contra defensores de derechos humanos que trabajan en las favelas de Río de Janeiro o grupos LGBTI en Curitiba”.
Con respecto a este último punto, el diagnóstico de la ONG coincide con el ascenso de una ola ultraconservadora en el gigante sudamericano que incluye intentos de agresión contra la filósofa feminista estadounidense Judith Butler o el boicot de una exposición artística sobre género y diversidad sexual en un museo de Porto Alegre.
Front Line Defenders también llama la atención sobre el caso de México, que a pocos días del fin de 2017 amenazaba con cerrar su año más violento en dos décadas.
“El 2017 también fue testigo del mayor número de asesinatos de activistas ambientales y periodistas registrados en [el país] en los últimos años”, subraya el informe.
Y agrega: “La aprobación en diciembre de una nueva Ley de Seguridad Interior que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública es particularmente preocupante por la ambigüedad de la redacción, su probable implementación arbitraria y sus posibles efectos negativos en la protesta social”.
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