Este viernes 2 de julio por la mañana fueron desalojados de sus hogares los vecinos del complejo turístico de la séptima región. Las personas que viven allí hace más de 30 años fueron echados a la calle por resolución del tribunal de Linares.
Las denuncias de procesos indebidos y de apropiación ilegal en la que habría incurrido el dueño de las termas, Roberto Movillo, fueron insuficientes para que se realice la investigación que solicitaron los vecinos del sector La Poza, quienes incluso llegaron hasta La Moneda para informar al Presidente de la República de la situación.
La respuesta de la carta entregada a Sebastián Piñera aún no ha llegado, sin embargo, el desalojo ya se realizó. “Esta mañana llegaron los carabineros, empezaron a sacar todas nuestras cosas y nos dejaron en la calle. Nosotros no tenemos dónde ir y lo más importante es que consideramos que aquí ha habido una tremenda vulneración a nuestros derechos”, señaló ayer Carlos Pereira, uno de los vecinos afectados.
Acusando que ninguna autoridad se ha hecho presente y ha tomado en serio sus denuncias, los vecinos señalan que una vez que se retiren los carabineros volverán a ingresar a su casa, puesto que no tienen dónde más vivir. “Nos están obligando a sacar las cosas de la calle, porque dicen que la calle también les pertenece”, informa Pereira, quien dice no entender tanto ensañamiento y poca humanidad del empresario.
Recordemos que la Séptima Región es una de las más afectadas por el terremoto, además de que estos vecinos constituyen una población de bajos recursos económicos. El abogado de Amnistía Internacional, al ser consultado anteriormente por este caso, enfatizó que la política del desalojo es una violación a los derechos humanos, económicos y sociales. «Debería contemplarse la solución de vivienda para las personas para que no se queden en la calle, pero eso está lejos de suceder en este país», señaló.
La senadora Ximena Rincón, quien intervino en su momento para que el desalojo no se realizara hace un mes atrás, no ha logrado llevar a cabo una investigación profunda acerca de la venta de terrenos que hiciera el Banco Estado a Movillo, la que sería catalogada por los vecinos como ilegal, y tampoco de encontrar una solución para estas familias que ayer han quedado sin casa.
Noticia en desarrollo
Por Victoria Lozano
El Ciudadano
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