Desalojo, muerte y xenofobia en Argentina

La situación que se vivió durante los últimos días y que aún continúa con cinco mil personas acampando en el parque Iberoamericano en reclamo de viviendas, abrió una serie de interrogantes sobre los reacomodamientos y legitimidades dentro de las representaciones políticas del poder. La represión policial causó dos muertos, la misma cantidad generó el macrismo con la implementación de grupos de tareas que persiguieron impunemente durante tres días a los habitantes de la zona sur de Buenos Aires.

Todavía es, sino confuso, al menos incompleto el panorama de lo sucedido como para hacer un balance integral de la acción y omisión del gobierno nacional y el porteño. De lo que no hay dudas es que durante el comienzo del conflicto, hace ya una semana, desde el ejecutivo nacional se ordenó la participación de la Policía Federal en el operativo para desalojar a los primeros ocupantes del parque Iberoamericano en Villa Lugano. A pedido de la justicia entonces, el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, envío 200 efectivos del cuerpo de Infantería para colaborar con los 60 miembros de la Policía Metropolitana.

El resultado de esto, a esta altura reconocido hasta por los propios operadores mediáticos del oficialismo, fue el asesinato a balazos de dos vecinos de la zona. Más allá de las operaciones periodísticas de ambos gobiernos para retrasar la responsabilidad de los crímenes, las imágenes tomadas por diferentes medios mostraron la saña con la que la policía cargó contra los ocupantes del predio, a quienes persiguieron hasta dentro de la Villa 20, donde cayeron baleados el albañil Bernardo Salgueiro, de 22 años, y la ama de casa Rosemary Churapuña, de 28 años.

Luego de los crímenes, se decidió rectificar la línea de acción represiva, lo que abre grandes interrogantes sobre la cadena de mando dentro del propio gabinete kirchnerista. Los interrogantes giran sobre dos cuestiones. Por un lado, sobre cuáles son los niveles de organicidad de la Policía Federal respecto al mando político del Ministerio de Justicia, suponiendo que esa cartera no autorizó la represión al desalojo. Esto es, si el ministro Julio Alak no aprobó el operativo, cómo es que las fuerzas federales participaron de él.

Este último punto es el que conduce al siguiente interrogante. Es un secreto a voces que la muerte de Néstor Kirchner está haciendo tambalear las alianzas construidas por el espacio que se encuandró tras su figura los últimos siete años. En esta coyuntura ¿es posible que “el desbande” policial que insinúan desde el oficialismo, sea un producto del reacomodamiento de las fuerzas políticas del kirchnerismo? Las muy posibles salidas de Aníbal Fernández y Julio Alak abonan esta hipótesis.

La gravedad de estas hipótesis solo es empañada por algo aún más grave, que es instigar desde los espacio de poder estatal la persecución a los inmigrantes de países limítrofes, justamente a lo que se dedicó Mauricio Macri los últimos siete días. El macrismo ya había esbozado algunas de esas políticas con la creación de la Unidad de Control del Espacio Público, una patota parapolicial dedicada a golpear y desalojar indigentes de la vía pública, repitiendo un esquema que desde hace más de 70 años no se veía en la Argentina, cuando la Liga Patriótica apaleaba inmigrantes europeos.

Mauricio Macri no solo negó sus responsabilidades en el asesinato de los habitantes de Villa Lugano, sino que se dedicó a estigmatizar y criminalizar públicamente a los inmigrantes de los países limítrofes, señalando que los problemas sociales en nuestro país son provocados por una supuesta inmigración descontrolada. El resultado ya es conocido: bandas armadas se lanzaron a las calles de Lugano y Soldati para atacar a los ocupantes de las tierras. Las patotas estaban encabezada por sectores orgánicamente vinculados al PRO de Macri, vía dirigentes territoriales, como Marcelo Chancalay, pero también por integrantes del gobierno, tales como Eva Ferraro, directora del Centro de Gestión y Participación Nº8, y del Sindicato Único de Trabajadores de de la Ciudad de Buenos Aires, Sutecba, conducido desde hace más de 30 años por Amadeo Genta, cuenta en su haber cientos de denuncias por persecución y palizas a trabajadores del gobierno porteño que optaron por organizarse en otros sindicatos.

Los muchachos de Genta tiene impresionantes similitudes con los integrantes de la Unión Ferroviaria, que hace un mes y medio asesinaron a tiros a Mariano Ferreyra en Barracas. Los municipales porteños, en vez de manejar empresas tercerizadas como sus primos ferroviarios, hacen negocios con la Obra Social de los trabajadores de la Ciudad, la cual fue intervenida por el macrismo cual prenda de negociación, para luego devolverla en iguales condiciones, entre ellas, la de tener cautivos a todos los trabajadores municipales porteños, afiliados o no a Sutecba, a quienes se les debita el 2% de su salario, que va a parar a manos de Genta y Datarmini. Otro de los negociados que desarrollaron desde este gremio son las mutuales de servicios. Entre ellas, las que construyeron las torres de la Avenida Castañares, habitadas en su mayoría por trabajadores municipales y desde donde salieron los balazos que asesinaron a dos ocupantes del Parque Indoamericano.

Hasta el momento, la situación sigue sin descomprimirse, y lejos de encontrar respuestas a los problemas habitacionales de la ciudad, el desenlace se va pareciendo cada vez más a una interna del Partido Justicialista, en las que ya se sabe quién pone los muertos. Lo cierto es que el envío del cuerpo de Gendarmería tampoco proyecta una buena resolución, teniendo en cuenta que durante las últimas intervenciones de esa fuerza en conflictos sociales, varios manifestantes cayeron asesinados por balas policiales, como lo atestiguan los asesinados el 26 de junio de 2002 en la estación Avellaneda, los muertos en Cutral Co y Plaza Huincul y los correntinos baleados en el desalojo del puente que une esa provincia con el Chaco.

PrensadeFrente