El sábado, la fiscalía colombiana dio a conocer el hallazgo de una fosa común con restos de al menos 60 cuerpos. El descubrimiento se llevó a cabo en el municipio de Olaya Herrera, localidad al sudeste del país ubicado en el departamento de Nariño en la costa pacífica. Sin embargo, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, ha señalado que la cifra de los enterrados en la fosa común puede ser unas 61 personas.
“La diligencia judicial se realiza en el cementerio del corregimiento de Bocas de Satinga bajo la coordinación de la Fiscalía Seccional de Nariño y de un grupo de profesionales e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación”, declaró la entidad investigadora. Los investigadores agregaron que se han exhumado al menos 12 cuerpos durante la examinación del lugar, la cual se inició a principios de febrero.
La investigación se inició tras una denuncia hecha por los residentes de la zona rural. La fiscalía trabaja en la examinación del sitio junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía Municipal, el Instituto de Medicina Legal y la Armada Nacional.
“Las labores de investigación se iniciaron el pasado 2 de febrero con las primeras exhumaciones que al día de hoy suman doce cuerpos,” agregó la fiscalía en un comunicado emitido el sábado. “Para el efecto se han marcado 61 puntos y se han exhumado cinco tumbas: en la primera se hallaron 9 cuerpos, en la segunda dos menores de edad y en la quinta se halló el cuerpo de una mujer, los cuales hasta el momento se han individualizado.”
Además, los investigadores de la fiscalía señalaron que “la presencia de estos cuerpos se conoce que fueron víctimas de conflictos presentados entre paramilitares y grupos armados al margen de la ley que delinquen y delinquieron en esta región de la Costa Pacífica.” Se estima que los hallazgos son restos de personas que desaparecieron entre los años 2000 y 2005. Sin embargo, Montealegre indicó que se cree que los cuerpos fueron víctimas “de grupos paramilitares de ultraderecha.”
En el año 2006, se estima que más de 31,000 combatientes de conjuntos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron como parte de un acuerdo con el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe. En el marco de este acuerdo se indicó “sentencias alternas” para paramilitares desmovilizados, donde enfrentaron cadenas de 5 a 8 años por las graves atrocidades cometidas. Esto se realizó bajo la legislación “Ley de Justicia y Paz.” La semana pasada se dio a conocer que el ex líder de Colombia será investigado por posibles vínculos a una masacre cometida en el año 1997, cuando paramilitares asesinaron a 15 campesinos en la localidad de El Alto. En este tiempo, el ex presidente fue el alcalde del gobierno regional que, supuestamente, le prestó un helicóptero al grupo AUC.
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