Según declaraciones a la prensa hechas por la UIA la decisión de dilatar la postura fue para “descomprimir la tensión que generó la incómoda situación” que generó el proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la dictadura.
La propuesta del diputado Héctor Recalde obtuvo 170 votos a favor y ninguno en contra, salvo las abstenciones del PRO, partido liderado Mauricio Macri y debe ser aprobado en el Senado.
Representantes del kirchnerismo salieron a cruzar las declaraciones de la UIA, planteando que les causaba sorpresa y lamentaban que desde la cámara de empresarios no estuvieran comprometidos con la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Uno de los argumentos esgrimidos por la entidad empresarial, cuyo directorio está integrado por Arcor y Techint, dos de las empresas argentinas más grandes del mercado, fue que cualquier investigación o juzgamiento tiene que llevarlo adelante el Poder Judicial.
Los números fríos dicen que desaparecieron 275 trabajadores del Grupo Techint, sólo en Siderca Campana 60 compañeros fueron marcados, secuestrados y desaparecidos. Pese a la enorme cantidad de víctimas de este grupo económico, la justicia no ha avanzado en una investigación seria contando con tantas pruebas de la complicidad directa de esta empresa con la dictadura, según informa La Izquierda Diario.
Según una investigación de Victoria Basualdo publicada por la Comisión Provincial por la Memoria, Techint es una de las empresas menos investigada. Se puede rescatar en base a los testimonios de sobrevivientes y familiares que prueban de manera contundente su colaboración con el proceso represivo: presencia del Ejército en la puerta de la fábrica con listado de personas “marcadas”, contratación a partir del golpe de supuestos trabajadores que eran agentes militares y detención e intento de detención de trabajadores dentro de la fábrica.