Devastador informe de la Fiscalía revela que el manejo «sui generis» e «improvisado» del gobierno pudo generar aumento de muertes por COVID-19

«Que el Ministro Jaime Mañalich y su jefa de gabinete Itziar Linazasoro, habrían decidido implementar un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia«, es una de las conclusiones del informe que el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz envió a la Corte Suprema, solicitando que zanje una controversia con el Ministerio de Salud y se permita incautar los correos del otrora secretario de Estado.

La investigación que instruye el Ministerio Público por las deficiencias de las cifras de muertes por COVID-19 , se abrió tras una querella presentada el pasado 03 de julio por el senador Alejandro Navarro, en contra de quienes resulten responsables por los delitos tipificados en los artículos 256 (negativa o retardo de protección o servicio), 257 (denegación de servicio), 391 (homicidio omisivo y 193 (falsificación de instrumento público) del Código Penal.

A la que se sumó otra querella en términos similares interpuesta el 07 de julio por Carlos Margotta Trincado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; José Pérez Debelli, presidente de Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y Lina Córdova Mangili, presidenta de Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS), por los siguientes delitos: denegación de auxilio ; retardo o negativa de protección o servicios; denegación de servicios y por homicidio imprudente en contra del presidente Sebastián Piñera; el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich (quien estuvo en el cargo hasta el 13 de junio de 2020), y Luis Arturo Zúñiga Jory, subsecretario de Redes Asistenciales.

Fue en el marco de estas pesquisas que el pasado 8 de septiembre, el 7° Juzgado de Garantía autorizó «entrar, registrar e incautar desde los correos electrónicos institucionales y archivos alojados en los servidores electrónicos respectivos», tanto de Mañalich, como de su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro, además de la subsecretaria Paula Daza.

En el momento en que la PDI y el fiscal de Alta Complejidad Marcelo Carrasco acudieron hasta el Ministerio de Salud para incautar los  antecedentes, el actual ministro de Salud, Enrique Paris, se negó a entregar los archivos, argumentando que «podría afectar la seguridad nacional».

Por tal motivo, Armendáriz planteó ante la Corte Suprema que Paris habría presentado su negativa «a la diligencia intrusiva de entrada, registro e incautación», y solicitó  que “se declare que tal resistencia ante la orden judicial  librada, carece de fundamento y por lo tanto, la orden en cuestión se debe ejecutar íntegramente, al tenor preciso de su contenido«.

A través de un  texto de 23 páginas, detalló una serie de eventos y acciones que fueron constatadas a través de las investigaciones y que dejan en evidencia la improvisación y el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades gubernamentales.

En el documento, al que accedió El Ciudadano, el fiscal regional Centro Norte indicó 8 «premisas preliminares» sobre el actuar de Jaime Mañalich y su equipo. 

En el primer punto, Armendariz  señaló que el ex ministro Mañalich y su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro, optaron por un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestiónde la pandemia.

El segundo, indicó que tanto Mañalich como Linazasoro habrían implementado un sistema de recolección de datos que «no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos, por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta».

En tercer lugar, reveló que las decisiones referidas a la implementación de medidas de cuarentena, que en Chile adoptaron la denominación de “cuarentenas dinámicas”, se realizaron con información incompleta, obviando variables relevantes como la tasa de reproducción o el real número de casos activos que existían en una determinada localidad.

Tampoco se tuvo a la vista, a la hora de adoptar tales determinaciones, datos complementarios relevantes como la configuración socio-económica de una determinada localidad y sus condiciones de vulnerabilidad, que se proporcionaron al Ministro, su jefa de Gabinete y la Subsecretaria Paula Daza.

En el cuarto punto señaló que dichas brechas informativas eran evitables, pues el ministro y sus asesores contaban con información real y fidedigna del comportamiento de la pandemia en Chile, disponible en el mismo Ministerio por medio del DIPLAS y los datos que constan en el sistema Epivigila.

Asimismo, el ex titular del Minsal, Jaime Mañalich, no solo fue advertido por la comunidad científica de la falta de sustento técnico de sus decisiones, sino que fue directamente informado, vía correo electrónico, por la funcionaria de su dependencia, Sra. Johana Acevedo, que los datos que manejaba no eran los correctos y que la curva epidemiológica que éste presentaba al país era una curva equivocada, pues, la real demostraba un alza mayor en el número de contagios, establece la quinta premisa.

Según declaró Acevedo, “en marzo o abril las diferencias (en el número de casos) eran mínimas y eran atribuibles a la recepción de la información, y eso es normal, si habían 2 o 3 daba lo mismo, porque al día siguiente se compensaba. Pero cuando fueron 90 fue el hito que marcó el inicio de las diferencias, que comenzaron a crecer día a día, superando los 30.000 cuando el Ministro Mañalich dejo el Minsal”.

“Después salió el informe de Contraloría, que decía que había casos que no se informaron, pero esos casos sí se informaron siempre a la autoridad Minsal, desde la fecha que señalo, de 19 de mayo, con el informe que enviamos a diario. O sea, la brecha que dice Contraloría era en la información pública, no en la que manejábamos internamente en el Minsal», declaró la funcionaria del Minsal, según consta en el informe

También reveló que ya al 2 de marzo existía en la propia plataforma de Epivigila una diferenciación de casos sospechosos y confirmados. 

Adicionalmente, Acevedo declaró que enviaba informes periódicos a Mañalich con datos desagregados por comuna, y considerando aspectos como el porcentaje de la población mayor de 60 años, en control por enfermedades pulmonares, sobrepeso e incluso sistema de salud al que estaban afiliados. Nade de eso habría sido considerado

En sexto lugar, el fiscal Armendáriz planteó que  la  forma de proceder del ex titular del Minsal no solo fue en contra de las recomendaciones de la OMS -que planteaba la necesidad de considerar los casos sospechosos de Coronavirus dentro de las estadísticas, al admitir que los test PCR presentaban ciertas barreras de acceso- sino que además las sugerencias del Comité Asesor convocado por el gobierno y  las normas del “Plan Nacional de Preparación y Respuesta para una pandemia de Influenza” (especialmente en materia de manejo y transparencia de datos y de involucramiento de la comunidad científica), vigente desde el año 2009 en nuestro país, constituyendo este plan la lex artis en la materia.

En el séptimo punto el fiscal deja claro que el proceder del ex ministro Mañalich «pudo haber influido gravemente en la toma de decisiones relativas a acciones destinadas a salvaguardar la salud de la población y la vida de los ciudadanos chilenos».

 En efecto, la adopción inoportuna de cuarentenas en ciertas zonas del país (paradigmáticamente la Región Metropolitana que pasó, en pocos días, de estar en una meseta que anticipaba una “nueva normalidad” a transformarse en el lugar donde se desarrollaría la denominada “batalla por Santiago”) pudo haber influido decisivamente en el aumento de la propagación de una enfermedad grave como lo es el COVID-19 entre los habitantes de la República y, consecuencialmente, haber resultado en un aumento de muertes que no se habría producido si se hubiera optado por decretar medidas de reducción de movilidad y asilamiento social, más tempranamente, de acuerdo con los datos reales (y no los públicos) que obraban en manos del ministro de Salud y sus asesores.

Por último, en la octava premisa, Armendáriz señaló que tales inferencias se ven reforzadas por constataciones objetivas que demuestran las diferencias de datos: (1) Los reportes del DEIS daban cuenta de un mayor número de muertes a causa del COVID-19 de aquellas reconocidas para efectos internos por el gobierno. Dichos reportes son elaborados (hasta el día de hoy)  bajo parámetros OMS;  (2) la Contraloría General de la República emitió un Informe que constató una diferencia de 31.000 casos de personas sospechosas de contagio, no contenidas en los Informes Epidemiológicos elaborados por el Minsal, Informes construidos a partir de la data pública recolectada por el Ministro a partir de su sistema alternativo de recolección de datos.

Las anteriores afirmaciones constituyen premisas provisorias, “que fundan sospechas sobre la actuación de las primeras autoridades gubernamentales con competencia en la materia respecto de su eventual responsabilidad penal”, planteó en su informe el fiscal Xavier Armendáriz.

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