La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación contra el gobierno de Sonora por la detención efectuada por agentes de la policía, de dos integrantes y activistas de la comunidad Yaqui.
La CNDH, explicó que los agentes de la Policía Federal Ministerial y Estatal Investigadora detuvieron a las personas, ya que supuestamente eran acusados de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad de uno de los integrantes de la misma comunidad Yaqui.
Ante este hecho, el organismo público autónomo radicó el expediente ante la CNDH con folio: CNDH/4/2014/6148/Q, ya que se trataba de un asunto que trascendió el interés del Estado. Así mismo, incidió en la opinión pública nacional, tras su publicación en los medios de comunicación.
Tiempo después de examinar las evidencias, se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de V1 y V2.
Con ello, la CNDH recomendó al gobierno de Sonora se otorgue una indemnización a los agraviados, cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Así mismo se solicitó su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que en lo conducente accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
Las Autoridades Tradicionales han manifestado:
1.- Nunca se probó la conducta de Mario Luna Romero, sólo hay declaraciones de oídas.
2.- El juez se conduce con desprecio y desdén por los usos y costumbres de la Nación Yoreme.
3.- Mario Luna es uno de los principales interlocutores en la consulta de las autoridades federales a la Tribu Yaqui, que derivó del fallo de la sentencia de la Suprema Corte. Por tanto, esta detención atenta contra los principios del derecho a la consulta ordenados por la Corte.
4.- La razón de la detención de Mario Luna y las órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo y otros dos compañeros yaquis es el resultado de una decisión del Gobierno del Estado, que ha manifestado una y otra vez, con sus acciones, que no existe respeto hacia la Tribu Yaqui y han mantenido una campaña de odio racial y criminalización, violando sus derechos humanos.
Por Ricardo Ortiz
El Ciudadano
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