Dictan las primeras penas de cárcel contra empresarios por el caso Petrobras

La justicia brasileña dictó hoy las primeras sentencias contra empresarios implicados en la corrupción en la empresa estatal Petrobras y condenó a entre nueve y quince años de cárcel a tres antiguos directivos de la constructora Camargo Correa.

Los condenados son el expresidente de la empresa Dalton Avancini, el antiguo vicepresidente Eduardo Leite, ambos a quince años y diez meses de prisión, y el expresidente del Consejo de Administración de la firma João Ricardo Auler, con nueve años y seis meses.

Las sentencias fueron anunciadas por el juez federal Sergio Moro y son las primeras dictadas contra los numerosos empresarios que han sido acusados de formar parte de unared de corrupción que, durante la última década, se apropió de unos 2.000 millones de dólares a través de fraudes cometidos en Petrobras, según la propia compañía.

En todos los casos, los reos fueron hallados culpables de los delitos de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero y fraude en licitaciones, pero la sentencia aclara que se les concederán ciertos beneficios debido a acuerdos de delación y cooperación firmados en el marco del proceso.

Algunos de esos beneficios pudieron suponer anticipar los plazos para el cumplimiento de las penas en prisión domiciliaria o mayores reducciones de las condenas por buen comportamiento.

En la misma decisión, fueron condenados a prisión el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, el cambista Alberto Yousseff y Jayme Alves de Oliveira, uno de sus empleados.

En el caso de Costa, la pena fue de doce años de cárcel, y llegó a ocho años y cuatro meses para Yousseff, mientras que para Alves de Oliveira fue fijada en cuatro años.

Camargo Correa es una de las más importantes constructoras de Brasil, fue fundada en 1939, tiene actualmente unos 58.000 empleados y trabaja en una veintena de países, con fuerte presencia en América Latina.

La constructora forma parte de la veintena de grandes empresas privadas implicadas en la corrupción que desde hace un año y medio se investiga en Petrobras.

Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.

Ambos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza el vicepresidente del país, Michel Temer, aunque el pasado viernes Cunha anunció su decisión «personal» de abandonar las filas del oficialismo y pasar a engrosar la oposición.

Por su supuesta participación en esas irregularidades, está preso Joao Vaccari, extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta brasileña,Dilma Rousseff.

Otro flanco de la investigación intenta determinar si muchas de las donaciones que las empresas privadas vinculadas al caso hicieron a partidos políticos para la campaña electoral del año pasado fueron realizadas con dinero obtenido mediante el fraude en Petrobras.

Una de las campañas investigadas es la de la propia Rousseff, que el año pasado fue reelegida para un segundo mandato en unos comicios que ganó por tres puntos porcentuales frente al candidato opositor Aécio Neves.

Según las autoridades judiciales, las compañías implicadas en el caso obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y las diferencias eran repartidas entre los políticos que amparaban las corruptelas y algunos exdirectivos de la compañía.

Poco antes de conocerse la sentencia del juez Moro, la Policía Federal acusó al presidente de la constructora Andrade Gutiérrez y a otras ocho personas por su supuesta participación en la red de corrupción.

Otávio Marques de Azevedo, presidente de esa empresa, fue acusado de corrupción activa, lavado de dinero y fraude en licitación, los mismos cargos formulados contra otros cuatro directivos de la compañía y tres personas vinculadas al asunto.

Andrade Gutiérrez es otra importante constructora de Brasil, con presencia en 40 países, y la Policía Federal afirmó hoy, al formular los cargos, que ha comprobado «fehacientemente» la participación de sus exdirectivos en los fraudes en la petrolera.

Público