Diputada alemana pide reincorporación de abogados de DDHH despedidos por Interior

La diputada del Bundestag (parlamento alemán) Ulla Jelpke, solicitó el día de ayer (miércoles 1) al Gobierno, la reincorporación de dos abogados que fueron despedidos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

La legisladora germana envió una carta al titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, manifestando su preocupación por la desvinculación de Cristián Cruz y Luisa Sanhueza, quienes tenían a su cargo la representación del Ejecutivo en juicios emblemáticos por crímenes de lesa humanidad.

Jelpke destaca el trabajo de Cruz en casos como el de la Academia de Guerra Aérea (donde se indaga el homicidio de José Tohá), el cantautor Víctor Jara y de varios extranjeros que fueron desaparecidos o asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En el caso de la abogada Luisa Sanhueza la parlamentaria destacó su labor en la investigación el crimen del diplomático español Carmelo Soria y de la cúpula del Partido Socialista.

La marginación de los profesionales, a juicio de la diputada alemana, “perjudicaría la posibilidad de justicia y en consecuencia beneficiaría a los responsables de atroces crímenes que deben ser perseguidos”.

Dentro del parlamento alemán, Ulla Jelpke trabaja en la promoción y acciones de reparación integral hacia víctimas del nacionalsocialismo. Por ello, llamó al gobierno chileno “a no cesar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura militar chilena” y, de paso, que “el Estado de Chile dé cumplimento a sus compromisos y obligaciones internacionales en la materia”.

Destacó que en el caso de los profesionales despedidos “el abogado Cruz y sus colegas tienen una trayectoria destacada de velar con argumentos jurídicos sólidos por la defensa de los derechos humanos en su país”. Por ello solicitó al Ministro del Interior “reconsiderar los despidos”.

EL PROGRAMA

El Programa de Derechos Humanos (actualmente dirigido por Rossy Lama, ex abogada del Ministerio Público y nombrada por el Presidente Sebastián Piñera) es una instancia creada por ley (20.045) como continuadora de la Comisión Verdad y Reconciliación que desde la década de 1990 recopiló y estableció los antecedentes de miles de personas detenidas desaparecidas y ejecutados cuyos derechos humanos fueron atropellados por agentes del estado chileno, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Dentro de su estatuto legal, tiene “la facultad para ejercer todas las acciones legales que sean necesarias, incluidas las de presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada, en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria en su caso”.

Desde marzo de este año a la fecha, los abogados Cristián Cruz y Luisa Sanhueza solicitaron diligencias en varios casos, entre ellas la declaración del subsecretario de Guerra, Óscar Izurieta, ex comandante en Jefe del Ejército.

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Por Seudónimo

Un proyecto en Construcción de Periodistas por la Refundación del Colegio de Periodistas de Chile