El pasado 02 de mayo, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una comisión investigadora del actuar del alto mando de la PDI, respecto a presuntas irregularidades y el posible tráfico de influencias en diferentes actuaciones de esa entidad.
El anunció de la aprobación lo dio la diputada y vicepresidenta de la Cámara Baja, Claudia Mix; acompañada de los familiares de la subprefecta Valeria Vivanco y de la subinspetora Danizta Araya, Mitzi Liberona y de un grupo de víctimas; junto a las diputadas Gael Yeomans, Marisela Santibáñez y el diputado Rubén Oyarzo.
Dicha comisión se encargará de revisar las actuaciones cuestionables o presuntamente irregulares del alto mando de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) al interior de la institución.
La diputada Claudia Mix explicó que el objetivo es indagar denuncias de irregularidades graves, tráfico de influencias, tortura, abusos sexuales y encubrimientos, «que luego de golpear todas las puertas posibles -en la propia institución, en la Justicia y en los medios de comunicación-, hoy podrán ser escuchadas las víctimas».
En una columna publicada por Cooperativa, recordó el caso de Valeria Vivanco, subinspectora que fue asesinada en un operativo policial en junio del año pasado.
«El caso nos conmocionó no sólo por su juventud -apenas tenía 25 años- sino por la cantidad de irregularidades que finalmente, luego de sumarios e informes periciales, aún no determinan quién le disparó y ocasionó su muerte. Casos emblemáticos, como el de Valeria, evidencian que el manejo y actuar de las policías no es de colaboración y esclarecimiento de la verdad, sino que de encubrimiento, provocando un daño irreparable en el corazón de estas familias, que ya no confían en la institución y cada día pierden esperanza en la justicia», planteó la parlamentaria.
«Por ello queremos investigar las responsabilidades políticas y administrativas en estos casos, y determinar si hubo un eventual ocultamiento de información en los altos mandos de la institución», destacó.
También hizo referencia al acercamiento y entrevistas que han tenido con las víctimas y sus familiares, quienes les han expresado su interés en «sanear una institución respetada aún por la ciudadanía»
«Durante los meses de entrevistas previas he conocido las historias detrás de las víctimas, y hay aprecio por la institución de la que fueron parte, a pesar del trato que han recibido. La mayoría de ellos tienen hermanas, hermanos, padres o abuelos que fueron o son parte de la institución, es la familia PDI, por lo mismo esperan que sus traumáticas experiencias no las vuelva a vivir ninguna familia más y con el fin de sanear una institución respetada aún por la ciudadanía», expresó Mix.
Casos de víctimas de la PDI investigados por la Comisión
En concreto, indicó que se abordaron 20 casos, cuyos testimonios ser de una carpeta que logramos construir con más testimonios, los que serán entregados a las autoridades para su revisión, ya que por reglamento la comisión tendrá 90 días para revisar los antecedentes, redactar las conclusiones de esta investigación y sugerir medidas y debido a esa limitación había que reducir los testimonios.
Esta veintena de casos fueron seleccionados de una carpeta que logramos construir con más testimonios, los que serán entregados a las autoridades para su revisión.
Precisó que por reglamento la comisión tendrá 90 días para revisar los antecedentes, redactar las conclusiones de esta investigación y sugerir medidas y debido a esa limitación había que reducir los testimonios.
«Si queremos de verdad reformar las policías es necesario mirarlas desde adentro. Creo que hoy tenemos una oportunidad histórica, tenemos y podemos enfrentar el futuro con policías preparadas éticamente y haciéndose cargo de sus errores, con estándares que de verdad nos hagan sentir orgullosos, mejorando los protocolos y procedimientos, actualizar la ley orgánica de la PDI, heredada de la dictadura, donde el director por ejemplo puede expulsar a funcionarios sin un debido proceso», expresó la parlamentaria en la columna de opinión.
«No podemos pronunciarnos sobre los procesos judiciales que cada familia lleva adelante, pero no podemos seguir mirando para el lado cuando el Estado se transforma en un encubridor de malas prácticas», concluyó Mix.