Diputada Marcela Hernando (PR) “Este no es un proyecto de legalización, sino de despenalización”

La parlamentaria sostiene que cualquier otra causa, como ‘me embaracé y no quería, no quiero ser mamá, me falló la píldora o método, lo que sea’, sigue siendo delito.

Diputada Marcela Hernando (PR) “Este no es un proyecto de legalización, sino de despenalización”

Autor: Patricio Araya

marcelaEn medio de un receso del primer día de discusión del proyecto de ley que busca despenalizar a interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la diputada (PRSD) Marcela Hernando conversó con El Ciudadano, ocasión en la que explicó sus razones para apoyar la iniciativa legal. Y lo hizo desde su cuádruple condición de mujer, madre, médico y parlamentaria oficialista, esto último calificado por ella como un “dato de la causa”. Pero también aclaró que el proyecto no legaliza el aborto, sólo despenaliza tres causales. “Cualquier otra causa, como me embaracé y no quería, no quiero ser mamá, me falló la píldora o lo que sea, sigue siendo delito”. Y precisa: “Soy católica, y jamás habría abortado, pero me conmueve mucho la realidad de demasiadas niñas”.

“Me conmovió mucho el testimonio de la directora del Sename (Marcela Labraña) en la comisión (de Salud), quien dijo que de todas las niñas que se encuentran en hogares del Sename debido a una medida de protección, 2 mil 600 estaban embarazadas. Si esas son las que llegan a tener medidas de protección, cuántas más serán”, se pregunta.

Diputada, ¿cuáles son sus disquisiciones frente a la discusión que hoy y mañana se está llevando a cabo en esta Cámara, o su apoyo es vertical?

Mi convicción tiene mucho que ver con mi formación profesional, soy una mujer de terreno, tengo una mirada producto de mi encuentro con mujeres con quienes he compartido y escuchado su sufrimiento. Desde el punto de vista médico yo ni siquiera me cuestiono la primera y la segunda causa (riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal). Entre los años treinta y la dictadura militar en Chile existió el aborto terapéutico como problema sanitario, era reconocido y estaba en el ámbito de la salud, era una junta médica la que evaluaba y decidía todos los aspectos que pudiera haber, caso a caso.

Tanto en la primera y la segunda causa participé activamente en la comisión (de Salud) y escuché las dudas que tenía mucha gente, las que principalmente eran de cómo uno certifica o acredita estar seguro de una condición médica específica.

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Según la parlamentaria hoy la tecnología permite aislar las causas de inviabilidad fetal.

Hernando se refiere a los cambios de la tecnología y de cómo éstos ayudan a mejorar la certeza en el diagnóstico de inviabilidad fetal. “que hoy existan malformaciones que antes eran incompatibles con la vida, y que hoy sí son perfectamente compatibles, tiene que ver con los avances en la ciencia y la tecnología”, lo que a juicio de la parlamentaria ha contribuido a descartar cada vez más las causas que hacen incompatible la vida del feto. “Esas con las cosas que plagaron el debate, quién va a hacer el diagnóstico y cómo tenemos certeza que no sea un diagnóstico equivocado”, resumió.

¿Y qué opinión tiene respecto a la violación?

En esta causa, que aparece como “nueva”, yo hago varias distinciones. La primera es a quién está dirigida; yo diría que esa parte no está dirigida a la mujer adulta, ya que ella tiene muchas herramientas, de partida, en un gran porcentaje tiene métodos anticonceptivos, la mayoría tiene una relación de pareja, puede recurrir a la píldora del día después, está más informada.

Pueden ocurrir dos tipos de violaciones, la violación que se produce como un evento único, tan chocante que incluso la mujer acuda a un centro asistencial o haya denuncia; y si decide no denunciar, en el caso que aquello termine en un embarazo, va a tener que denunciarlo a la justicia. Respecto a una mujer adulta que es violada reiteradamente o que en el entorno familiar pudiera quedar embarazada producto de una violación reiterada, insisto en que está la píldora del día después, lo más probable es que a esa mujer es el marido el que la viola, por lo que difícilmente va a denunciar esa vioalción, por tanto, lo más improbable es que vaya a solicitar una interrupción del embarazo por causa de violación. Todo lo anterior hace que yo piense que el foco no está puesto en las mujeres adultas. Esa causa de violación, y así lo dice el Mensaje del proyecto, está puesto sobre todas las niñas.

 ¿De qué edad?

A las niñas menores de 14 años, niñitas que nunca tuvieron una regla que pasan de no tener regla a estar embarazadas porque la viola el padre, la viola el abuelo, el hermano, el primo, el que sea en su entorno familiar.

Por ello la legisladora, quien antes de llegar a la Cámara ejerció altos cargos en la región de Antofagasta (seremi de Salud, alcaldesa e intendenta), se pregunta cómo el Estado va a forzar a una menor violada a  mantener un embarazo hasta su término.

“El proyecto reconoce el derecho de la menor a decidir si continúa con la gestación. Primero se considera la palabra de la afectada, luego la del responsable de la menor, siempre y cuando no sea el que le está ocasionando el daño psicológico, en cuyo caso entra a decidir un juzgado de familia.

¿Qué tanto de la libertad de la niña está implícita en esa decisión que pasa por las manos del grupo familiar si al cabo es la familia la que puede decidir que procede el aborto?

Eso es lo que sucede hoy. Sabemos que cuando la familia presiona, (la niña afectada) lo hace. Una niña vulnerable, perteneciente a una familia que se atiende en los sistemas públicos de salud, lo que el proyecto dice es que el Estado debe asegurarle a esa niña que ella va a ser escuchada por un equipo multidisciplinario, frente al que ella podrá decir ‘no quiero que tal persona opine, es mi opinión’.

¿Por qué en vez de ocuparse de legislar sobre el aborto en caso de violación, no centrar la discusión de restablecer la pena de muerte para los violadores, o es que sus derechos son superiores al del ser en gestación?

Hay mucha gente que durante la discusión que ha dicho que esta ley va a dejar impune a violador. Eso es otra ley. Hay una ley de violación. Si una persona pide la interrupción del embarazo por violación, siendo una niña, independientemente de quien es el responsable, hay denuncia, y por tanto, es delito de acción penal pública, y eso está contemplado en otra ley, por lo que ese violador no debiera quedar impune.

Dado que en Chile no existe una pena de muerte equivalente a la que la ley está promoviendo para el feto, lo que se está haciendo es poner a un feto frente a un violador, entonces decimos, a quien matar, al feto y al violador lo condenamos a unos cinco años…

Si estuvieran en una misma ley, le creo que estuviéramos haciendo eso, pero no es así. En esta ley no estamos condenando a muerte a un feto. Desde una perspectiva legal, la Constitución dice que uno es individuo o es persona, por tanto puede vivir, desde el momento en que se corta el cordón umbilical. En lo estrictamente legal, un tipo que comete un delito de violación es persona, pero el feto no es persona mientras no se corte el cordón umbilical. Desde el punto de vista de la jurisprudencia de todos los países, ambos no tienen los mismos derechos. No me gusta, lo encuentro feo e impresentable y monstruoso, pero lo dice nuestra Constitución.

Por otro lado, la diputada aseguró que a ella tampoco le gustan esos argumentos. “No son los que utilizo yo, a mi gusta hablar del embarazo tubario. Hay gente que ni siquiera se lo cuestiona”, y explica el conflicto médico que se produce al momento de ponderar el derecho a la vida de la madre en riesgo vital y la inviabilidad de llevar a término un embarazo ectópico.

Hernando se refirió a la doctrina expuesta por el obispo de Concepción, Fernando Chomalí quien en este aspecto plantea la coexistencia de derechos de la madre y del feto. “Él sostiene que hay dos derechos a la vez, uno, la del ser que está por nacer, y el derecho a la vida de la madre que lo ha engendrado, y que en algún minuto esos dos derechos entran en conflicto”. En seguida se cuestiona: “¿qué hacen los jueces?, tiene que dirimir cuál de los dos derechos tiene más derecho. Eso es lo que ha hecho la jurisprudencia. Lamentablemente hay que hacerlo en algún momento. Esta ley no obliga a abortar a las personas que fueron violadas.

 


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