Por 64 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones la Sala de la Cámara aprobó el pasado martes 3 de noviembre la resolución 416, que solicit que Michelle Bachelet tome medidas para decretar el cierre del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, donde cumplen condena militares y agentes del Estado implicados en violaciones a los Derechos Humanos, procurando que estos condenados sean trasladados a cumplir sus condenas en centros penitenciarios comunes, como debería ser en democracia.
También se le pide a la Presienta que envíe al Congreso un proyecto de ley que permita degradar a todos los militares condenados por violaciones a los Derechos humanos.
Los legisladores dicen que «violenta aún a nuestra sociedad el hecho de que estos condenados se encuentren cumpliendo sus condenas en un centro penitenciario lleno de privilegios, y no en una cárcel comón como corresponde en justicia».
Además dicen que resulta cuestionable el hecho de los condenados por delitos de lesa humanidad sigan manteniendo altos grados militares, percibiendo importantes beneficios previsionales del Estado, lo cual sin duda violenta a familiares de las víctimas y a toda la sociedad.
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