El máximo dirigente de las organizaciones amazónicas de Perú, Alberto Pizango fue arrestado por la policía cuando regresaba de su exilio obligado en Nicaragua, en la tarde del miércoles 26 de mayo. El objetivo de su regreso fue para enfrentar las acusaciones que formuló el gobierno de Alan García, que lo acusa de ser el responsable de la matanza ocurrida en Bagua el 5 de Junio del 2009.
En la ocasión murieron 34 personas (24 policías y 10 indígenas), luego de que el gobierno aprista ordenara el desalojo desalojo a sangre y fuego por parte de un grupo de élite de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de una carretera que los indígenas amazónicos se habían tomado.
El enfrentamiento ocurrió en la llamada Curva del Diablo, cercana a Bagua, y se sospecha de que hay más víctimas, quienes habrían sido asesinados por los policías y sus cuerpos hechos desaparecer.
A Pizango lo acusa el Ejecutivo de “apología a la sedición por incitar disturbios en la amazonía”.
El dirigente llegó a Lima acompañado por la presidenta encargada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata; y la actriz alemana de ascendencia peruana Qorianka Kilcher. Amnistía Internacional también apoya a Pizango.
La detención provocó el rechazo de organizaciones sociales del Perú, las que efectúan una vigilia de solidaridad con el dirigente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas Amazonicos de Perú (AIDESEP).
Pizango estuvo asilado en Nicaragua durante 11 meses y anunció su llegada a Lima en las semanas recientes. Al pisar el aeropuerto internacional Jorge Chávez fue detenido y llevado a la División de Requisitorias en La Victoria, donde pasó la noche del miércoles, y será llevado este jueves al 37 Juzgado Penal.
Consultado sobre la situación de Pizango, el presidente García no quiso referirse al tema. “Aquí se respetarán sus derechos y estos son temas que sólo el Poder Judicial debe tratar; no soy juez ni fiscal para determinar la situación procesal de una persona”- se limitó a decir.
Por su parte, Teresita Antazú, dirigenta indígena, manifestó que el gobierno de Alan García ha sido el peor del Perú ya que es el que más daño le han hecho a la nación amazónica.
LA ORDEN DE DISPARAR VINO DE LIMA
A un año de ocurrido el enfrentamiento, no ha habido sanciones para sus responsables políticos. Organizaciones de derechos humanos culpan a la entonces Ministra de Defensa, Mercedes Cabanillas, y los generales que dieron la orden de desalojar la carretera usando balas.
Los dirigentes indígenas que se tomaron la ruta habían negociado el libre tránsito por horas para los vehículos de transporte de carga con los policías a cargo del operativo, pero estos habrían recibido la orden desde Lima de desalojar la carretera a como diera lugar.
La protesta de los indígenas se originó en la primera semana de abril del 2009, cuando se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentaban contra el derecho de posesión sobre su territorio y permitían extracciones mineras y de bosque nativo.
El garante de todo este dispositivo para la explotación de los recursos en tierras indígenas era el mismo presidente Alan García, quien usando las facultades conferidas por el Congreso mediante la Ley 29157, destinada a pavimentar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, respecto de los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Las normas priorizaban la inversión extranjera y soslayaban el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.
Estos derechos están reconocidos por la Constitución del Perú, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En julio del 2007, Alan García emitió once decretos legislativos que establecían que las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales. O sea, les dio licencia para matar. Además la ley permite condenar a alguien por el bloqueo de carreteras o vías publicas hasta con 30 años de prisión. También los decretos de García impiden a las autoridades locales y regionales apoyar las movilizaciones de sus pueblos. La criminalización de la protesta si bien se inició en la dictadura de Alberto Fujimori, ha sido seguida por García en función de asegurar adecuadas condiciones para la inversión extranjera, luego de la firma de los TLCs.
Hasta hace un año, según información de la Defensoría del Pueblo, se registraban 47 conflictos mensuales en 3300 comunidades afectadas por emprendimientos mineros; y el gobierno persigue a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les acusa de graves delitos.
Por M. B. R.
El Ciudadano
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