«Las funciones de las Fuerzas Armadas en el orden público: La necesidad de limitar su participación para fortalecer a las policías» es el título de un nuevo documento de la U. de Chile, disponible desde el 19 de julio, donde se aborda el problema de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de conflictos de orden público.
Según los datos entregados en este Policy Brief (documento que sintetiza la evidencia sobre un tema particular de política), implicarla a las FFAA en políticas de prevención y control del orden interno es un error, dado que puede aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos, socavar el principio del uso proporcional de la fuerza y debilitar las funciones militares y policiales.
En el trabajo se recuerda que durante décadas, Chile no involucró a las Fuerzas Armadas en la resolución de conflictos de orden público, pues en los primeros veinte20 años desde el retorno a la democracia, los gobiernos no utilizaron estos recursos.
Sin embargo, desde 2011 en adelante (primer gobierno de Piñera), se implementaron planes especiales que involucraron a los militares en el orden público, tales como el Plan Frontera Norte (2011).
Más recientemente, durante el estallido social de 2019 (segundo gobierno de Piñera), el control del orden público fue entregado a los militares por 15 días. Luego, en 2021, se decretó Estado de Emergencia en la macrozona sur, otorgándoles la custodia de caminos.
Por último, en febrero de 2023, el gobierno de Gabriel Boric ordenó un despliegue militar en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, para controlar la inmigración irregular.
De esta forma, esta práctica se ha intensificado en Chile, llegando a constituir una política pública en materia de seguridad.
Frente a este escenario, el nuevo Policy Brief elaborado por especialistas de las facultades de Gobierno y Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, se recomienda que la intervención militar en estas tareas sea excepcional y limitada, dando prioridad al fortalecimiento de las capacidades de las policías.
En esa línea, el contexto de seguridad a nivel país es uno de los temas más problematizados en el último tiempo. Según la última encuesta de Paz Ciudadana 2022, el miedo a ser víctima de un delito creció 7,6 puntos porcentuales, alcanzando un 28% a nivel nacional, el registro más alto de los últimos 22 años. En este escenario, abordar la seguridad nacional se ha vuelto un debate constante en la agenda pública.
Para Felipe Abbot, académico de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile e integrante del equipo redactor del documento, el trabajo legislativo en materias de seguridad «ha resultado problemático, entre otras cosas, por lo reactivo y por la abundancia de propuestas sin sustento en la evidencia o en contra de esta».
De esta manera, el profesor Abbot llamó a que el tema de seguridad pública en la agenda, no debe implicar precipitarse proponiendo soluciones inadecuadas. Por ello, frente al involucramiento de las FFAA, mencionó la necesidad de regularizar sus funciones, pues «todo ejercicio de facultades que implica uso de fuerza requiere de regulación clara y fuertes resguardos».
«En el caso de las Fuerzas Armadas, cuyas capacidades traen aparejada la fuerza más intensa, con capacidades asociadas al mayor poder de fuego disponible, esto es aún más imprescindible», recalcó el académico.
Están entrenados para la guerra
Por su parte, la redactora del documento y académica de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile, Mireya Dávila, argumentó que los militares «no están entrenados para enfrentar conflictos de la naturaleza del orden interno, sino que para ir a la guerra».
«Su fuerza y entrenamiento tiene como objetivo ser letal, pues se enfrentan a un enemigo potencial o real. Al interior de la sociedad, la lógica no debe ser la del enemigo, sino la de prevención y control de grupos delictuales. Para esto, el Estado debe encomendar a las policías la misión de responder a los desafíos actuales de seguridad pública», planteó Dávila.
Dado lo anterior, y conscientes del escenario nacional de aumento en las tasas de violencia y delitos, el documento también brinda recomendaciones dirigidas a la regulación constitucional y legal de roles militares ante excepciones nacionales.
El objetivo aquí es asegurar un enfoque equilibrado y respetuoso con los derechos humanos, así como también fortalecer el estado de derecho y las instituciones democráticas.
En específico, el escrito señala que las normas constitucionales que regulen funciones de las Fuerza Armadas en tareas de orden público deben ser detalladas respecto a alcances de excepcionalidad, estableciendo criterios objetivos, concurrencia del Congreso, y considerando el uso de militares en tareas de orden público de manera excepcional y por un tiempo acotado.
Así, el documento propone la designación de una autoridad civil como líder en estas circunstancias, la restricción temporal de dicha intervención, la capacitación militar en línea con las normas de derechos humanos y el establecimiento de un sistema transparente de rendición de cuentas.
El Policy Brief señala, asimismo, que en circunstancias donde las fuerzas actúen en el resguardo del orden público deben hacerlo capacitadas específicamente y de acuerdo al Código de Conducta de las Naciones Unidas, el cual es aplicable a las policías.
Finalmente, postula que es preciso que el Estado desarrolle una política integra de seguridad que incluya la reforma a Carabineros, la cual disminuya las brechas en personal, recursos logísticos y capacitación, permitiendo que las policías retomen de manera exclusiva las tareas que les corresponden.
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