¿Dónde están?: Los dos detenidos desaparecidos de la democracia chilena

El 2005 la democracia chilena post dictadura terminó de ser desnudada. Un joven de Puerto Montt llamado José Huenante había sido arrestado por policías y nunca más apareció. Con al menos medio centenar de muertes vinculadas a sus agentes, el Estado chileno ese año mostró que también podía hacer desparecer personas. En 2009 el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales asoció el caso de Huenante con la “desaparición forzada de personas”. Desde entonces la prensa comenzó a hablar de él como “el primer detenido desaparecido en democracia”.

Diez años después de lo ocurrido al joven sureño, otros agentes del Estado hicieron lo mismo con otro muchacho que el pasado 13 de septiembre fue arrestado y nunca más volvió. Es el segundo detenido desaparecido en democracia. También se llama José, José Vergara, y comparte con Huenante mucho más que esa triste calificación.

LA DESAPARICIÓN DE HUENANTE

El 3 de septiembre de 2005 fue el último día que los amigos de José Gerardo Huenante Huenante lo vieron vivo en Puerto Montt. Entonces tenía 16 años. Según relató al periodista Nicolás Binder -autor del libro “La vida breve de José Huenante” (Ceibo, 2013)- Nelson, uno de los testigos y amigo de Huenante, tras un incidente con una patrulla de Carabineros que habría recibido piedrazos José fue perseguido por estos, alcanzado y luego “arrojado con fuerza al interior del móvil” por dos uniformados.

El Ministerio Público logró acreditar que José fue efectivamente detenido por los policías, quienes esa noche participaban de un operativo realizado en la población Vicuña Mackenna donde Huenante compartía con sus amigos. En marzo de 2009, casi 4 años después, fueron procesados por el delito de secuestro y sustracción de menores el Sargento 2º Juan Altamirano, el Cabo 1º Patricio Mena y el Cabo 2º César Vidal, quienes no pudieron explicar lo realizado entre las 2 y las 6 de la madrugada en que desapareció Huenante. Estos tres carabineros se negaron a participar de la reconstitución de escena. Además, uno de ellos- Altamirano- había reconocido en 2008 haber cambiado el número de detenidos de 2 a 1, cuestión que negó posteriormente. Por otra parte, se ha comprobado que luego del hecho fue adulterado el libro de kilometraje de la patrulla policial involucrada.

Sin embargo, la investigación fue luego de esto derivada a la Fiscalía Militar de Puerto Varas. Desde entonces no ha habido avances. Por el contrario, el año 2012 se intentó sobreseer a los policías sindicados, decisión que fue apelada, por lo que la Corte Marcial debe confirmar todavía que no procesará a los tres acusados.

Es por ello que el pasado 9 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt en contra de todos los que resulten responsables por la desaparición de Huenante. “Lo que buscamos es que la justicia civil se declare competente y ahora sí exista una investigación imparcial que por lo menos se haga cargo de qué fue lo que ocurrió con la desaparición de José Huenante. Es una obligación del Estado”, dice el abogado del INDH, Luis Torres.

Este martes 2 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt revisará la admisibilidad de las acciones legales que presentó el INDH y la familia Huenante, y establecerá si la justicia civil es competente para conocer esta causa.

LA DESAPARICIÓN DE VERGARA

El 13 de septiembre pasado fue el último día que el padre de José Antonio Vergara Espinoza, de 22 años, vio con vida a su hijo. El progenitor había llamado a Carabineros debido a una violenta crisis que afectaba al joven que padece esquizofrenia. Un carro policial llegó al domicilio ubicado en la población La Tortuga, de Alto Hospicio, desde donde los uniformados se llevaron esposado a Vergara.

A raíz de este hecho cuatro carabineros de la Región de Tarapacá fueron dados de baja y el pasado martes 27 de octubre se realizó su audiencia de formalización. El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva  en una cárcel -y no en la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, donde estaban hasta ese día- para los ex policías Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Abraham Caro Pérez y Manuel Carvajal Fabres, quienes fueron imputados por los delitos de secuestro calificado y falsificación de instrumento público. Durante la formalización se dio a conocer que los detenidos habrían tenido acceso a celulares y redes sociales mientras permanecían en ese recinto.

El abogado del INDH cuenta que durante tres semanas los uniformados negaron su participación, llegando hasta afirmar que no lo detuvieron. Una vez que no pudieron sostener esta versión, declararon que para evitarse lo engorroso del procedimiento lo soltaron cerca de la localidad Caleta Buena, por el desierto. “Ahora, eso es lo que dicen, porque hay quienes sostienen que lo más seguro es que a esta persona –como manera de castigarlo, porque estaba haciendo desorden- lo han golpeado, se les pasó la mano, puede haber muerto y está enterrado en alguna parte”, plantea Torres.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN HUENANTE Y VERGARA? 

Junto con haber desaparecido en manos de carabineros, José Huenante y José Vergara comparten ser jóvenes de poblaciones, allí donde la represión es permanente y es vista como una respuesta del Estado frente a la exigencia de “seguridad” y “control de la delincuencia”, sobre todo en sectores estigmatizados por las autoridades y los medios de comunicación.

Allí las detenciones ilegales, las torturas y los procedimientos fuera del margen de la ley son aún más invisibilizados que en otros lugares. Algo que se agudiza si se considera que ambos fueron detenidos en regiones, por lo que las posibilidades de sus familias de presionar, por ejemplo a través de los medios de comunicación, choca con la pared del centralismo que fija la mayor parte de su atención en lo que ocurre en Santiago.

El factor socioeconómico también opera en estos casos a la hora de recibir la atención de la justicia. En el de José Vergara afortunadamente eso ha sido algo distinto, principalmente porque los involucrados en su desaparición no pudieron sostener por mucho tiempo su tesis de que no habían estado con él. Sin embargo, en el de Huenante su condición ha sido un factor relevante. “La familia de José al percatarse de su desaparición inició inmediatamente su búsqueda, la cual hasta el día de hoy no ha tenido ningún resultado. Al dar cuenta su familia de esta desaparición a las autoridades, recibió una actitud indiferente. Era el caso de un joven de población, de familia de origen mapuche, que no ameritó la preocupación que hemos visto en otros casos de desaparición, cuando el afectado es de un origen social distinto”, plantea Sergio Millamán, abogado de la familia Huenante y miembro del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano.

Los destinos de José Huenante y José Vergara también se unen cuando se consideran las circunstancias en las que ambos desparecieron. A diferencia de otros hechos de represión por parte de la policía, aquí esta no necesariamente es motivada por razones políticas u ocurren en acciones ligadas a ellas, sino que –como hemos dicho- suceden en contextos de marginación y pobreza.

Si bien en los casos a mencionar el resultado de la acción de uniformados fue la muerte del detenido, el tipo de represión que sufrieron Huenante y Vergara fue la que también se ejerció en 2006 contra Yovani Reyes, a quien se le produjo la muerte al interior de una comisaría en Playa Ancha luego de ser detenido por consumir alcohol en la vía pública. Otro caso es el de Daniel Riquelme, quien fue muerto a golpes el 2010 tras ser arrestado por una patrulla de infantes de Marina por violar el toque de queda que se impuso en Hualpén luego del terremoto del 27 de febrero de ese año. Y el 2014 Jorge Aravena falleció –según Carabineros- luego de permanecer detenido al interior de un furgón policial en Rancagua durante siete horas a pleno sol, sembrando las dudas entre los familiares respecto de si también hubo violencia contra él por parte de los uniformados.

Jorge Burgos

Sin ir más lejos, fue precisamente en Alto Hospicio, de donde era José Vergara, donde hace 14 años se produjo uno de los crímenes seriales más recordados del país, cuando “El Psicópata de Alto Hospicio” asesinó a 14 escolares, siendo el caso recordado por el indignante tratamiento que se le dio.

La policía y la prensa de la época hasta llegaron a acusar de prostitución a las muchachas para explicar su desaparición. Pero no solo fueron ellos. El entonces subsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos y actual ministro del Interior, Jorge Burgos, declaró que las mujeres habían abandonado voluntariamente su hogar motivadas por “situaciones de violencia intrafamiliar, promiscuidad y extrema pobreza”.  

¿POR QUÉ HABLAMOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS?  

Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Es esta definición la que llevó en 2009 al Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales a vincular el caso de José Huenante con la “desaparición forzada de personas”. De ahí que, como ocurría en la dictadura, se use el término detenido desaparecido cuando se haga referencia a la desaparición forzada. Como explica el abogado del INDH, Luis Torres, “si bien la categoría de detenido desaparecido no existe normativamente, esta es una nomenclatura de uso más cotidiano”.

“Los antecedentes recabados en esta causa, dan cuenta que estamos frente a un caso de desaparición forzada, delito de lesa humanidad que el Estado de Chile tiene la obligación de prohibir, investigar y de castigar a sus responsables”, dice el abogado de la familia Huenante, Sergio Millamán, respecto al caso del joven de Puerto Montt.

Por su parte, el abogado del Instituto, que también es querellante en el caso de José Vergara, agrega que si bien en esta causa se formalizó a los carabineros por secuestro calificado, “nosotros seguimos llamándolo como se llama esto en el derecho internacional de los derechos humanos y los tratados internacionales, que es desaparición forzada de personas”.

LA MOLESTIA DE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN

Cuando al ex vicepresidente de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, le consultaron por la categoría de “detenido desaparecido” de José Huenante surgida en 2009 la calificó como “insólita” e “irresponsable”, planteando además que con ello se “desprestigiaba” lo que se había hecho en la defensa de los Derechos Humanos durante esos años.

Por su parte, José Antonio Viera-Gallo, ministro secretario general de la Presidencia durante el mismo gobierno, acusó a la Universidad de confundir a la opinión pública respecto de los conceptos de detención y desaparición forzada, planteando que “nos parece completamente inexacto e inapropiado hablar de que en Chile haya un caso de detenido desaparecido (en democracia)”, argumentando para ello que en el caso de Huenante no había persecución política.

Una suerte de «requisito» que, sin embargo, no aparece en lo planteado por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Es decir, el nombrar a alguien como detenido desaparecido de forma consuetudinaria tiene que ver básicamente con que su desaparición es producto de la acción de agentes del Estado o personas autorizadas por él, y no necesariamente las razones por las que esta acción se lleva a cabo.

De ahí que en su libro sobre José Huenante, el periodista Nicolás Binder plantee que este ha sido un crimen “ignorado por el gobierno de Ricardo Lagos” y “ninguneado por el gobierno de Michelle Bachelet”.

“Ambos casos, y es lo que nosotros hemos dicho, constituyen casos de desaparición forzada, en donde la desaparición es atribuible a un agente del Estado y esa es una grave violación de los derechos humanos”, dice el abogado del Instituto de Derechos Humanos, Luis Torres, querellante en ambas causas. Torres puntualiza que si bien hay una diferencia con la dictadura -porque las desapariciones no son una política de Estado ni sistemáticas- “los casos de personas que siguen despareciendo a causa del Estado, siguen ocurriendo; eso te lo demuestra estos dos casos”.

“A NIVEL POLÍTICO TODAVÍA NO SE LES HA TOMADO EL PESO”

Quisimos saber la posición del Gobierno hoy sobre el tema de los detenidos desaparecidos en democracia y consultamos de ello al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Jorge Escalante, encargado de Comunicaciones, plantea que “el Programa no puede dar una opinión sobre eso porque su ámbito de acción son las víctimas de la dictadura calificadas por la Comisión Rettig y Valech, entonces no nos podemos pronunciar”. “No tenemos atribuciones, ni siquiera tenemos atribuciones para meternos en los casos de tortura cometidos en dictadura. Entonces lamentablemente el programa no puede opinar sobre esos casos”, explicó el periodista.

Al abogado del Instituto de Derechos Humanos le parece “grave” la posición que ha manifestado por años el Gobierno frente a estos hechos, “sobre todo en el caso de José Huenante, que ya lleva 10 años”. “Y no solo porque despareció”, agrega Torres, sino “porque son 10 años sin respuesta del Estado, es decir, sin investigación rigurosa, porque esto se quedó en Justicia Militar, donde nunca se aclaró nada, porque ese sistema favorece la impunidad”. El caso de Huenante, agrega, “es un ejemplo de la negligencia y también de una falta de hacerse cargo por parte del Estado”.

Respecto al de José Vergara, Torres plantea que “por lo menos las instituciones están funcionando: La fiscalía lo está investigando, los tribunales han decretado la prisión preventiva y el juicio va a caminar. Entonces ha habido respuesta”. Sin embargo, respecto al ámbito político, sostiene: “Yo no he visto a ninguna alta autoridad haciendo su mea culpa. A nivel político, de las autoridades, yo creo que todavía no le han tomado el peso”.

Por Daniel Labbé Yáñez