Durante 2009 aumentaron en México violaciones a los DDHH por parte del Ejército

De acuerdo al Informe de Amnistía Internacional, las autoridades desecharon las investigaciones para hacer justicia en graves violaciones del pasado. “La impunidad está muy arraigada», reveló el organismo.

Amnistía Internacional (AI) acusa que en México aumentaron los informes sobre “graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del Ejército» que realizaban tareas policiales a raíz de que las autoridades han emprendido una lucha contra el narcotráfico que ha desatado una ola de creciente de homicidios.

Al presentar su informe 2010, el organismo destacó que en la región de América Latina, México y Colombia son dos de los países que han sido blanco de violencia. El primero de ellos por la guerra contra los cárteles del narcotráfico, y el segundo por el añejo conficto guerrillero y paramilitar.

En México, tres años después de que el presidente Felipe Calderón asumiera y lanzara una campaña militar contra los cárteles de la droga -que se enfrentan entre sí y con fuerzas de seguridad-, los asesinatos han crecido a niveles sin precedentes de casi 23 mil muertos desde 2006.

El documento también da cuenta de que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes y asesinaron a algunos de ellos. Asimismo, fueron frecuentes las violaciones sexuales de mujeres migrantes. Tan solo en julio del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó el elevadísimo número de secuestros por dinero y otros abusos sufridos por migrantes a manos de bandas de delincuentes. Se estimaba que hasta 10 mil indocumentados podian haber sido secuestrados durante los seis meses anteriores.

Lo alarmante en este sentido, señaló el organismo, es que las autoridades mexicanas desecharon las investigaciones para hacer justicia en graves violaciones del pasado. “La impunidad está muy arraigada».

El informe destaca los casos de las indígenas ñañú Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes permanecieron tres años en prisión luego de ser acusadas injustamente de haber secuestrado a seis agentes federales en Querétaro.

También menciona el caso Lomas de Poleo, en el estado de Chihuahua, en el que durante seis años se emprendió una campaña para expulsar a familias de sus hogares con el fin de iniciar un proyecto de desarrollo comercial. Al finalizar 2009, señala AI, el tribunal agrario no se había pronunciado al respecto.

Por lo que toca al rubo de violencia de género, Amnistía se refiere al dictamen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo sobre Campo Algodonero, el cual acusa al gobierno mexicano de haber incurrido en discriminación para investigar los hechos y de no haber protegido a las tres mujeres asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, así como tampoco garantizó una investigación efectiva sobre su secuestro y posterior asesinato.

En ese sentido, la CIDH ordenó una nueva investigación, la reparación de daños a los deudos de las víctimas, así como una investigación dirigida a los funcionarios involucrados.

Asimismo, incluye críticas por los fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto de San Salvador Atenco, el cual precisa que sólo se podían pedir cuentas de las violaciones a derechos humanos y de las agresiones sexuales sufridas por las víctimas a los agentes implicados directamente en el operativo, pero no a los altos mandos que ordenaron las agresiones.

Por Víctor Ballinas

La Jornada

Más información: amnistia.org.mx