Organizaciones indígenas y sindicales y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ratificaron este lunes el «paro indefinido» mientras no se derogue el decreto 883 que dispuso la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel
El movimiento político Fuerza Compromiso Social (FCS) de Ecuador denuncia graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Lenín Moreno, luego de seis días de un paro nacional que protagoniza el pueblo ecuatoriano, el Estado de excepción decretado por el Gobierno y la la criminalización y represión de la protesta popular.
A través de un comunicado firmado por Gabriela Rivadeneira, responsable de Relaciones Internacionales de la organización política que integran fuerzas que respaldan la Revolución Ciudadana, el movimiento denuncia cientos de detenciones ilegales, uso indiscriminado de la fuerza y decenas de heridos por parte de las autoridades.
“Ecuador vive una crisis sólo comparable con tiempos de dictadura, el terrorismo de Estado ha vuelto a nuestro país como consecuencia de una grave ruptura del Estado de Derecho”, expone el texto.
Asimismo, el paro nacional se convocó a partir del “Paquetazo” económico anunciado por Moreno, medidas tras las cuales “el pueblo ha salido a las calles espontáneamente a manifestarse ante tanto retroceso de derechos y medidas de grave impacto social, provocando, literalmente, la parálisis del país y una fuerte conmoción interna”.
El Movimiento condena la respuesta del Presidente: Estado Excepción por un periodo de 60 días y la orden a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía Nacional en la represión y criminalización de la protesta social.
Detenciones y persecuciones
“Llevamos contabilizados más de 500 detenidos ilegales, decenas de heridos provocado por las fuerzas represivas, la detención ilegal de dirigentes gremiales, sociales, líderes indígenas. Se han detenido en las últimas horas a prefectos (electos por la voluntad popular), dirigentes sindicales que han convocado a manifestaciones, y se está realizando una deliberada persecución e inculpación a los líderes de la oposición, principalmente de la Revolución Ciudadana”, denuncia Rivadeneira.
Moreno ha ofrecido sus últimas dos cadenas nacionales desde Guayaquil, ciudad a la cual mudó su sede de Gobierno para mantenerse alejado de los disturbios y el estallido social. En ellas se limita a culpar a los líderes de a Revolución Ciudadana como responsables de los paros y movilizaciones nacionales a lo largo y ancho del país.
“Más allá de sus irresponsables dichos, dado que las convocatorias son de diversos y amplios sectores del tejido social, la verdadera intención es inculpar para detener, encarcelar y proscribir a los líderes de la Revolución Ciudadana”, asegura Rivadeneira.
Terrorismo de Estado
El movimiento FCS también denuncia que existe hoy en Ecuador un “terrorismo de Estado, mediante el uso indiscriminado de la fuerza, detenciones arbitrarias, fallecidos y centenares de heridos provocados por la feroz represión, el ilegal allanamiento de los domicilios de los dirigentes y la estigmatización de los líderes de la oposición”.
Debido al arbitrario allanamiento de los domicilios de dirigentes a lo largo de todo el país, al menos “20 de las 24 provincias se encuentran paralizadas en su totalidad”.
“Ha sido una nueva traición (de Lenín Moreno) al plan de gobierno que ganó en las urnas. Ante ello, la reacción de reprimir y criminalizar a los ciudadanos en su legítimo derecho de protesta provoca el rechazo absoluto de la Revolución Ciudadana”.
Rivadeneira adelantó que solicitaron a la Asamblea Nacional que se convocara al pleno a sesionar para tratar el Estado de Excepción y el paquete económico, como así también que se utilicen los medios constitucionales para solucionar la crisis y poner a disposición la renuncia de todos los asambleístas a fin de convocar a elecciones.
No obstante, “la respuesta de la Asamblea Nacional ha sido negar el debate y suspender sus actividades, lo que implica un nuevo golpe al orden democrático”.
Por ello, tal como lo ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otros organismos de defensa de los Derechos Humanos, el movimiento FCS exhorta a la comunidad internacional para que condene la violencia de Estado y la persecución institucionalizada en Ecuador.
El Paquetazo SÍ va
Por su parte, durante los últimos días el presidente Lenín Moreno ha reiterado -una y otra vez- que no tiene pensado revocar el paquete de medidas económicas que desató las álgidas protestas.
«Se acabó la zanganería», aseveró durante una rueda de prensa el pasado fin de semama, al referirse a la eliminación del subsidio a la gasolina y al diesel, reseñó el portal de Telesur.
De igual manera, el Mandatario dice que las fuertes protestas son culpa de «agitadores», financiados por Nicolás Maduro y Rafael Correa, y por eso seguirá respondiendo con firmeza a los «hechos delictivos».
«Cuando ellos (la oposición) sean mandatarios podrán ejecutar sus planes, por el momento ahora soy el Presidente y me ha tocado tomar decisiones, y no me tiembla la mano para hacerlo«, sentenció Moreno.
Las movilizaciones continúan
En tanto, organizaciones indígenas se sumaron al rechazo de las medidas económicas, consideradas sumisas a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un movimiento con miles de ellos arribó a Quito y provocó la movilización de Moreno hacia Guayaquil.
De acuerdo con Telesur, llegaron a Quito desde zonas andinas del centro y norte del país, y marcharon hasta el palacio presidencial para presionar al Gobierno a “desistir de la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, que había estado vigente por décadas”.
En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas asegura que han movilizado hasta el momento a unas 5.000 personas hasta Quito y que otros grupos estaban avanzando desde el norte del país, reseñó el medio.
Además, las protestas también tienen como protagonistas a grupos de izquierdas, sindicalistas y jóvenes de distintas afiliaciones políticas de oposición, a los que se sumaron los primeros miles de indígenas, de cara a una movilización masiva convocada para este miércoles.
Estado de emergencia
Por todo ello, Quito se encuentra bajo estado de emergencia grave, declarado por el alcalde Jorge Yunda, mientras dure el período de excepción decretado por Moreno. Quizás por ello fue que la Corte Constitucional de Ecuador redujo a 30 días el estado de excepción en Ecuador, decretado por el Mandatario.
Las organizaciones indígenas y sindicales y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ratificaron este lunes el «paro indefinido» mientras no se derogue el decreto 883 que dispuso la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel.
Las protestas, no vistas en el país desde hace 12 años, dejaban hasta este martes dos fallecidos, 73 heridos y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con autoridades.
El pasado martes 2 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció un conjunto de medidas económicas tras la intervención financiera del FMI, por lo que los ciudadanos de a pie han catalogados estos anuncios como «paquetazo» que afectan sustancialmente al pueblo.