Ecuador: Lo que se sabe de la presunta red de corrupción en el Gobierno de Lasso

A principios de enero inició un escándalo en Ecuador, luego de que un medio local revelara la existencia de una presunta trama de corrupción al interior de empresas públicas del país suramericano.

En enero pasado, el portal digital La Posta publicó un informe periodístico en el que exponía la existencia de una supuesta red de corrupción que estaría operando principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Más adelante se señaló que la trama también se extendía a la petrolera estatal Petroecuador.

Esa trama estaría liderada por Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, reseña RT.

Carrera está casado con María Eugenia Lasso Mendoza, hermana mayor del mandatario. Además, es uno de los principales socios y titular del Directorio del Banco de Guayaquil, la misma entidad en la que el ahora gobernante estuvo como presidente ejecutivo durante casi dos décadas, hasta 2012.

La Posta bautizó el caso como ‘El Gran Padrino’, alias que le asignaron al familiar del mandatario. De acuerdo con el medio, Carrera, pese a no tener ningún cargo en el Gobierno, maneja las empresas públicas y es quien decide qué firmas privadas trabajan con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.

Se dio a conocer también que el operador de confianza del cuñado de Lasso sería Rubén Cherres, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y estaría siendo procesado por narcotráfico.

Nombramientos y nexos con la mafia en Ecuador

Durante el último mes se han ido revelando audios, imágenes y otras presuntas pruebas ligadas a esta supuesta red de corrupción.

Se ha conocido que Carrera y Cherres habrían tenido influencia en la designación de cargos en distintos puestos en el Gobierno. Por ejemplo, de acuerdo con la investigación periodística, el cuñado de Lasso habría influido en el nombramiento de Hernán Luque en la presidencia del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), estando en ese cargo entre julio de 2021 y diciembre de 2022.

Asimismo, habrían tenido injerencia en la designación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura y Ganadería; y en que Eduardo Cherres, hermano del supuesto operador de Carrera, obtuviera el cargo de subgerente de BanEcuador.

La última fuerte revelación se hizo el lunes pasado, cuando se informó que el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.

El mismo portal digital La Posta, basándose en un informe realizado por la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional, al que tuvo acceso, dio a conocer que esos supuestos nexos serían a través de Cherres.

Con ese informe policial, presuntamente se comprobarían reuniones de Cherres e integrantes de la mafia albanesa en varias ciudades del país, como una registrada en Guayaquil y otra en una empresa en Manta, que habría sido utilizada como fachada por la organización delictiva para la comercialización de drogas.

También se dijo que Cherres y sus «socios» habrían financiado con al menos «un millón y medio» de dólares la campaña de Lasso a la Presidencia en 2021.

Reacciones de Lasso

El jueves 12 de enero Lasso rompió el silenció que primó los primeros días después de la publicación periodística y defendió a su cuñado.

«Danilo Carrera es una persona a la que estimo mucho, lo conozco ya 64 años. Un hombre intachable que no puede ser denigrado usando su cara como logo de narcotráfico», dijo en esa oportunidad.

Esa defensa la repitió en un reciente mensaje que dio a la nación el martes 14 de febrero. Ahí, dijo reconocer que su cuñado «pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo».

En ese mensaje insistió en que no se ha probado ningún caso de corrupción en su mandato y que ninguno de sus familiares ha participado en su administración.

«Nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos […] Este es un Gobierno honesto. No existe una trama, red o estructura de corrupción», expresó.

Por otro lado, el mandatario de Ecuador ha arremetido contra La Posta y sus periodistas. A principios de febrero, sin nombrar al medio, los acusó de cometer «asesinato a la reputación».

«Una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que, bajo el título de periodistas, desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un Gobierno honesto y un asesinato a la reputación de un presidente de la República que no acepta chantajes, no acepta condicionamientos y que jamás pautará a cambio de que le aplauda ningún medio de comunicación», expresó entonces, durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, realizada en Quito.

En ese mismo discurso dijo que su administración está siendo atacada: «Como el Gobierno hace obras, como pone en orden la economía […] estamos bajo ataque. Un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi Gobierno y mi honra personal, cosa que no lo vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario».

En su más reciente mensaje, visiblemente molesto, dijo que el medio La Posta y sus periodistas han agredido su «integridad» y la de su familia.

Los acusó de crear «una historieta falsa, falaz, insultante, aupados en la libertad que han violado» y de dar a conocer «una novela semanal, cada vez más irreal».

Asimismo, dijo que el medio lo que busca conseguir con las denuncias que ha hecho son «prebendas y canonjías» y que lo que les interesa es «el caos» y «monetizar el escándalo».

«Ya los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron. Aquí está un Gobierno serio, transparente y fuerte, y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana», advirtió.

Gobierno versus Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Ecuador (FGE) abrió una investigación respecto a esta presunta red de corrupción en las empresas públicas. El caso fue denominado como ‘Caso Encuentro’, que parece ser sacado del eslogan que la administración de Lasso hace en sus publicidades: «Gobierno del encuentro».

A mediados de enero, la FGE realizó allanamientos en los domicilios de las personas investigadas por ese supuesto caso de corrupción en las ciudades de Quito, Guayaquil y Samborondón.

Recientemente hubo un impasse entre el Gobierno y la FGE, después de que el pasado sábado 11 de febrero la Policía Nacional informara sobre el traslado de 37 agentes que habían sido designados como investigadores de la Fiscalía.

«Estas medidas significan una clara intromisión en la Justicia», se quejó la FGE, al tiempo que señaló que limitarían el trabajo que ya se venía realizando en diferentes causas y presentan avances importantes, incluyendo el ‘Caso Encuentro’.

Posteriormente, el Ministerio Público informó que había presentado una medida cautelar autónoma ante un juez de Garantías Jurisdiccionales-Constitucionales, que resolvió suspender la medida.

¿Juicio político en Ecuador?

Por otro lado, la Asamblea Nacional (Parlamento) creó la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción para investigar el caso.

El pasado lunes estaba citado el mandatario ecuatoriano a una sesión de esta Comisión, sin embargo, se excusó y no asistió, alegando «temas de agenda».

«Parece que el presidente busca garantizar la impunidad y proteger a Danilo Carrera. Su actuación obstruye el trabajo de la Comisión», dijo la asambleísta Viviana Veloz, quien preside la instancia legislativa.

La Comisión, que ha recibido a otros funcionarios y a representantes de La Posta, tiene previsto tener listo su informe sobre el caso la próxima semana. La clave estará en las recomendaciones que hagan los legisladores, que podría incluir el llevar a cabo un juicio político contra el mandatario.

El artículo 129 de la Constitución de Ecuador establece tres causales por las cuales el Congreso puede enjuiciar al presidente: por delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

«Se podría sugerir un juicio si el informe sale con cualquiera de esas causales, pero todavía no se sabe cómo van a salir los textos», dijo la legisladora Mireya Pazmiño, quien forma parte de la Comisión que investiga el caso, citada por La Hora.

De acuerdo con ese medio, fuentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional le revelaron que se prepararan para tres escenarios críticos. El primero de ellos es el posible juicio político a Lasso.

El segundo, un nuevo levantamiento popular en Ecuador, como el ocurrido en junio del año pasado, que estuvo liderado por el movimiento indígena. Esto podría dar pie a que la Asamblea Nacional busque la destitución del mandatario, basándose en el artículo 130 de la Constitución, por «grave crisis política y conmoción interna».

Y el tercer escenario es la denominada «muerte cruzada», que ha sido un ‘fantasma’ recurrente entre el actual Ejecutivo y el Legislativo. Se trata de una facultad jurídica, contemplada en la Constitución ecuatoriana, que permite al presidente de la República disolver a la Asamblea Nacional o faculta al Congreso para destituir al mandatario.

Este escándalo en Ecuador crece en medio de un momento duro para el Gobierno, puesto que el domingo 5 de febrero tuvo un revés electoral, cuando la ciudadanía rechazó las preguntas de un referéndum constitucional impulsado por el Ejecutivo y se inclinó mayoritariamente por candidatos de tendencia progresista para las prefecturas provinciales y las alcaldías.

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