Las restricciones y la desinformación sobre el acceso a la interrupción voluntaria de un embarazo no planificado, en la mayoría de las entidades del país, aumentan los riesgos para la salud y la vida de miles de personas.
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Además, el acceso voluntario al aborto no es algo que debería estar en el código penal, sino ser tratado como un asunto de salud pública, según señala Valeria Gaona, representante de la organización “Ddeser” (Red por los derechos sexuales y reproductivos en México).
Derechos de los que no se informa lo suficiente
Aunque la única causal permitida en todo el país para interrumpir un embarazo sea la violación sexual (desde 2005), está poco difundido que esta interrupción es legal y debe garantizarse por medio de protocolos, sin necesidad de ser demostrado por medio de una denuncia.
Como resultado del acuerdo establecido en la Ley General de Víctimas y la NOM 0-46, en caso de que la víctima sea menor de doce años, el protocolo debe aplicarse sin otro trámite que la solicitud de los tutores.
A pesar de ello, se tiene registro de que se ha negado este derecho a solicitantes, como en el caso de Veracruz, estado que desde 2021 legisló a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Tuvo amplia difusión el caso de dos niñas de doce años que fueron víctimas de violencia sexual y a las cuales se negó el derecho a una interrupción segura del embarazo.
Las menores pasaron a la estadística de 2 mil 676 niñas, de 10 a 14 años, que han sido forzadas a ser madres -en los últimos cuatro años- pese a protocolos que obligan a las autoridades a dar apoyo de emergencia en estos casos, según lo marca la ley, como lo reseñó la periodista Flavia Morales para la revista Proceso.
Esa experiencia deja claro que tanto médicos como funcionarios jurídicos de las instituciones de la salud, deben informarse para atender situaciones en las que peligran la vida y el desarrollo personal de las mujeres.
Abonando a las prácticas restaurativas y a los derechos sexuales y reproductivos, en México recientemente se visibilizó la campaña de la red de médicos ¨Salvemos Miles de Vidas¨ @salvemosmilesdevidas.mexico que busca promover el aborto seguro para salvaguardar la vida y la integridad de quienes lo requieran, posicionándose a partir de sus propias experiencias como médicos especialistas gineco-obstetras. Esta campaña invita a médicos y a la sociedad civil a informarse sobre el aborto seguro, más allá de las creencias personales. Los médicos de la red han denunciado los peligros a los que se enfrentan las mujeres gestantes al someterse a abortos en clandestinidad, sin información y sin recursos.
Personal médico tiene miedo a represalias
Sobre estos temas, Valeria Gaona, representante de la organización “Ddeser” (Red por los derechos sexuales y reproductivos en México) integrada en su mayoría por mujeres y jóvenes activistas, señala que
su compromiso se dirige desde la orientación y mediación con los tomadores de decisiones en todos los niveles gubernamentales, tanto en los ámbitos educativos, sociales, legislativos, judiciales y de salud.
La Red realiza actividades desde hace diecinueve años y actualmente tiene presencia en doce estados del país: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Yucatán, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo y Querétaro.
Desde su experiencia, Valeria Gaona menciona que “las condiciones actuales para acceder a un aborto en México, por alguna de las causales permitidas, puede variar acorde al peritaje médico, sobre todo cuando se respalda como una interrupción por peligro a la salud o por peligro de muerte”.
Señala que en estados como Guerrero, en ocasiones no se cuenta con médicos que puedan autorizar o brindar el peritaje necesario para realizar el procedimiento. En otros estados las condiciones pueden variar y en algunos suele ser necesaria la mediación de activistas para brindar acompañamiento a quienes requieran interrumpir un embarazo por alguna causal.
La representante de ¨Ddeser destaca que es un obstáculo importante la falta de socialización de los protocolos y de información que respalda el acceso a un aborto seguro desde marcos legislativos.
Valeria Gaona comenta que hay médicos y del sector salud con temor a represalias, por falta de información y conocimiento, por lo que también son necesarios un acompañamiento jurídico y capacitación.
Subraya que el acceso voluntario al aborto no es algo que debería estar en el código penal sino ser tratado como un asunto de salud pública y debe brindar servicios integrales, modificaciones a las leyes de la salud y seguimientos.
La necesidad de descentralizar el derecho humano al aborto y entenderlo como una decisión personal, así como el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas con capacidad de gestar, además de priorizar la aplicación correcta de los protocolos desde una revisión integral.
Igualmente, queda como lección que reducir el acceso al aborto seguro a causales de no punibilidad, solamente reproduce un sistema de desigualdad, pues se dan a unos cuantos las garantías elementales para acceder a la salud integral y el poder decidir sobre el propio cuerpo se convierte en un privilegio.
Ilustración: Iván Rojas
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