Morir esperando justicia: La perversa estrategia que tiñe de impunidad al Tribunal Constitucional

Este lunes organizaciones de Derechos Humanos, encabezadas por aquellas que llegaron desde Ñuble, acudieron al Tribunal Constitucional con el objetivo de presentar un requerimiento -junto a más de 2.500 firmas- que en términos generales busca que dicha instancia libere las causas por violaciones a los Derechos Humanos que tiene en su poder, para que sean los tribunales de Justicia los que las resuelvan.

Son más de 40 las causas de Ñuble que están hoy paralizadas en el TC dado la admisibilidad que el Tribunal otorgó a recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados por las defensas de los acusados.

Algo que en la práctica -según denuncian las agrupaciones- se ha traducido en una eficaz estrategia utilizada por ex uniformados para torpedear los procesos que la Justicia ordinaria sigue en su contra. De acuerdo a información publicada por Radio Universidad de Chile, de 30 causas de Derechos Humanos que han ingresado al TC entre noviembre de 2015 y el 1 de abril pasado, a 21 se les ha aplicado la suspensión del procedimiento y 12 se encuentran pendientes.

Morir esperando

Rosario Peña, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, señaló que el objetivo es que «estos casos salgan de este tribunal y se vayan donde tienen que estar, para que podamos estar tranquilos nosotros como familiares, de que se está haciendo justicia».

Rosario Peña junto a la diputada Loreto Carvajal y el abogado Fernando Atria

Junto a ellos estuvo también el reconocido abogado constitucionalista Fernando Atria, quien explicó que la presentación que se realiza ante el TC busca que el tribunal «agilice la tramitación de recursos de inaplicabilidad en causas vinculadas a Derechos Humanos que se encuentran en este momento suspendidas por un largo tiempo».

Atria destacó que se requiere de «sentido común», debido a que «son personas que llevan décadas -incluso 40 o más años- reclamando por justicia y tienen derecho a tener una respuesta». Una realidad conocida como «impunidad biológica», debido a que a raíz del retraso en estos procesos, tanto familiares de las víctimas como sus victimarios se están muriendo. Los primeros sin lograr obtener justicia, los segundos en la impunidad.