La apropiación de Papel Prensa por parte de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón en complicidad con las Fuerzas Armadas golpistas y utilizando las herramientas del terrorismo de Estado es, quizás, el caso más conocido entre los delitos de lesa humanidad con fines económicos cometidos durante la última dictadura.
El despojo de las acciones de Papel Prensa sufrido por el Grupo Graiver formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos económico-mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, requerían no sólo una prensa silenciada por la censura, sino medios cómplices de sus políticas de vaciamiento del país y de sus acciones criminales en el contexto de lo que llamaban “lucha contra la subversión”.
Como pago por cumplir esa tarea, Clarín, La Nación y La Razón recibieron –además de la pauta publicitaria de rigor– el monopolio de la producción del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión. Las consecuencias de esa apropiación afectan, todavía hoy, la vida de los argentinos.
Sin embargo, más allá de su visibilidad y de su impacto sobre la vida política del país, el caso Papel Prensa es apenas uno entre centenares de delitos similares, que ponen en evidencia el costado menos conocido del plan de los dictadores y sus socios civiles: el de su propio enriquecimiento ilícito, perpetrado también mediante el terrorismo de Estado.
Al escribirse estas líneas, en la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con Motivación Económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya se han identificado con precisión 253 de esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas con fines económicos. Acciones que incluyeron desapariciones, secuestros extorsivos, falsificación de escrituras y otros documentos, además de la apropiación y, en algunos casos, la destrucción de empresas. Asimismo, por orden directa de sus jefes máximos –y en ocasiones también por iniciativa propia, aunque siempre con la protección de sus superiores–, los grupos de tareas integrados por militares, policías y civiles cometieron estos delitos en beneficio de sus miembros operativos, como parte de un supuesto “botín de guerra”.
La investigación y la necesaria judicialización de estos crímenes es todavía, en gran parte, una enorme deuda de la democracia, que en la casi totalidad de los casos aún no ha logrado juzgar y castigar a sus responsables ideológicos y materiales. Eso ha impedido, también, brindar una justa reparación a sus víctimas. Por tratarse de delitos de lesa humanidad, no tienen prescripción posible, aunque hayan sido cometidos hace ya más de tres décadas.
Con la publicación de la investigación sobre el secuestro extorsivo y la posterior detención a disposición del PEN del empresario y editor de la revista Crisis, Federico Vogelius, Miradas al Sur inicia –con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora– una serie de notas que tiene como objetivos poner en conocimiento del público estos crímenes, hacer conocer a las víctimas e identificar a sus perpetradores.
Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
+ INFO: El caso Vogelius (Por Oscar Actis. Historiador)
Durmiendo con el enemigo (Por Demián Verduga)
La complicidad policial -militar en el secuestro (Por Miradas al Sur)
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