El Cauca somos todos

Hace unas semanas el pueblo nasa expulsó de sus territorios a las fuerzas armadas colombianas y realizó juicios a guerrilleros de las FARC. Tras años de estar entre el fuego de ambos bandos, la presión de latifundistas y la llegada de compañías trasnacionales tras la riqueza de la rica región del Cauca, la respuesta de los nasa remece la férrea institucionalidad dejada por el gobierno de Álvaro Uribe.

Durante las últimas semanas en Colombia se volvió a nombrar la palabra “guerra” en los medios de comunicación, refiriéndose al conflicto armado colombiano que durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue negado para mejorar la imagen de éste y de su plan de gobierno: “La seguridad democrática”.

Hoy ex-paramilitares, como Ernesto Báez, han denunciado nexos de Uribe con el paramilitarismo y el financiamiento ilegal para su campaña presidencial. El paramilitarismo se infiltró en el Estado durante su gobierno, caso conocido como la parapolítica. Gran cantidad de curules en el Congreso habían sido puestas por paramilitares y actualmente varios de estos  ex-congresistas están en la cárcel o están siendo investigados.

Ahora que este conflicto se visibiliza en varios atentados efectuados por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el Cauca se ha vuelto la comidilla pública del país, cargándose la culpa a la población indígena que habita esta región. Los hechos se suman a la división de Unidad Nacional, coalición de apoyo político del actual presidente Juan Manuel Santos, acicateado por la bancada uribista que ve traicionados sus intereses de parte del gobierno.

LA RESPUESTA DEL PUEBLO NASA

El pueblo Nasa tiene una historia de opresión y resistencia que se remonta a la colonia y que durante el siglo XX ha soportado las injusticias del reparto desigual de tierras y la humillación de los grandes terratenientes del Cauca. Dirigentes indígenas como Manuel Quintín Lame  fueron los primeros que se sublevaron en la primera mitad del siglo XX para luchar por una participación  de los indígenas en las decisiones gubernamentales y por un reparto igualitario de tierras para los pobladores originales de la región. El problema ha sido el mismo desde aquella época y eso es lo que está detrás de la polémica indígena ante el gobierno.

Los indígenas han sido afectados por más de 30 años al estar en medio de las balas entre la insurgencia, la fuerza pública y las organizaciones armadas ilegales paraestatales. Actualmente a estos problemas se suma que sus territorios son el puerto de arribo de multinacionales interesadas en las ricas tierras del Cauca, que desafortunadamente  también han sido objeto de cultivos ilícitos  que  financian y perpetúan la guerra.  Los indígenas han decidido rebelarse ante la intransigencia de ambos actores del conflicto y en las últimas semanas se han encargado de sacar a la guerrilla y a las fuerzas militares de sus territorios, mostrándole al país una muestra de indignación, valentía y resistencia ante la guerra que los ha matado y desplazado durante años.

El país celebró la actuación de los indígenas pero el gobierno y los medios de comunicación repudiaron el hecho mostrando a un soldado llorando ante las cámaras por el desalojo de los militares. Todo esto generó una polémica acerca de la autonomía de los cabildos indígenas, calificando el hecho como anticonstitucional, ya que las fuerzas militares deben estar en todo el territorio nacional.  Sin embargo la presencia militar en el casco urbano de los cabildos –clara violación al Derecho Internacional Humanitario-  ha sido la causa de que los enfrentamientos dejen muertos entre la población civil. Este es el motivo que empuja a los indígenas y campesinos a sacar a los militares, para no permitir ser “escudos de guerra” en una conflicto que no es de ellos.

Lo peor ha sido el tratamiento del acontecimiento; los medios de comunicación y los sectores políticos interesados han utilizado la crisis en el Cauca para su propio beneficio y para generar opinión a su favor. La división uribista, que creó un nuevo partido (Puro Centro Democrático) encabezado por Álvaro Uribe, tomó el hecho para criticar la debilidad del gobierno Santos y mostrar la necesidad del retorno de Uribe que propone ahora una constituyente ante el fracaso de la reciente reforma a la justicia, retirada del Congreso por el mismo presidente Santos –que la había propuesto- por su inconstitucionalidad.

Lo que no tocó las fibras de los medios de comunicación fue la muerte de un indígena en las protestas por la presencia militar en los pueblos indígenas. Mauricio Largo fue muerto en extrañas condiciones en un retén militar, lo que los medios no resaltaron.

ORGANIZACIONES INDÍGENAS AMENAZADAS

Para aumentar la problemática a los indígenas, las fuerzas militares han dicho que los indígenas han sido infiltrados por la insurgencia y que el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) es una organización que apoya al terrorismo. Otra organización indígena aliada al Uribismo, la OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca) ha denunciado a Feliciano Valencia, jefe indígena del CRIC, como integrante de las FARC, acusando también al CRIC de ser una organización que en vez de defender a los indígenas, los divide y hasta los desplaza.  Los diálogos entre el cabildo y el gobierno aún continúan, los indígenas se han declarado en Asamblea Permanente mientras no se soluciona la situación jurídica de Feliciano Valencia y se deja de criminalizar la protesta social y al CRIC.

Feliciano no sólo encabeza el Consejo Regional del Cauca sino que también es un líder de movimientos sociales a nivel nacional como el Congreso de los Pueblos y la Minga indígena y su nombre está en la opinión pública desde las anteriores protestas en el 2007 en la María Piendamó (Cauca) por los problemas del reparto de tierras.

El problema del Cauca no sólo se limita al conflicto. El Cauca ha sido uno de los departamentos más olvidados del país y la región es la que presenta la situación más crítica en el tema de inversión social. Miles de desplazados han salido de sus pueblos las últimas semanas. La ex-senadora liberal, Piedad Córdoba, estuvo en el Cauca apoyando a los indígenas pero los medios la han denunciado de ser una “exaltadora del terrorismo” y el procurador Alejandro Ordóñez, del Partido Conservador que la destituyó de su cargo, pidió que fuera castigada penalmente por instigar la rebelión en la región.

Una guerra de más de 50 años no se puede acabar con más presencia militar si los motivos de esta guerra no se solucionan de raíz. El país no puede pretender ver el problema en el Cauca como algo esporádico ya que tiene sus causas históricas en la desigualdad social y la represión estatal a la protesta. La constitución debe pensarse también en coordinación con los convenios internacionales que ha firmado el país y que defienden los derechos de los pueblos indígenas. El problema del Cauca no es sólo un problema entre los indígenas y los actores del conflicto, sino un problema entre los colombianos y la guerra. El Cauca somos todos.

Por Jean Paul Saumon

Ibagué-Colombia  

El Ciudadano