El ciberespacio no quiere más SOPA

A mediados de enero rugió Internet. Dos proyectos de ley que criminalizaban el compartir contenidos en la Web despertaron el rechazo de los internautas del planeta. Si bien los proyectos PIPA y SOPA no prosperaron, el ACTA, en Europa, y un tratado vinculado a los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile, son señales de que la batalla por un ciberespacio libre recién comienza.

Hacer un link hacia una película o usar un copiador de CD que evada los sistemas antipirata estuvieron a punto de convertirse en crímenes. Justificadas como leyes en contra de la piratería de música y películas, SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intellectual Property Act) permitirían a los titulares de derechos de autor interponer una demanda en la Fiscalía General de Estados Unidos contra cualquier sitio Web del planeta que aloje o incluya en sus búsquedas contenidos que supuestamente violarían los derechos de autor.

Así, proveedores de servicios de Internet, motores de búsqueda como Google, redes sociales como Facebook o portales de videos como Youtube estarían obligados a bloquear accesos a presuntos infractores, transformándose así de buscadores, en policías.

Además, persigue prohibir que las agencias de publicidad por Internet efectúen pagos a sitios Web acusados de piratería y cualquier portal que los defensores de los derechos propietarios crean que no hacen todo lo posible para bloquear la piratería.

Hugo Baronti, consultor en TIC y desarrollador de joomla, considera que esta arremetida legal corresponde a un “avance del modelo de producción del copyright. Es el traspaso del modelo de propiedad intelectual al ciberespacio. Es un proceso calendarizado que apunta a transformar la sociedad del conocimiento en la sociedad de la escasez”.

Detrás de estas baterías legales están la industria del entretenimiento, como la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) y la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Junto a otros conglomerados gastaron sólo en 2011 unos 415 millones de dólares para influir en los congresistas para que impulsaran SOPA.

En la oposición a estas leyes se situaron los gigantes de Internet –Google, Facebook, Youtube-. Para muchos se trata de la primera gran guerra entre la industria del entretenimiento del siglo XX y la tecnológica del siglo XXI. Los ejecutivos de Silicon Valley acusan que de aprobarse, frenará el desarrollo de su industria.

Francisco Vera, vicepresidente de Derechos Digitales cuenta que “proyectos como SOPA o PIPA se vienen haciendo desde hace tiempo. Con cada proyecto de ley se intenta cercenar más las posibilidades de acceso al conocimiento. Se vulnera el acceso a la información, la libertad de expresión y terminan por desmantelar como conocemos hoy Internet”.

CALENTADO LA SOPA

Pese a que en su origen los estudios cinematográficos fundados en Hollywood llegaron allí precisamente arrancando de los derechos de autor sobre el cinematógrafo patentado por Tomás Alva Edison y construyeron su industria, desde hace años presionan al Congreso estadounidense para criminalizar el compartir archivos.

En mayo de 2010, el senador demócrata Patrick Leahy, presentó la Ley PIPA, que fue aprobada por unanimidad por la Comisión Judicial del Senado. En octubre de ese año, el republicano Lamar Smith presentó la Ley SOPA. La industria pensó que como la anterior legislación sobre derechos de autor, Ley Pro-IP, pasó en 2008 por el Congreso sin gran controversia, ahora ocurriría lo mismo.

A cada arremetida legal, el ciberespacio ajustaba sus salvaguardas. Así, portales como Taringa! o Cuevana no alojan contenidos, sino que sólo guían a sus usuarios hacia donde están alojados. Baronti agrega que “los autores se basan en ideas anteriores, muchas de dominio público. Además, todas las leyes de los países que respetan la propiedad intelectual han ampliado los plazos y la industria no cesa en su empeño por controlar los recursos”.

El Centro por Políticas Responsables calculaba a fines de septiembre de 2010 que más de 950 mil dólares de la industria audiovisual financiaron las campañas electorales de los patrocinadores de las leyes de copyright. El lobby de la industria del entretenimiento alcanza a Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, quien es promotor de leyes que endurecen las penas por violar el copyright. Una de ellas fue la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), promulgada en 2002; aumentó las penas por violar el derecho de autor en Internet y criminalizó el crear y compartir tecnología que permita sortear las medidas de protección del copyright.

“Mientras más avancemos en Internet, más restricciones tenemos -opina Baronti-. Antes, un libro, lo podías prestar o revender como un libro usado y ahora ocurre que estas leyes incluso facultan que algunos productos culturales sólo puedas leerlos una vez. Pasan los años y aumentan las restricciones”.

EL APAGÓN Y MARZO NEGRO

El despliegue legal generó un masivo rechazo en el ciberespacio. En pocos meses se articuló una protesta en la que participaron cerca de 15 millones de personas de todo el planeta, tres millones de correos tuvieron como remitente al Congreso norteamericano y más de 50 mil páginas Web adhirieron a un apagón convocado el 18 de enero. La protesta logró paralizar ambos proyectos de ley.

Para Vera, la protesta “fue sumamente potente. Se generó conciencia ciudadana sobre la importancia de estos temas, hasta ahora había poca conciencia sobre lo que está en juego y creo que esto es un llamado de alerta para que la indiferencia que ha permitido que estos entramados legales que amenazan nuestros derechos no prospere”.

El colectivo Anonymous, en rechazo a la bajada de Megaupload, a los pocos días puso en la red el catálogo musical y películas de Sony Music, hackeó más de 1.500 sitios de la industria y de la burocracia de Estados Unidos y, de paso, bajaron durante una hora el portal del FBI y publicaron los datos personales de su director, Robert Muller. En la operación, considerado el mayor ataque jamás perpetrado de Anonymous, participaron más de cinco mil personas. Para marzo se convocó a no comprar productos de las industrias culturales. “Nosotros podemos aguantar sin ellos ¿Cuánto tiempo pueden aguantar ellos sin ningún ingreso?”, se preguntó Anonymous.

Otros, en tanto, se plantearon cómo mantener un ciberespacio libre de censuras y copyright. Además de que los autores licencien sus obras como contenido copyleft, lo que abre distintas posibilidades respecto de la distribución de sus obras, la generación de copias o versiones modificadas, el deseo por la libre circulación del conocimiento hizo que en pocos días saliera una extensión para Firefox DeSopa, la que una vez instalada permite a sus usuarios llegar a un dominio bloqueado.

Baronti destaca que “los bienes digitales tienen la propiedad de poderse reproducir infinitamente. Si el valor de uso de un bien digital es alto, su valor de cambio tiende a bajar. Así, la sociedad de la información es el elemento más importante para el desarrollo de la sociedad”.

LA REVANCHA CONTRA MEGAUPLOAD

El fracaso de PIPA y SOPA hizo que los compromisos entre la industria y el gobierno estadounidense pegaran un zarpazo de advertencia. A las pocas horas, un operativo del FBI en diversos países, produjo la detención de cuatro ejecutivos de MegaUpload, uno de los portales de descarga más usados en la Web, cuyo fundador, Kim Schmitz, se hizo rico con un modelo de negocios que cobra a los usuarios que deseen un Servicio Premium de descargas más veloces y mayor capacidad de almacenamiento.

La acusación interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos cifra en unos US$500 millones de dólares las pérdidas para los dueños de copyright y que ha generado a sus dueños más de US$175 millones de dólares al permitir la difusión de contenidos. MegaUpload tenía más de 150 millones de usuarios registrados, 50 millones de visitantes diarios y representaba el 4% del tráfico total de Internet.

El cierre del portal no sólo bloqueó el acceso a material con copyright, sino que muchas bandas, grupos de investigación y documentos de trabajo que personas alojaron allí se perdieron. Algunos estiman que sería la pérdida del acervo cultural de películas, imágenes, videojuegos, libros y música más grande de la historia.

La revancha contra MegaUpload se explica en que la compañía desarrollaba Megabox, un sistema de acceso a las obras que cortaba a las compañías disqueras como intermediarias, al permitir a los artistas vender directamente su música con un 90% de ingresos, un modelo de negocios revolucionario que sumaba a artistas como Alicia Keys, P. Diddy, Kanye West y Snoop Dogg.

LA FARSA DEL ACTA

Otra iniciativa trasnacional es ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), iniciativa impulsada por Estados Unidos por encima de las legislaciones nacionales. Ya la han firmado Polonia, Japón, Australia, Canadá, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.

ACTA obliga a los proveedores de servicios de Internet a vigilar todo el flujo de datos que manejan y los hace responsables de lo que hacen sus clientes en línea; además, se extiende a los remedios genéricos y las patentes de productos alimenticios. Así, quien se quiera hacer un corte de pelo con el logo de una marca, por ejemplo, y se saca una foto y la sube al ciberespacio sería un delincuente.

El acuerdo fue negociado tras las bambalinas de los gobiernos, sin participación de la sociedad civil. Algunas partes de ACTA aún son desconocidas.

“No seré parte de esta farsa”, fue la declaración de Kader Arif, relator ante la Unión Europea del ACTA, quien presentó su renuncia el mismo día en que el acuerdo fue firmado por 22 países. “No hubo inclusión civil, de organizaciones sociales; hubo falta de transparencia desde el inicio de las negociaciones”, sostuvo Arif.

Movilizaciones futuras apuntan a que el Parlamento Europeo rechace el acuerdo en junio próximo, tal como lo hizo México hace siete meses.

TPP: LA CUCHARADA CHILENA DE LA SOPA

En secreto, también el gobierno chileno negocia el Trans Pacific Partnership Agreement (TPP), legislación trasnacional asociada a los Tratados de Libre Comercio de los países del Pacífico que incluye un capítulo que amplía las medidas en defensa del copyright.

Si la mayoría de los países respetan los derechos de autor 50 años después de publicada una obra y Chile lo elevó a 70, el TPP busca extenderlos hasta 95. Además, convierte en delito encarcelable el evadir un programa de protección de esos derechos. O sea, si se copia un disco protegido, ya no sólo será delito copiarlo, sino que también usar un programa que permita hacerlo. Para eso se piden sanciones criminales, aunque no haya ánimo de lucro o beneficio económico.

También el TPP contempla hacer responsables a los prestadores de servicio de Internet de las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. Estos estarían obligados a identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de la red.

Fabián Peña, bloguero argentino, acusa que “se visualiza la utilización de leyes restrictivas de derechos de autor online en beneficio de las transnacionales de las industrias culturales de Estados Unidos que protegen sus mercados monopólicos pero le exigen apertura comercial al resto del mundo mediante acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”.

Estas leyes, a juicio de Peña, “han resultado una trampa y un retraso para el crecimiento económico autónomo de las economías nacionales que ven bloqueado el ingreso de nuevas tecnologías y de know-how mediante aplicación de cláusulas restrictivas de explotación comercial y transferencia tecnológica (marcas, patentes, diseños industriales) que favorecen a las casas matrices en territorio de los Estados Unidos”.

Los derechos de autor no sólo son para la industria del entretenimiento, también implican el monopolio en el acceso y desarrollo de fármacos y productos alimenticios para los países no productores de tecnología. Peña sostiene que “la propiedad intelectual bajo la forma de derechos de autor o propiedad industrial ha sido denunciada en los últimos años como mecanismo de penetración y monopolización de mercados de países en desarrollo en diversos campos de la técnica: farmacología, biotecnología, nanotecnología, alimentación, electrónica, química o mecánica, como un instrumento de concesión de monopolios temporales y bloqueo de tecnologías nacionales”.

PRIMERA BATALLA

La experiencia indica que la innovación corre por fuera de los monopolios. Ya sucedió con el cierre de Napster, primer servicio de distribución de archivos de música en formato MP3, que hizo que la extensión de P2P se extendiera infinitesimalmente. Esta red de pares en vez de funcionar con un servidor fijo, lo hace a través de varios nodos que permiten el intercambio directo de información entre varios ordenadores.

El hecho significó para la industria musical un retraso de 10 años en la aparición de un modelo de negocios como Itunes o Spotify.

Hoy BitTorrent y The Pirate Bay ofrecen modelos virtuales de objetos físicos libres para descargar. Así, a futuro, se podrían descargar modelos de autos, zapatillas o cualquier producto físico.

A la par de este desarrollo del conocimiento en común, los zarpazos de la vieja industria del entretenimiento continuarán. SOPA, PIPA, ACTA y el TPP son la primera batalla de una larga lucha entre el dominio público del saber o su aprovechamiento privado.

Por Mauricio Becerra Rebolledo

Ilustración: Harol Bustos

El Ciudadano Nº119, primera quincena febrero 2012