En São Paulo, nueva ola de ejecuciones de jóvenes de la periferia moviliza a familiares de las victimas por justicia y soluciones.
“Para quien vive en la guerra, la paz nunca existió”: Racionais MC’
São Paulo, Brasil. Escribimos de aquí de dentro de la guerra. Escribimos en este momento en medio de una nueva onda de violencia policial en el Estado de São Paulo, que ya victimó a cerca de 300 personas en estos últimos dos meses, sobre todo jóvenes pobres y negros moradores de la periferia, haciéndonos revivir los Crímenes de Mayo de 2006 [1].
Escribimos sobre la situación de tensión y de presión, cuando los agentes y las instancias estaduales insisten en mostrarse sordas y mudas frente a nuestro clamor por la vida. Y persisten cometiendo barbaridades contra su propia población. Contra nosotros.
La Constitución Federal Brasileña de 1988, próxima a completar su primer cuarto de siglo, es obligada a convivir con una serie de fracasos sobre diversos puntos de su texto magno. Muchos de los derechos humanos asegurados por la Constitución, comenzando por el derecho a la vida y la libertad de ir y venir, continúan siendo cotidianamente violados.
Entre esos problemas, uno de los principales obstáculos, herencia del período esclavócrata y, más recientemente, de la Dictadura Cívico-Militar, es la violencia sistemática de agentes del Estado contra nuestra propia población. La violencia policial es hoy, ciertamente, uno de los principales problemas a ser enfrentados por Brasil respecto a la defensa de los derechos humanos en nuestra sociedad. La persistencia de la tortura en la cotidianidad y en las delegaciones policiacas, como “técnica” de “investigación” por parte de esas instituciones, incluso en el período pos-dictadura; el encarcelamiento masivo de personas (Brasil actualmente ocupa la cuarta posición mundial, con más de 520 mil personas en privación de su libertad); y, principalmente, las ejecuciones extrajudiciales cometidas sistemáticamente por agentes del Estado, conforman un cuadro preocupante en la relación a la seguridad pública y a las garantías básicas de la ciudadanía para la gran mayoría de la población.
Es dentro de los varios aspectos de ese problema que las ejecuciones sumarias cometidas por grupos de policías militares o paramilitares de exterminio configuran, ciertamente, la dimensión más brutal. No fue otra la conclusión del más reciente Mapa de la Violencia (2012), coordinado por el profesor Júlio Jacobo Waiselfisz y divulgado al inicio del año por el Ministerio de la Justicia, el cual procuró investigar “los nuevos padrones de la violencia homicida en Brasil”: a lo largo de los últimos 30 años, más de un millón de personas fueron asesinadas en el país. En este período histórico, irónicamente concomitante a la redemocratización brasileña, hubo un aumento de 127 por ciento en el número de homicidios anuales en el territorio nacional –de los cuales la inmensa mayoría de las víctimas es compuesta por jóvenes pobres y negros, conforme demuestran las diversas estadísticas correlacionadas en el estudio. Verdaderos números de guerra.
Un escenario que ha preocupado en forma creciente tanto a la opinión pública como a diversos órganos especializados en Derechos Humanos, no tan sólo brasileños, sino también de diversas entidades internacionales. Teniendo en vista todo esto, recientemente se multiplicaron en el noticiario internacional demostraciones contundentes de preocupación por parte de esos órganos en relación a Brasil: el recién lanzado “Estudio Global sobre Homicidios – 2011” realizado por lo Departamento de Drogas y Crímenes de la ONU (UNODC) confirma que de las 207 naciones investigadas, el país presenta el mayor número absoluto de homicidios anuales: 43 mil 909, en 2009 – siendo que ya pasó de 47 mil en 2011; Amnistía Internacional volvió a denunciar, en su informe anual de 2012, la violencia y “el abuso policial como uno de los dos problemas más crónicos del país” incluso el Departamento de Estado Norte-Americano, en la secuencia, afirmó que “la violencia policial mancha los Derechos Humanos en Brasil” ; y, todavía más recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó explícitamente que Brasil trate de “combatir la actividad de los ‘escuadrones de la muerte’ y que trabaje para suprimir la Policía Militar, acusada de numerosas ejecuciones extrajudiciales”.
Ocurre que no podemos esperar más, porque estamos tratando de millares de vidas que se fueron; de centenas de vidas que podrían haber sido salvadas si algunas de las medidas abajo hubieran sido efectivas; y de otras tantas que podrán ser ahorradas si acaso alguna actitud fuera tomada con urgencia. Para eso, dimos inicio a una petición pública por la desmilitarización de la policía militar en el país y enviamos una carta a la presidenta Dilma Russef.
Entre nuestras reivindicaciones, luchamos por la abolición definitiva de los registros de “Resistencia Seguida de la Muerte”, “Auto de Resistencia” y afines, esa verdadera “licencia para matar” inconstitucional usada a diestra y siniestra por policías asesinos en todo el país [se trata de un dispositivo que legitima la muerte provocada por un agente de Estado, que habría matado para defenderse de un supuesto ataque o resistencia a la prisión]. A ejemplo de cualquier otro ciudadano brasileño, las investigaciones de todas las muertes violentas provocadas por agentes del Estado debe ser tratada como casos de homicidios (dolosos o culposos).
Entre 2006 y 2010 el índice de muertos por la Policía Militar (PM) sólo de Sao Paulo, de 5,5 para cada 100 mil habitantes, es mayor que el de la policía en todo el territorio estadounidense. En el mismo período, la muerte de 2 mil 262 personas fue registrada como “resistencia seguida de muerte”.
Nosotros queremos también que la Presidencia de la República y el Ministerio de la Justicia sean los primeros encaminamientos para la creación de una Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas de agentes del Estado durante el período democrático. En Brasil, en los últimos años, han muerto asesinados cerca de 48 mil personas anualmente, según estudios recientes publicados por la ONU y divulgados por el propio Ministerio de la Justicia brasileña. Buena parte de esas muertes y desapariciones llevadas a cabo por agentes del Estado en pleno cumplimiento de sus obligaciones, que deberían garantizar el derecho a la vida y a la libertad de ir y venir en paz de todos los ciudadanos. Como parte de los esfuerzos recientes que han sido alcanzados en las investigaciones sobre la Dictadura Cívico-Militar brasileña (1964-1988), es necesario avanzar en el Derecho a la Memoria, la Verdad y la Justicia de las víctimas del período democrático.
Además de las tasas de homicidio de países en guerra, tenemos actualmente en Brasil más de 500 mil personas presas, según el Departamento Penitenciario Nacional (Depen). Hay todavía incontables personas perseguidas políticas, amenazadas de muerte o incluso desaparecidas, como nuestro compañero Paulo Alexandre Gomes, uno de los desaparecidos de los Crímenes de Mayo de 2006, que exactamente hoy estaría completando 30 años de vida –cuando su vida fue interrumpida violentamente por agentes de la Rota [tropa de elite de la Policía Militar paulista] tenía tan sólo 23 años.
En los últimos dos meses, a causa de la nueva ola de violencia policial en el estado de Sao Paulo –terror sobre la periferia de Sao Paulo, en barrios como Capão Redondo, Jardim São Luiz, Sapopemba, entre otros, con toques de queda impuestos por la PM, ejecuciones sumarias y operativos policiacos– se volvió a hablar en la opinión pública de algo que nosotros de la Red Nacional de Familiares y Amigos de Víctimas defendemos hace algún tiempo: la DESMILITARIZACIÓN DE LAS POLÍCIAS BRASILEÑAS.
En la madrugada del 27 de julio, una masacre dejó seis personas muertas en la región de Jaçanã, Zona Norte de Sao Paulo, y diversos casquillos de uso restringido de la policía fueron encontradas en los locales de las muertes. El sábado 28 de julio, otra trágica noticia para todos nosotros: los policías militares del Bope [tropa de elite de la Policía Militar de Río de Janeiro] dejaron otra una víctima fatal en Río de Janeiro: la joven Bruna Ribeiro da Silva, de apenas 10 años, moradora del Morro da Quitanda, fue alcanzada por una bala de fusil en el estómago, dentro de su propia comunidad.
El joven Bruno y la chica Bruna se suman a las centenas de miles de víctimas fatales de la violencia policial militar en el reciente período “democrático” brasileño.
En homenaje a Bruna y a Bruno, y a todas las otras víctimas fatales cotidianas de las policías militares en todo el país, durante los últimos 30 años de “democracia”, nosotras de las Madres de Mayo de SP, junto a la Red de Comunidades y Movimientos Contra Violencia de RJ, la Campaña Reacciona o Sera Mort@ de BA, la Frente Anti-Prisiones de las Brigadas Populares de MG, la Asociación de Madres, Familiares y Amigos de Víctimas de la Violencia del Estado en ES, la Red Dos de Octubre – Por el Fin de los Masacres, y toda la Red Nacional de Familiares y Amigos de Víctimas de la Violencia del Estado hemos pedido desde hace algunos años la DESMILITARIZACIÓN DE LAS POLÍCIAS EN TODO EL BRASIL.
[1] Actos que sucedieron entre los días 12 y 20 de ese mes y en los que 446 personas fueron muertas por la policía en Sao Paulo, bajo el pretexto de ‘respuesta’ a ataques realizados por la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC). Madres, familiares y amigos de las víctimas de esa ola de violencia estatal dieron origen al movimiento social Madres de Mayo en Brasil.
Por Madres de Mayo y Red Nacional de Familiares
Traducción: Waldo Lao
14 de agosto de 2012
Publicado en kaosenlared.net
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
