El Consejo para la Transparencia fijó un plazo de cinco días para que Gendarmería revele detalles de los computadores que incautó en junio de 2012 al interior de Punta Peuco, donde se sospecha existían correos entre el jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, y funcionarios penitenciarios de alto rango.
Por la unanimidad de sus miembros, el Consejo Directivo, compuesto por José María Zañartu, Vivianne Blanlot, Jorge Jaraquemada y Marcelo Drago, acogió un amparo por denegación de acceso a la información deducido por El Ciudadano en contra del ex director nacional de Gendarmería, coronel Tulio Arce.
Éste, en el mes de abril, se negó a informar la identidad de los funcionarios que participaron en el procedimiento, e igualmente, el lugar físico donde se mantenían «incautados los discos duros… si es que uno de ellos fue devuelto al interno Álvaro Corbalán para trabajar en su defensa jurídica o entregado a terceros, y si la información hallada en los discos duros fue compartida con el Ministerio Público o algún otro órgano del Estado».
El uniformado, quien tiempo después abandonó el cargo en medio del escándalo de pensiones abultadas y otros hechos de corrupción, fue consultado por el caso en una entrevista que concedió a este medio.
Particularmente se le preguntó por un informe técnico elaborado por funcionarios del Departamento de Seguridad y Análisis Penitenciario (DIAP) – revelado en exclusiva por El Ciudadano -, donde aparecía su nombre, en el contexto de un saludo amistoso enviado a él por Corbalán.
“Desconozco (qué se hizo con los computadores), porque la verdad es que me han preguntando harto sobre estos discos duros y yo jamás siquiera vi los computadores… Yo volví de Antofagasta en el año 2014 y consulté sobre esos temas cuando empezaron a consultarme que había un correo”, manifestó en esa oportunidad, sin dejar de reconocer que tomó conocimiento del documento del DIAP.
También dijo que, según los protocolos internos, el servicio debió haber entregado los equipos a la Fiscalía.
Según la información recabada por El Ciudadano, en total fueron 29 los computadores requisados. En el informe se habla de 15 videos pornográficos hallados en poder de Raúl Iturriaga Neumann, ex director asistente de la DINA; de documentos de la Operación Cóndor en manos de Christoph Willeke Floel, condenado por el asesinato del general Carlos Prats, y un curioso informe de inteligencia dirigido al ministro de Justicia de Piñera Teodoro Ribera “sobre las marchas estudiantiles y huelgas en el país”, confiscado a Donato López Almarza, quien cumple condena por diversos crímenes ocurridos en 1973.
Tanto Corbalán como Iturriaga, de acuerdo a un oficio de fecha 15 de junio de 2012, solicitaron al entonces Alcaide de Punta Peuco la devolución de sus equipos, de modo tal de «trabajar en las defensas» de sus causas judiciales.
Aunque se barajó la posibilidad de que extrajeran archivos en pendrives, ambos se negaron. Si efectivamente los equipos volvieron a manos de los internos o el Ministerio Público los revisó, continúa siendo un misterio.