Durante una década el FBI, abusó flagrantemente de sus atribuciones contra el terrorismo para llevar a cabo una operación de vigilancia generalizada del Observatorio por el cierre de la Escuela de Américas (SOA Watch), una organización de activistas estadounidense que realizan acciones pacificas con el objetivo de cerrar la Escuela de las Américas (SOA) del Ejército de los EEUU (ahora llamada «Instituto de Seguridad y Cooperación del Hemisferio Occidental» o en su abreviatura WHINSEC) como de exigir el fin de la militarización que realiza el gobierno de EEUU en toda América Latina.
Cientos de páginas de documentos han sido obtenidas por la Asociación para la Justicia Civil, en nombre de SOA Watch, y una vez más revelan que el FBI realiza vigilancia política y operación de inteligencia utilizando su autoridad contra el «terrorismo doméstico» en contra de las protestas pacíficas en los EEUU.
La organización SOA Watch, cada año, desarrolla protestas en las afueras del Fuerte Benning, en Georgia, lugar donde opera actualmente la Escuela de las Américas bajo la responsabilidad del Ejército de EEUU. En dicho lugar se sigue dando entrenamiento a militares y policías muchos de los cuales han sido los líderes y dictadores en América Latina responsables de golpes de estado, masacres, centros de tortura, crímenes de lesa humanidad.
El entrenamiento en la Escuela de las Américas sigue en curso y los nuevos graduados del Instituto siguen participando de ejecuciones extrajudiciales, de la represión de los movimientos sociales en países como Colombia, Honduras y México.
La misión de SOA Watch y su trayectoria es de lucha pacífica. Sin embargo, el FBI desplegó sus recursos contra el «terrorismo doméstico», informó a la «Unidad Antiterrorista» y a la «Miami Domestic Intelligence Terrorism Squad».
Solía colocar informantes confidenciales dentro del movimiento para recoger información. Se pidió a las unidades de contraterrorismo del FBI proporcionar a la oficina local del FBI, en Atlanta, «toda la inteligencia relevante para la SOA, por lo que esta información se puede proporcionar a las agencias locales y militares encargadas de hacer cumplir la ley».
Sospecha a pesar de las intenciones pacíficas ‘
Una revisión de 10 años de documentos redactados obtenidos, bajo la Ley de Libertad de Información, por la Asociación para la Justicia Civil en nombre de la SOA Watch muestran que, año tras año, el FBI reconoció que los organizadores y las actividades del grupo fueron pacíficas. Y año tras año, el FBI siguió manteniendo su caja abierta con las afirmaciones de que era posible que pudieran haber «participantes violentos» o «facciones de una célula radical» u otras advertencias alarmistas como pretextos para justificar su espionaje y violación a la Primera Enmienda constitucional.
En 2005, los informes del FBI admitieron «las intenciones pacíficas» de los líderes de SOA Watch, pero justificaron su labor sobre la base de que «un grupo militante podría infiltrarse en las manifestaciones y con la multitud crear problemas». Sin embargo, admitió que «en este momento, no hay amenazas específicas o eventos conocidos».
La vaga amenaza, no especificada de violencia en el futuro funcionó como la excusa anual para la vigilancia de la disidencia pacífica. Bajo esta lógica, de la lucha contra el terrorismo, toda protesta pacífica, constitucionalmente protegida, lleva la semilla del potencial terrorismo lo que hace que todos seamos terroristas potenciales.
Este patrón de vigilancia significativa, alusiones a la violencia, y luego volver a informar que la actividad fue pacífica, después de los hechos, continuó por años.
Detenciones masivas y los informantes confidenciales
En las protestas de SOA Watch participan miles de personas, y en varias de ellas hubo arrestos, por desobediencia civil no violenta y organizada, al intentar ingresar pacíficamente a la misma Escuela de las Américas.
En los informes del FBI se describió, por ejemplo, los arrestos en masa de 1.700 manifestantes en noviembre de 2000, como arrestos por «actuar de manera manifiesta». Esto incluía «el uso de máscaras, ataúdes, títeres o verter la sustancia roja sobre sí mismos».
El 2006, los «informantes confidenciales» proporcionan información sobre la planificación de eventos en Massachusetts y el número de autobuses que vienen de todo el país a las protestas en el Fuerte Benning.
El FBI obtuvo refugios y centros de mando «sin costo», de las empresas de bienes raíces para trabajar en la logística de la protesta, que fue de nuevo la etiqueta del FBI: «Preparación de Nivel para Eventos Especiales». Más tarde informaron de la protesta de 2006 «sin incidentes» y llegaron a una evaluación similar el 2007.
En 2008, agentes encubiertos del FBI viajaron con los manifestantes al evento para seguir las actividades de varios «temas de FBI en Minneapolis» a pesar que aquellos «nunca habían expresado o mostrado una propensión a la violencia».
El FBI utilizó «informantes confidenciales» que obedientemente informaron sobre el calendario previsto de las actividades para las protestas, los nombres de los organizadores, entre ellos una persona «que es o era una monja Maryknoll», y el nombre de un asesor legal de SOA Watch. El asesor jurídico, cuyo nombre fue redactado, pero que se identifica de otra forma con la Universidad de Loyola, es evidentemente el renombrado abogado de derechos humanos Bill Quigley.
Para el año 2009, después de 10 años de vigilancia, el FBI admitió que «nunca ha habido ningún incidente significativo de violencia o daños a la propiedad». Al describir las manifestaciones más como un «festival de la calle», que finalmente cerraron el caso.
La práctica de operaciones de FBI de vigilancia política
En 2012, la Asociación para la Justicia Civil (PCJF) descubrió cientos de documentos que indican que el FBI estaba tratando el movimiento «Occupy» como una amenaza potencial «criminal y terrorista» a pesar de que la agencia reconoció, de manera similar, en sus propios informes, que los organizadores llamaban explícitamente a la protesta pacífica y no justificaban el uso de la violencia.
El PCJF obtuvo documentos que muestran que las oficinas del FBI y agentes de todo el país estaban en marcha para realizar vigilancia contra el movimiento, incluso ya en agosto de 2011, un mes antes del establecimiento del campamento OWS en Zuccotti Park, y otras «Occupy», a desarrollarse en todo el país.
Otros documentos obtenidos y publicados por la PCJF demostraron que el Departamento de Seguridad Nacional y la red, en expansión, de los «Centros de Fusión en los Estados Unidos» (Unidad que recolecta información de diversas agencias y entidades y las distribuye entre ellas) gastan igualmente enormes recursos en monitoreo, seguimiento y presentación de informes sobre las actividades de protesta pacíficas, legales y constitucionalmente protegidas.
El FBI ha sido denunciado recientemente por el monitoreo y seguimiento, incluso a través de aviones de vigilancia, de las actividades del movimiento afroamericano «Black Lives Matter» en ciudades alrededor de los EEUU.
Lecciones no aprendidas
A mediados de la década de 1970, el Comité Church, del Senado de EEUU, llevó a cabo una investigación sobre el abuso de la autoridad en la aplicación de la ley por parte de las agencias de inteligencia que violaban la Primera Enmienda -la que asegura, entre otros derechos, la asamblea pacifica de las personas y la libertad de expresión- a través de las investigaciones, la vigilancia y la interrupción de aquellas.
Como resultado de las revelaciones, de la Comisión, el FBI estaba obligado a decretar restricciones en el uso de sus facultades de inteligencia y de aplicación de la ley, que prohíbe las investigaciones sobre las actividades de la libertad de expresión no violentas.
Mientras el Congreso podría haber promulgado una legislación vinculante, el Fiscal General de EEUU se le permitió, en lugar de ello, promulgar directrices; directrices que han sido sobrepasadas por las sucesivas administraciones en los últimos 40 años.
Estas repetidas revelaciones del FBI de abusar de su autoridad contra los movimientos políticos pacíficos – desde SOA Watch a «Black Lives Matter» – dejan claro que el FBI no puede ser su propio organismo de control o autorregularse.
Queda en evidencia que la vigilancia, la supervisión, el seguimiento y la infiltración de grupos pacíficos, de movimientos de justicia social, es un esfuerzo programado, institucionalizado y permanente del FBI.
Es hora entonces que se legisle y se prohíba claramente al FBI, bajo su autoridad de investigar «terrorismo doméstico», que vigile e investigue actividades pacificas que gozan del derecho a la libertad de expresión y protesta pacífica protegidas por la Primera Enmienda de la constitución de los EEUU.
Es un derecho fundamental de las personas organizarse, reunirse, hablar y exigir pacíficamente el cambio en las políticas y prácticas de EEUU sin la vigilancia e investigación de las agencias nacionales de terrorismo del gobierno. La democracia y la Constitución lo requieren.
Asociación para la Justicia Civil*
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