El movimiento global aprueba en votación la política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales

© Samuel Tristan vía Flickr

Hoy ha tenido lugar en el foro de toma de decisiones de Amnistía Internacional, la Reunión del Consejo Internacional (RCI), que se celebra en Dublín, una votación decisiva para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Los delegados y las delegadas de todo el mundo han aprobado una ponencia que autoriza a la Junta Directiva Internacional a elaborar y aprobar una política sobre el asunto.

«Los trabajadores y las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo, y, en la mayoría de los casos, se enfrentan a un riesgo constante de sufrir discriminación, violencia y abusos. Nuestro movimiento global ha preparado el terreno para la adopción de una política para la protección de los derechos humanos de estas personas, que ayudará a conformar el trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre tan importante asunto», ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

En la ponencia se recomienda que Amnistía Internacional elabore una política que apoye la despenalización absoluta del trabajo sexual realizado con consentimiento en todos sus aspectos. La política también instará a los Estados a garantizar que los trabajadores y las trabajadoras sexuales disfrutan de una protección jurídica plena e igualitaria frente a la explotación, la trata y la violencia.

«Reconocemos que este decisivo asunto de derechos humanos es enormemente complejo; por eso hemos preferido abordarlo desde el prisma de las normas internacionales de derechos humanos. Hemos hecho, además, una consulta en el contexto de nuestro movimiento global a fin de tomar en consideración las distintas posturas existentes en todo el mundo», ha afirmado Salil Shetty.

Sobre la base de la investigación y la consulta llevadas a cabo para la elaboración de esta política en los dos últimos años, se ha determinado que la despenalización es la mejor forma de defender los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales y de reducir el riesgo que corren de sufrir abusos y violaciones de tales derechos.

Entre las violaciones de derechos humanos que los trabajadores y las trabajadoras sexuales están expuestos a sufrir figuran la violencia física y sexual, la detención arbitraria, la extorsión y el hostigamiento, la trata de personas y las pruebas de VIH e intervenciones médicas forzadas. Estas personas pueden también quedar excluidas de los servicios de atención de la salud y vivienda y de otras formas de protección social y jurídica.

La política está basada en considerables datos de fuentes entre las que figuran organismos de la ONU como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres y el relator especial sobre el derecho a la salud. También hemos realizado investigaciones en cuatro países.

En la consulta han participado grupos centrados en los trabajadores y las trabajadoras sexuales, grupos que representan a supervivientes de prostitución, organizaciones abolicionistas, grupos feministas y otras entidades representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos que combaten la trata y organizaciones que trabajan sobre VIH/sida.

Amnistía Internacional considera la trata de personas una práctica atroz en todas sus formas, incluida la explotación sexual, que debe estar penalizada en el derecho internacional. Esta postura está explícita en esta nueva política y en todo el trabajo de Amnistía Internacional.

«Hoy es un día histórico para Amnistía Internacional. No es una decisión a la que se haya llegado fácil y rápidamente, por lo que damos las gracias a nuestra membresía de todo el mundo, así como a los numerosos grupos consultados, por su importante contribución al debate. Nos han ayudado a tomar una importante decisión que ayudará a conformar esta área de nuestro trabajo de derechos humanos de ahora en adelante», ha añadido Salil Shetty.

visto en AmnistíaInternacional