La búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado que desangró El Salvador de 1980 a 1992 chocó con una barricada militar, apuntalada por la negativa del presidente Nayib Bukele a abrir los archivos del Ejército.
El pasado 21 de septiembre, el coronel Carlos Vanegas impidió al juez Jorge Guzmán y a varios peritos judiciales cumplir con una sentencia de la corte municipal de San Francisco Gotera (oriente), para inspeccionar los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada (FAES).
El propósito de la inspección era recabar información para esclarecer la masacre perpetrada por el proscrito Batallón Atlacatl en diciembre de 1980 en El Mozote y cantones aledaños, y Vanegas impidió la diligencia sin dar explicaciones.
Días después, en cadena nacional, Bukele afirmó que la documentación recabada por el juez Guzmán había desparecido, y acusó a los investigadores de querer husmear en los archivos militares con fines políticos.
«La mayoría de los archivos fueron destruidos en estos 40 años. No sabemos cuándo los destruyeron. Lo único que tenemos es esto», aseguró el jefe de Estado, señalando cuatro carpetas con lo que quedó de las supuestas purgas.
El mandatario desconoció además la competencia del juez Guzmán, y lo acusó -sin pruebas- de responder al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Para las organizaciones que representan a las víctimas del conflicto, el bloqueo y la justificación de Bukele fue como un balde de agua fría que los despertó del dulce sueño de justicia.
«Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso», lamentó la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote en un comunicado.
El Ejército no cede el poder
Benjamín Cuéllar, uno de los abogados que impulsó la demanda para declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, está casi convencido de que nada cambiará y los militares volverán a bloquear la inspección, reprogramada para el próximo 12 de octubre.
«Creo que el Ejecutivo y los militares van a seguir en su afán de impedir estas diligencias, lo cual evidencia la coherencia de este gobierno con sus predecesores», comentó el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Cuéllar explicó que todos los gobiernos salvadoreños de 1992 a la fecha han sido fieles a la decisión política de no tocar a la FAES, que perdió tropas, pero no cedió un ápice de poder.
Esta tesis confirma las palabras del exvocero presidencial Roberto Lorenzana, quien admitió en mayo de 2019 que las administraciones del FMLN no presionaron para que los militares respondieran por sus crímenes, por temor a un golpe de Estado.
«Con este gobierno se hizo evidente, sin ropajes ni disfraces, que el Ejército mantiene su poder, y obligarles a abrir sus archivos sería menoscabarlo», recalcó Cuéllar, quien señaló que Bukele se apoya en la FAES y la Policía Nacional Civil «para hacer todo lo que hace».
Desde su llegada a la Presidencia, Bukele dio más protagonismo a los militares y se limitó a realizar actos simbólicos, como borrar de la fachada del Tercer Regimiento de Infantería en San Miguel el nombre del coronel Domingo Monterrosa, responsable de la masacre de El Mozote.
Cuestionado compromiso
Si bien Bukele insiste en su compromiso con las víctimas, quienes reclaman justicia le han perdido confianza, y más tras los recientes incidentes.
David Morales, litigante de la organización defensora de los derechos humanos Cristosal, afirmó que la decisión de impedir la inspección de los archivos militares fue tomada por el propio Bukele y por el ministro de Defensa, contralmirante René Merino.
Acosado por veteranos del Ejército cuando acudió al Estado Mayor como querellante, Morales afirmó que las promesas de Bukele de desclasificar los archivos resultó falsa, y lo acusó de seguir protegiendo a «criminales de guerra que mataron a más de mil personas» en El Mozote.
Advirtió que, si la FAES niega de nuevo el acceso a sus archivos, los responsables volverían a incurrir en delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia y encubrimiento, por los cuales ya fue presento un aviso ante la Fiscalía General de la República.
Por su parte, Cuéllar considera que la sociedad civil debe presionar más para que pueda llevarse a cabo esta diligencia, que en su opinión debió ser un allanamiento y no una inspección.
Mientras, las víctimas de una guerra que dejó más de 75.000 muertos y miles de desaparecidos aún esperan por una ley que les garantice justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de crímenes de lesa humanidad, cuyas cicatrices aún sangran.
Cortesía de Tomás Lobo Sputnik
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